Por Luis Bruschtein
La dictadura, por un lado, los derechos humanos, por el otro. Es la historia de los últimos treinta años como acción y reacción o enfermedad y remedio. La historia continuó sin dictadura después del ’83, pero el debate económico, el conflicto social y los tironeos políticos fueron tensionados, atravesados, obturados o impulsados por estos dos edificios monumentales contrapuestos, erigidos a partir del golpe del ’76, que empequeñecieron la cotidianidad posterior. Cada hecho que se produjo en estas tres décadas rebotó y contrarrebotó en estos frontones antes de decantar. Crearon campos opuestos en todos los temas y provocaron alineamientos previsibles. Las posiciones sobre derechos humanos implicaron aproximaciones similares en los temas sociales, económicos y políticos y cualquier escape a ese orden fue asumido como deserción o concesión por la sociedad y por los mismos protagonistas de los dos campos.
Desde un lugar teórico, podría no haber sido así porque el sustrato principal del golpe fue más económico, político y social. La represión fue una herramienta. El movimiento de derechos humanos surgió contra la herramienta, no cuestionó aquel sustrato en un principio. Resulta que el programa reconocido y proclamado por los militares golpistas también era la represión, porque todo lo demás –Martínez de Hoz incluido– estaba en la letra chica de los discursos.
Fueron mensajes cruzados en una especie de escondidas. Más allá de la represión, la dictadura venía a instalar un modelo económico. Y el movimiento de derechos humanos que surgió para denunciar la represión se fue convirtiendo luego, cuando ellos se fueron, en el eje aglutinador de la resistencia contra ese modelo. No fue un camino que se recorrió de la noche a la mañana. Desde aquel primer reclamo por los desaparecidos –que los militares subestimaron porque creyeron que era el único tema en el que estaban legitimados por la sociedad–, el movimiento de derechos humanos ha ido mutando, creciendo y enriqueciéndose a lo largo de estos treinta años.
Resulta bastante impresionante la coherencia de los campos que se fueron conformando en ese tiempo. Cada concesión en los derechos humanos implicó concesiones inmediatas o previas en lo económico y lo social. Cuando Alfonsín empieza a conceder el punto final y la obediencia debida, empiezan el Plan Austral y los aflojes a las presiones del FMI. Y Menem anuncia los indultos al mismo tiempo que se pliega al neoliberalismo con un discurso promilitar y estúpidamente “antisubversivo”. La Alianza, que mantuvo las mismas premisas económicas y sociales, no pudo desmarcarse en el plano de los derechos humanos, aun cuando varios de sus integrantes habían militado en los organismos que los defendían. Para completar el cuadro: el entramado legal que sostenía la impunidad de los represores sólo comienza a destejerse tras el desplome del modelo, en la crisis del 2001.
En el caso argentino, la dupla derechos humanos-ideología económica se expresó como una lógica cerrada, en general. No se trata en este punto de determinismo economicista sino que el proceso se dio de esa manera, en el que se sumaron factores históricos, culturales, alianzas sociales y relaciones de fuerza.
Cabe la pregunta sobre si se podría haber quebrado la legislación de la impunidad antes de la caída del modelo basado en la renta financiera y el endeudamiento externo que instalaron los militares. No sucedió así, ni siquiera cuando hubo gobiernos que se lo plantearon y que incluso impulsaron acciones muy importantes, como el juicio a los ex comandantes durante la presidencia de Raúl Alfonsín. De alguna manera, el paquete derechos humanos-política económica se presentó en esos años como algo bastante monolítico. Tocar aspectos de los derechos humanos implicaba la ruptura con sectores sociales, políticos, religiosos y militares que aparecían como muy hegemónicos en el proceso económico y en el juego político.
Sin embargo, en el 2003, apenas un año después de la caída del modelo, el Congreso decretó la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida; al año siguiente la Corte declaró la inconstitucionalidad de esas normas que impedían el juzgamiento de los represores y ahora les tocaría el turno a los indultos.
El principal mérito de estos logros fue de los organismos de derechos humanos que habían mantenido esta reivindicación a lo largo de los años y en condiciones totalmente desfavorables hasta imponerla en la agenda política. Pero también fue mérito del gobierno que planteó la voluntad política de ejecutarlos. La decisión oficial expresaba los cambios profundos que se habían producido en muchas de las variables y paradigmas que habían condicionado los vaivenes políticos de los años anteriores. Es cierto que esos cambios facilitaron una decisión que, en otros momentos, hubiera sido más problemática aún. Pero también es cierto que detectar esos cambios y aprovecharlos fue una demostración de sensibilidad y voluntad política que rompía con el discurso más posibilista, resignado y pragmatista que había campeado en el mundo de la política.
Hace treinta años, cuando se produjo el golpe del 24 de marzo de 1976, la presencia de organismos defensores de los derechos humanos era prácticamente marginal en Argentina. Podría decirse metafóricamente que no existían. Treinta años después, tienen una institucionalidad tan fuerte como otras instituciones sociales, políticas y religiosas mucho más antiguas. Los organismos de derechos humanos funcionan en la Argentina de manera similar a cuando se habla de las “instituciones” y los “poderes”, aunque a muchos no les guste. Su presencia modificó la ideología judicial tradicional, promovió legislación fundamental e impulsó personalidades de peso ético, moral e incluso político. La experiencia de las Madres de Plaza de Mayo ha sido tomada en diferentes partes del mundo, de la misma manera que el juicio a los ex comandantes inspiró otros juicios en el planeta y fue tomado como precedente judicial. Otras experiencias, como la del Equipo Argentino de Antropología Forense, han sido aprovechadas por las Naciones Unidas. La experiencia argentina fue fundamental para que se declarara delito de lesa humanidad la desaparición forzada de personas y para toda la nueva legislación internacional en materia de derechos humanos.
Esta “institucionalidad” se dio de hecho, no fue buscada por la mayoría de los organismos y les impone una relación particular y bastante compleja con la sociedad, por un lado, y con el Estado, por el otro, porque sus planteos tienen efectos importantes sobre ambos. Ya no se trata solamente de un reclamo sino además de la forma en que lo toman el Estado y la sociedad en general, desde los medios hasta los políticos. La soledad en que tuvieron que actuar durante gran parte de su historia generó en los organismos la sensación de que su práctica era un acto más bien testimonial solitario. En algunos, esta sensación fue más fuerte que en otros y hasta llegó a convertirse en una concepción explícita de su práctica. Pese a ello, ese relacionamiento con la sociedad y el Estado en sus distintas etapas motivó muchas de sus discusiones internas y los fue modelando.
Las primeras definiciones durante la dictadura trataban de evitar la participación explícita de agrupaciones políticas y no mencionaban la militancia de los desaparecidos. Ahora todos coinciden en la importancia de incorporar esa militancia en sus publicaciones, actos y recordatorios. La primera consigna histórica de las Madres, “Aparición con vida”, que fue una respuesta tajante al “todos los desaparecidos están muertos” con que la dictadura intentó cortar sus reclamos, fue transformándose a lo largo de los años. El juicio a los ex comandantes, el descubrimiento de las tumbas NN y la identificación de los cuerpos de los desaparecidos, las indemnizaciones a los familiares, la excepción de la conscripción militar los hijos de desaparecidos o la función que se le daría a una ESMA restituida fueron algunos de los rebotes que sus reclamos produjeron desde el Estado o la sociedad y que provocaron profundos debates en los organismos.
Un organismo de derechos humanos conformado por familiares de víctimas o aun por ciudadanos comunes tiene una vivencia diferente a la del Estado o al resto de la sociedad, pero no se puede concebir sin ellos, porque actúa frente a ellos y para lograr algún tipo de respuestas por parte de ellos. Como las vivencias y hasta el conocimiento técnico y concreto son diferentes, muchas veces las respuestas no son exactamente las que se reclaman. Cuando un reclamo de derechos humanos llega al Parlamento, empieza a jugar en otra lógica y muchas veces los que votan a favor han sido conspicuos adversarios. También es distinta la lógica de los medios de comunicación, a veces buscando efectismos y golpes bajos para lograr sensacionalismo. Y hasta la discusión de estos temas en una mesa familiar tiene una vivencia y una lógica diferente de la de los organismos. De hecho, los organismos están obligados a relacionarse con todas estas realidades reconociendo sus potencialidades y sus diferencias, porque lo contrario sería renunciar a su función, pero también están obligados a no ser absorbidos por ellas para no desnaturalizarse.
Hace treinta años en Argentina no se hablaba de derechos humanos y ahora se ha convertido en uno de los temas centrales. Decir que se trata de una sociedad concientizada sobre estos derechos sería una definición tan absoluta como afirmar que no son más quebrantados. Pero se ha avanzado mucho y los procesos de maduración de una sociedad siempre son imperfectos, desiguales y a destiempo.