POR PRIMERA VEZ UN PAGO DE COIMAS ES DESCUBIERTO IN FRAGANTI
Pa'mí, pa'vos pa'ninguno de los dos
En un banco situado frente a la Plaza de Mayo y a cien metros de la Casa Rosada, la policía detuvo a varios empresarios relacionados con el PAMI a raíz de una denuncia de coima. "Cápita pagada por PAMI, 200 mil dólares. Porcentaje, 25 por ciento. Monto, 50 mil" , decía uno de los sobres incautados por la policía y el juez.
Producción y textos: Susana Viau, Andrés Klipphan y Erwin Pérez
Jamás un sobre fue tan elocuente por sí mismo. Decía: "Cápita pagada por PAMI, 200 mil dólares. Porcentaje, 25 por ciento. Monto, 50 mil dólares". Una pila de estos sobres, que según fuentes judiciales y policiales forman parte de un sistema de recaudación ilegal del PAMI, está desde ayer en manos del juez de instrucción Juan Mahdjoubian tras el allanamiento en la sede central del Banco de Crédito Argentino de Reconquista y Rivadavia, a sólo 100 metros de la Casa Rosada. El juez también secuestró libretas con números telefónicos, planillas de pagos de PAMI con anotaciones y fecha de los pagos y un cronograma de los pagos ilegales. Durante el operativo policial practicado a las 13.30 del mediodía por orden del juez y la División Prevención del Delito de la Policía Federal aparecieron, mezclados con el dinero y la documentación, volantes de propaganda política con la leyenda "Agrupación Ramón Carrillo, Matilde Menéndez Conducción". Por lo menos uno de los detenidos, Osvaldo Calvo, es muy conocido en el PAMI porque se jacta de tener un trato muy estrecho con Matilde Menéndez, a quien dice haberle regalado un anillo de Ricciardi. Menéndez está tercera en la lista para convencionales constituyentes del Partido Justicialista porteño, y su agrupación es en este momento la principal apoyatura organizativa del presidente Carlos Menem en la Capital Federal. El procedimiento del juez se realizó por una denuncia del concejal Aníbal Ibarra, ex fiscal federal en causas como la detención de José López Rega, y coincidió con una investigación que había iniciado un equipo de periodistas de este diario. Anoche, Menéndez felicitó a Ibarra y anunció que se presentará el lunes ante el juzgado ante la "eventualidad de algún empleado involucrado", según reza un comunicado del organismo oficial que, de paso, ejercita una muy preventiva apertura de paraguas: "Tanto de los dichos periodísticos como de las expresiones de Ibarra queda claro que los hechos investigados están referidos exclusivamente a entidades de prestadores", es decir, a las clínicas. A la salida de un segundo allanamiento, en la Asociación de Clínicas Psiquiátricas de la República Argentina, Adepra, sector al que pertenecían los prestadores detenidos, el comisario Leopoldo Fernández dijo: "Hay conexión con el PAMI".
Como resultado de la acción judicial la policía detuvo a Calvo, Oscar Cirese, Alberto Díaz Patrón, Dardo Héctor Contreras y a un prestador de apellido García Taucer. Taucer es directivo de Acliba, Asociación de Clínicas de Buenos Aires, ex directivo de Fecliba, Federación de Clínicas de Buenos Aires, y que según fuentes seguras es allegado a Carlos Nasep. Nasep es un ex gerente de Prestaciones de PAMI que ahora dirige el sector técnico y profesional de la Agrupación Ramón Carrillo.
Fuentes policiales dijeron a este diario que el procedimiento dio con "recaudadores". En los maletines fueron hallados más de doscientos mil pesos separados en pequeños fajos y guardados en los sobres que les habían sido entregados por los "contribuyentes".
Asimismo fueron capturados entre cuatro y seis propietarios de clínicas que habían ido llegando a efectuar el pago de lo que, según trascendió primero y fue confirmado después en los sobres, corresponde al 25 por ciento de la primera cápita pagada por PAMI.
El jueves 10 de febrero, en el bar del Hotel Nogaró, Página/12 pudo asistir a una transacción similar a la de ayer y en la que los prestadores hicieron entrega a las mismas personas del 35 por ciento de la suma depositada por el Instituto y, junto con la capturada ayer, forma parte del 50 por ciento que, se comenta, el Instituto suele cobrar como retorno a sus prestadores. Dos periodistas de Página/12 prestaron ayer testimonio ante el juez sobre ese hecho, que se relata aparte.
El operativo
A las 13.30, el secretario del Juzgado Nº 29, Daniel Mauro, y el fiscal Horacio Amellotti, al frente de una comisión policial de seis miembros y munidos de una orden de allanamiento, ingresaron por la puerta lateral que el Banco de Crédito Argentino posee en Reconquista 30. Respondían, así, a la denuncia realizada en las primeras horas de la mañana por el concejal Aníbal Ibarra, quien había recibido llamadas anónimas informando de lo que sucedería un rato después. Con lentitud, los miembros de la comisión avanzaron hasta pocos metros de la entrada principal de la entidad, en la ochava de Reconquista y Rivadavia. Allí, a un lado de la puerta, se encontraban sentados con varios maletines los presuntos recaudadores.
Funcionarios y policías que actuaban de civil se distribuyeron discretamente rodeando, a distancia, a los cuatro hombres, y pudieron observar la llegada de los cotizantes y el pase de mano del dinero. Antes de que los pagadores pudieran retirarse iban siendo interceptados, siempre con la máxima cautela, por la gente de Prevención del Delito que los trasladaba a dependencias interiores de la entidad. Mientras continuaban con la detención de quienes ingresaban con bolsos y attachés y enfilaban hacia el rincón de los "recaudadores", los funcionarios del juzgado se acercaron a ellos, les requirieron documentos de identidad y solicitaron la apertura de los maletines que tenían en su poder. Pese a que la denuncia consignaba esa posibilidad, al abrirlos la sorpresa de los miembros del operativo fue mayúscula. Comenzaron a aflorar los aproximadamente 15 sobres que guardaban fajos de billetes nuevos, con fajas de los bancos Francés, Mercantil y Galicia, entre otros, así como, en algunos casos, sumas que terminaban de redondearse con billetes pequeños y arrugados.
De vez en cuando
A esa altura, las autoridades del banco ya se habían dado por enteradas del procedimiento y, salvo un incidente menor con un guardia de seguridad, se mantuvieron al margen, contemplando a un costado lo que estaba sucediendo. Unicamente solicitaron a los funcionarios judiciales que las actuaciones se desarrollaran con el menor alboroto posible para no alarmar a los clientes ni afectar la imagen de la firma. En verdad, los usuarios se apiñaron primero y continuaron con sus trámites después, controlando desde las colas los sucesos. Cuando a los que se acercaban a preguntar se les informaba que se trataba de un presunto pago de "coima" a un organismo oficial, comentaban: "¡Qué bien! Qué suerte que de vez en cuando agarren a alguno".
Pasado el lapso que consideraron prudente, unos treinta minutos, más o menos, el procedimiento se oficializó y los funcionarios hicieron tender alrededor de los detenidos una cinta amarilla en la que se leía "Prevención del Delito". A esas horas ya se había hecho presente el juez Mahdjoubian, quien supervisó el cumplimiento de las órdenes que había comenzado a impartir. A renglón seguido, un empleado de rango medio del banco, secundado por personal de vigilancia, empujó un mostrador hacia el rincón donde se encontraban los detenidos y sus maletines y la policía comenzó a depositar sobre él el dinero para proceder a contarlo. El juez y parte de su equipo se instalaron en unos cubículos vecinos donde se opera por computadora e iniciaron la primera inspección de los efectos personales recogidos, la documentación secuestrada, agendas, planillas, y, a la entrada del improvisado despacho emergió del portafolios de Cirese el volante y un prendedor con la inscripción "Vote para adelante/Menem 95". La agrupación de Menéndez fue la encargada de pegar en las paredes de Buenos Aires los carteles que decían "Sí", como precampaña para la reelección de Menem.
Sudorosos, agotados por el calor y la tensión, los subordinados de Mahdjoubian no pudieron evitar que trascendiera su intención de efectuar un nuevo allanamiento, ahora en la sede de Adepra, presidida por Osvaldo Calvo, vicepresidida por Oscar Cirese y cómodamente ubicada a tiro de piedra de PAMI, en Tacuarí 32, cuarto piso. Los detenidos, entre tanto, iban siendo cargados en móviles policiales para ser interrogados en el Departamento de Policía, donde funciona Prevención del Delito, representado ya en el lugar por el comisario Leopoldo Fernández, el mismo jefe de la repartición que encabezara los recientes allanamientos a una veintena de locales de la calle Libertad y detuviera al incendiario de la casa de Flores donde murió carbonizada la familia Bagnato.
Dos paquetes
A las 15.35 llegaron al lugar tres autos. En un Ford Falcon gris, los policías de civil; en un Peugeot 504 azul viajaban el secretario del juez, el fiscal, el comisario y dos asistentes. Todos ellos subieron de inmediato a la sede de Adepra para allanar las oficinas donde, se rumorea, los prestadores pasan mensualmente a dejar un diez por ciento del resto de la capitación anual. En el tercer auto, un Falcon rojo, iban tres detenidos, dos de ellos claramente identificables como una de las pagadoras y un "recaudador". El Falcon permaneció un rato estacionado frente al edificio y volvió a partir.
Una hora más tarde salía de las oficinas un asistente con dos paquetes con documentación, una computadora presuntamente cargada de datos y una empleada que oficiaría de secretaria de la Asociación y buena conocedora de su dinámica y mecanismos. Pasados veinte minutos, los funcionarios intervinientes daban por terminado el operativo. A pesar de que desde un rato antes había comenzado a regir un imposible en esas condiciones secreto sumarial, el fiscal Amellotti se vio casi obligado a reconocer que "algo hay" entre los documentos incautados que, al caer la tarde, eran cotejados en el quinto piso de Tribunales con los recogidos en el Banco de Crédito Argentino. El comisario Fernández aseguró que Adepra "tiene una conexión con el PAMI" y agregó que lo incautado "será de interés para la causa. No puedo informar más porque rige el secreto de sumario. Pero quizá lo que se encuentre sea probatorio de la actividad". El secretario Daniel Mauro, por su lado, hacía saber que "por ahora no hay más procedimientos previstos". La carátula es, de momento, "Exacción ilegal y cohecho" y no se descarta que en las próximas horas, con el juzgado y la policía trabajando a full hasta que el domingo expire el secreto sumarial, se agregue a ellas la calificación de "asociación ilícita".
Nada que ver
PAMI, por su parte, tras un lapso prolongado de desconcierto, hizo saber a Página/12 por medio del jefe de Prensa de Matilde Svatetz de Menéndez, Julio López, que se trataba de "una cuestión entre prestadores y PAMI nada tiene que ver ni sufre por esto perjuicios económicos". Matilde Svatetz, quien a causa de su reciente separación ha dejado de usar el Menéndez de casada, llamó al fiscal Ibarra para felicitarlo por la pulcritud y seriedad de su denuncia. Ibarra, sin embargo, no coincide con las opiniones de los voceros del Instituto y afirma que "la responsabilidad de PAMI es indudable porque es imposible desconocer que uno de cada cuatro pesos va a los bolsillos de la mafia recaudadora. Y si se ignora, representa una ineptitud manifiesta para administrar los fondos públicos".