21-04-94 / La muerte vestía uniforme
EL CASO QUE TERMINO CON EL SERVICIO MILITAR

Balza tira el lastre

La Justicia militar dictó la prisión preventiva rigurosa del subteniente Canevaro y del sargento Sánchez bajo los cargos de "abuso de autoridad" , tras comprobar que los dos militares sometían a "bailes" a los conscriptos de Zapala. Sánchez -quien como anticipó este diario habría sido presumiblemente el responsable de la muerte de Carrasco- aparece junto a Canevaro en el relato del soldado Patricio Varela, quien denunció ayer que en varias oportunidades golpearon a los conscriptos.

Por Carlos Rodríguez, Desde Zapala

El subteniente Ignacio Canevaro y el sargento Carlos Ricardo Sánchez, en disponibilidad en el Ejército y sospechados por su presunta participación en la muerte del conscripto Omar Carrasco, están "incomunicados y bajo prisión preventiva rigurosa", informó el Estado Mayor General de la fuerza. Si bien se aclaró que el cargo que pesa sobre ambos es el de "abuso de autoridad" y que la medida dispuesta por la Justicia militar "no implica necesariamente relación con la causa de homicidio", el juez federal subrogante Rubén Caro pidió que le sean remitidas esas actuaciones para analizar la posible conexión con la causa abierta por el crimen del soldado. El Ejército informó que también están incomunicados y presos los conscriptos de la clase 1974 Christian Suárez y Víctor Zalazar. El comandante del Quinto Cuerpo de Ejército, general Jorge Halperín, afirmó que la incomunicación de Suárez y Zalazar tiene como propósito "coadyuvar al éxito de la investigación salvaguardando a dos testigos".

"No puedo decirlo", respondió el juez Caro -quien ayer recibió el acuerdo del Senado nacional que lo designa como juez federal de primera instancia-- al ser consultado sobre si podría resolver la detención de las mismas personas en relación con el asesinato de Carrasco. "Canevaro y Sánchez -recordó el juez federal- ya prestaron declaración testimonial en la causa que está a mi cargo y he pedido el sumario militar para establecer si existe alguna conexión." El secretario general del Ejército, general Aníbal Laiño, precisó que la detención de Sánchez ocurrió "hace varios días" y señaló que se cumple en el Grupo de Infantería 161 de esta ciudad. Sin embargo, trascendió aquí que tanto Sánchez como Canevaro están alojados en la guarnición del Ejército de la ciudad de Neuquén.

En una declaración que parece insinuar alguna vinculación entre las dos causas, Laiño recordó que "normalmente no se da información pública" sobre las sanciones impuestas por los jueces militares, pero "en este caso, por la implicancia social del hecho y la eventualidad de que alguien pudiera sospechar que existiera cierta impunidad, quería llevar tranquilidad de que esa situación (el abuso de autoridad) ya ha sido detectada hace unos días y el sargento Sánchez está en la condición que indiqué". El general Halperín, cuyo comando tiene asiento en Bahía Blanca, dijo que se instaló hace tres días en Zapala porque "a pesar de que nosotros no investigamos el presunto homicidio de Carrasco, queremos colaborar y mi presencia es para garantizar ese apoyo".

Anoche, Página/12 pudo comunicarse telefónicamente con un hermano del soldado conscripto Víctor Zalazar. El familiar, que vive en Villa Regina, Río Negro, ciudad de origen del conscripto, se mostró "totalmente sorprendido" por la detención de su hermano. "Yo sabía que mantenía alguna relación con el sargento Sánchez, pero me extraña que pueda tener el mismo grado de responsabilidad que su superior en un caso de abuso de autoridad". La familia Zalazar realiza gestiones para contratar un abogado defensor. Según el titular del Estado Mayor General de Ejército, Martín Balza, los soldados habrían tenido "complicidad con el abuso de autoridad".

Desde el comienzo de la investigación, como ya adelantara este diario, tanto Sánchez como Canevaro fueron señalados como los principales sospechosos de haber intervenido en los hechos que terminaron con la muerte de Carrasco. El conscripto Patricio Varela (ver nota aparte) declaró anoche ante el juzgado del doctor Caro sobre presuntos actos de violencia protagonizados por los dos militares. El día en que desapareció Carrasco, el subteniente Canevaro era el oficial de semana y el sargento Sánchez, el suboficial a cargo de los conscriptos.

El juez Caro admitió que, en razón de su repentina indisposición, quedó a mitad de camino la inspección ocular que venía realizando en el interior del regimiento donde apareció el cadáver de Carrasco. El fiscal de la causa, Luis María Viaut, reemplazante temporario de Caro, retomó su función original y negó que la causa esté demorada. Fuentes del juzgado admitieron que carecen, por ahora, de testimonios incriminatorios contra Canevaro y Sánchez, aunque no se descarta que esos elementos aparezcan con la incorporación del sumario militar y con los resultados de la nueva autopsia que se realiza en Buenos Aires.

Ayer, mientras los conscriptos que no habían presentado el recurso de amparo reingresaban al Regimiento 161, las autoridades del Ejército despachaban desde Buenos Aires un fax con la apelación a la medida judicial que permitió a unos 40 soldados no presentarse ayer a cumplir con el servicio militar. El juzgado rechazó el fax por improcedente y exigió que la presentación se realizara en persona, por lo que, a la tarde, partió un avión militar desde aeroparque con el asesor letrado del Ejército y el escrito de apelación. El juez Caro, quien hoy se reintegrará al juzgado tras el ataque de presión que sufrió días atrás, deberá remitir esa apelación a la Cámara Federal para que se pronuncie sobre la petición de los conscriptos de no reincorporarse hasta que no se resuelva el homicidio de Carrasco.

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