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El lema actual de la Real Academia Española (RAE) es “Unidad en la diversidad”. Lejos del purista “Limpia, fija y da esplendor”, el de hoy anuncia la mirada globalizadora sobre el conjunto del área idiomática. Podría entenderse como enunciado referido al carácter pluricéntrico del español, pero como al mismo tiempo la RAE define políticas explícitas en la conformación de diccionarios, gramáticas y ortografías, el matiz de “diversidad” que propone termina perdiéndose en el marco de decisiones normativas y reguladoras que responden a su tradicional espíritu centralista. Las instituciones de la lengua son globalizadoras cuando piensan el mercado y monárquicas cuando tratan la norma. La noción pluricéntrica, entendida en sentido estricto (diversos centros no sometidos a autoridad hegemónica), queda cabalmente desmentida entre otros ejemplos por el Diccionario Panhispánico de Dudas (2005), en el que el 70 por ciento de los “errores” que se sancionan corresponde a usos americanos. El mito de que el español es una lengua en peligro cuya unidad debe ser preservada ha venido justificando la ideología estandarizadora, que supone una única opción legítima entre las que ofrece el mundo hispanohablante.
En la tradición del pensamiento argentino esto se ha debatido profusamente. Desde la intervención de Sarmiento sobre la necesaria reforma ortográfica hasta la afirmación del matiz en Borges, la condición americana de nuestra lengua no estuvo exenta de querellas. Para los hombres del siglo XIX, se trataba de sacudir la condición colonial de esa herencia y por ello emprendieron la búsqueda de formas atravesadas por otros idiomas. Pero si coquetearon con el francés, se asustaron con el cocoliche, y aún más con la idea de que la diferencia provenía de los diversos mestizajes y contactos con el mundo indígena. Las discusiones sobre la lengua fueron discusiones sobre la nación. Durante el siglo XX, los debates sobre la lengua también fueron en gran medida debates sobre las instituciones y sobre el papel del Estado nacional. La emergencia de voces que propugnaban por una “soberanía idiomática” tuvo un momento de condensación cuando el gobierno peronista enunció, en 1952, el objetivo de crear una Academia Nacional de la Lengua para que produjera instrumentos lingüísticos propios. Cuestionaba, así, a las academias normativas existentes, en particular a la Real Academia Española.
Son y no son nuestros debates. En este momento, la crítica a España no debería abrir posiciones de retorno a esos énfasis nacionales. Que por un lado creían en las nuevas amalgamas y por otro tendían a borrar toda diferencia interna, negando, para ser nacionales, la heterogeneidad étnica y cultural de las poblaciones habitantes del territorio. Nuestra contemporaneidad, signada por intentos novedosos de integración sudamericana, en la que por primera vez la región se ha dado instituciones políticas de articulación (el Mercosur, la Unasur, el ALBA) abre una perspectiva fundamental: la de considerar la cuestión de la lengua a nivel regional, como dimensión de esos procesos en los que frente a la globalización mercantil se forja una alianza entre los países de la región.
Una región en la que hay dos lenguas mayoritarias, el portugués y el español, y lenguas indígenas que trascienden las fronteras nacionales, como el quechua, el mapuche, el guaraní, merece políticas de integración y comunicación, apostando al bilingüismo y al reconocimiento de lo plural y cambiante en los idiomas. La lengua es el campo de una experiencia y la condición para la constitución de sujetos políticos y, a la vez, una fuerza productiva.
Valoración política de la heterogeneidad más que festejo mercantil de la diversidad. Eso reclamamos. No sólo en lo que hace a territorios nacionales en los que coexisten lenguas indígenas y lenguas migratorias. También afirmación de la heterogeneidad en los usos literarios y expresivos. La idea de un “castellano neutro”, usada en los medios de comunicación y en algunos tramos de la legislación, termina situando una variedad –en general la culta de las ciudades– en ese lugar sin comprender su propia condición relativa y arbitraria. En la oralidad borra las diferencias regionales y en la escritura funciona como llamado a un aplanamiento de la capacidad expresiva en nombre de la comunicación instrumental.
Allí funciona, como es posible ver en las industrias editoriales y en los medios de comunicación, una estrategia de mercado que no supone menos homogeneización y supresión de las diferencias que las viejas instituciones estatales y sus controles disciplinarios. La integración latinoamericana, como horizonte necesario de las políticas nacionales, supone una conjunción de esas heterogeneidades y no su olvido en nombre de una globalización sin asperezas ni rugosidades.
Así como hay discusiones en curso sobre los medios y sobre la Justicia, creemos necesario constituir un foro sobre las cuestiones que hacen a las políticas de la lengua. No es necesario abundar sobre esa dimensión, pero sí enunciar algunos ejemplos: las industrias audiovisuales no pueden pensarse, tal como se hace visible con la ley del doblaje, sin decisiones sobre la lengua o sólo con la idea de trabajo nacional o desarrollo propio; las estrategias educativas centradas en la distribución de herramientas tecnológicas no pueden completar su tarea sin la consideración de los contextos lingüísticos de su aplicación; la literatura no puede desligarse de la consideración social de la lengua que hablamos y tampoco de la situación del mundo editorial, ligado de múltiples modos con los mercados internacionales. Todos estos fenómenos tienen varias dimensiones: la material, económica, empresarial, laboral y la que hace a la fundación cultural. No pueden verse como disyuntivas tenaces, a elegir entre cosmopolitismos entreguistas y defensas soberanistas, sino como la oportunidad única, para América latina, de recrear sus modos de integrarse y diferenciarse.
En marzo de 1991, el gobierno de Felipe González, con explícito auspicio de la corona española, creó el Instituto Cervantes, situándolo en principio como dependencia del Ministerio de Asuntos Exteriores. La fecha y la iniciativa de gobierno no son en nada ajenas al proceso político de rápida integración europea en el que en ese período, entre mediados de la década del ’80 y la década del ’90, se encontraba España, obligada entonces a poner en línea con la Unión no sólo los índices de regulación fiscal y un conjunto de estrategias económicas para ingresar plenamente al mercado común europeo, sino también sus políticas de administración pública, educativas y culturales. Es en el marco general de esas reformas que el gobierno español asume la determinación de proyectar institucionalmente la lengua, entendiéndola como bien estratégico. Se inscribe así en una larga tradición europea que arranca en Francia en el siglo XIX. La Alliance Française, que según las mediciones estadísticas de la Unión, se promociona actualmente como la organización cultural más grande del mundo, fue creada en 1883, por un comité de notables entre los que se encontraban Louis Pasteur, Ernest Renan, Jules Verne, el ingeniero Ferdinand Lesseps y el editor Armand Colin. El propósito de la institución, equivalente del tardío Instituto Cervantes, fue también el de difundir la lengua y la cultura francesas en el mundo. Hacia fines del siglo XIX, este objetivo enlaza evidentemente con las políticas de expansión y reparto de zonas de influencia de las potencias imperiales europeas. A cuenta del ingeniero Lesseps no sólo hay que poner esa iniciativa “cultural”, también la construcción del canal de Panamá y del canal de Suez (el uno indispensable conexión oceánica para las nuevas configuraciones del mercado mundial y el otro pieza fundamental de la política imperial francesa); y de su discípulo Alfred Ebélot, la construcción argentina de la zanja de Alsina, foso fronterizo con el mundo indio. La Società Dante Ali-ghieri se funda en 1889, su primera zona fuerte de influencia se sitúa en el norte de Africa. Y ya en el siglo XX, el British Council y las asociaciones de cultura inglesa y en la reconstrucción alemana de posguerra (1951) el Goethe Institut. En los últimos años, en un contexto bien diferente, se fundaron el Instituto Confucio (China) y el Camoes (Portugal), al tiempo que Brasil proyecta su Instituto Machado.
Esta brevísima descripción de los organismos europeos creados para la difusión de sus lenguas centrales, vinculados en general con perspectivas diplomáticas y de política exterior, apunta a señalar que fueron inicialmente concebidos como instrumentos de asociación entre el valor “comunicacional” de la lengua y el sistema de expansión y aclimatación de la economía mundial en el período. La lengua queda así principalmente comprometida en su rasgo instrumental, como dispositivo técnico de penetración económica por una parte, y a la vez como fórmula de colonización y propagación cultural. No muy distinto es el caso del Instituto Cervantes. Adaptado a las exigencias de la integración española a Europa en el auge de la globalización, se propuso sin embargo y desde el comienzo como apéndice de una articulación mayor y específica con la vieja institución reguladora de la lengua, la Real Academia, y sus sedes y correspondientes americanas. El Cervantes se define así en un doble escenario funcional: instrumento de promoción de la enseñanza del español y de divulgación cultural en países y regiones no hispanohablantes, e institución de apoyo a las políticas reguladoras y normativas de la lengua en países de habla hispana. Esta doble función la distingue del resto de los organismos europeos equivalentes. La Academia Francesa o la italiana (Accademia della Crusca) no buscan imponer significativamente formas normativas a través de la Alliance o la Dante; y en el contexto anglófono, como se sabe, no hay institución que rija las mutaciones y variedades de la lengua inglesa. En esos años, los ’90, el Cervantes se asume como correlato y “avanzada” del intenso crecimiento de los negocios españoles en Sudamérica (privatización de las comunicaciones, de la energía y del transporte, fuerte penetración de la banca, etc.). Por su parte, y ya a partir de la década anterior, las industrias culturales españolas comienzan a proyectarse como un campo de profuso rendimiento. La industria editorial, entonces fuertemente subsidiada por el Estado español, fue esbozándose como cifra hegemónica en la región idiomática y beneficiaria de los bruscos procesos de concentración del sector. Desde entonces, el Instituto Cervantes ha sido y es una pieza decisiva en la construcción de la “marca” España. La palabra “marca”, con la que el Instituto Cervantes y sus organismos satélites tienden a identificarse, y referida para nombrar los desplazamientos de mercado, las astucias y fetichismos de la publicidad, constituye una huella histórica evidente del papel que viene asignándose a la lengua.
La lengua no es un negocio, pero a menudo se la trata como tal, y entre algunas corporaciones españolas, por ejemplo, cunde la metáfora de compararla con el petróleo. España no tiene crudo, se dice, pero perforando en sus yacimientos brotó a borbotones el idioma español, que terminó por arrojar más y mejores réditos. Pero las perforaciones no se hacían sólo en Madrid, también en Medellín, en Lima, en Santiago, en Buenos Aires; en materia idiomática, España siempre sintió que se trataba de “sus” yacimientos, pues no se cansa de decir que se trata de un “bien común” e “invaluable”, y que por eso es ella la que se encarga de comercializarlo en el resto del mundo. El patrimonio es compartido, pero la destilación es extranjera.
Para dimensionar la realidad petrolífera de la lengua citaremos sólo algunos datos que surgen del Informe 2012 del Instituto Cervantes: más de 495 millones de personas hablan español. Es la segunda lengua del mundo por número de hablantes y el segundo idioma de comunicación internacional. En 2030, el 7,5 por ciento de la población mundial será hispanohablante (un total de 535 millones de personas). Para entonces, sólo el chino superará al español como lengua con un mayor número de hablantes nativos. Dentro de tres o cuatro generaciones, el 10 por ciento de la población mundial se entenderá en español. En 2050, Estados Unidos será el primer país hispanohablante del mundo. Unos 18 millones de alumnos estudian español como lengua extranjera. Las empresas editoriales españolas tienen 162 filiales en el mundo repartidas en 28 países, más del 80 por ciento en Iberoamérica, lo que demuestra la importancia de la lengua común a la hora de invertir en terceros países. Norteamérica (México, Estados Unidos y Canadá) y España suman el 78 por ciento del poder de compra de los hispanohablantes. El español es la tercera lengua más utilizada en la red. La penetración de Internet en la Argentina es la mayor entre los países hispanohablantes y ha superado por primera vez a la de España. La demanda de documentos en español es la cuarta en importancia entre las lenguas del mundo.
Otro dato final, que no consta en el Informe: el 90 por ciento del idioma español se habla en América, pero ese 90 acata, con más o menos resistencia, las directivas que se articulan en España, donde lo habla menos del 10 por ciento restante. Estos números bastan para comprender el interés en discutir los destinos de la lengua: sus usos, su comercialización, su forma de ser enseñada en el mundo. Si fuera sólo un asunto económico no tendría relevancia el tema, pero afecta a las democracias, a la integración regional, a la soberanía cultural de las naciones.
Pretendemos evidenciar esta realidad, no para crear un frente común contra España, a la que no consideramos nuestra enemiga. El problema es el monopolio, la utilización mercantil de la lengua y la consiguiente amenaza cultural que supone imponer el dominio de una variedad idiomática. España no es el enemigo, pero no solapamos la necesaria polémica que debemos establecer con sus órganos de difusión y comercialización de la lengua. Cuando el rey Juan Carlos le dice al nuevo director del Instituto Cervantes y ex presidente de la Real Academia: “¡Ocúpese de América!”, nosotros conocemos bien la naturaleza profunda de esa ocupación.
España, por lo demás, tiene todo el derecho del mundo a tener una política de Estado en relación con la lengua; lo insólito es que nuestro país no la tenga, cediéndole el “derecho a disfrutar bienes ajenos con la obligación de conservarlos, salvo que la ley autorice otra cosa”, según define “usufructo” el Diccionario de la RAE, al que le rendimos este pequeño tributo, apelando a sus propias definiciones.
El Cervantes, organismos como Fundéu (Fundación para el Español Urgente), y las expresiones y acuerdos de colaboración con las Academias Nacionales de la lengua, suelen indicar explícitamente el patrocinio de empresas e instituciones que las promueven: Iberia, BBVA, Banco Santander, Repsol, RTV, Agencia EFE, CNN en español, etc. Los efectos de esta ofensiva de dominio sobre la lengua son vastísimos y de compleja delimitación. Nos interesa destacar aquí, preliminarmente, el modo en que se han ido obstaculizando las vías de comunicación, encuentro e intercambio latinoamericano. Las corporaciones de medios y los monopolios editoriales en combinación con las instituciones y organismos de control de la lengua produjeron un creciente aislamiento cultural entre nuestros países, sólo revisado en el plano político, social y económico por los proyectos de integración regional (Unasur, Mercosur, ALBA), pero no suficientemente interrogado en el plano cultural. Hasta la década del ’70, en el período inmediatamente anterior a la generalización de modelos dictatoriales de gobierno en la región, la literatura latinoamericana produjo, al margen del llamado “boom”, acontecimientos relevantes de cruce e interrelación. Acontecimientos cuya medida no atañe meramente a los mecanismos editoriales de distribución o comercialización del libro, sino al campo de la lengua misma, a sus procedimientos y construcciones poéticas. Los lectores argentinos, no requeridos de esa abstracción de mercado que se presenta bajo la fórmula “español neutro”, incorporaron sin dificultad el conjunto de variedades de la lengua e inversamente el idioma de los argentinos fue asimismo recibido y conjugado por lectores mexicanos, cubanos, peruanos, chilenos o colombianos.
Aunque se trata de una especulación no del todo comprobable, si es cierto que la neutralidad que ahora persiguen las grandes corporaciones editoriales reporta mayores ganancias, es a la vez indudable que pone en funcionamiento un mecanismo de abierto empobrecimiento de la lengua. El programa de uniformización que está en curso es el correlato concluyente de la naturaleza general normativa y de las corrientes totalizadoras de esta etapa del capitalismo. Aun a pesar de sus pronunciamientos y sermones democratistas, el espíritu neoliberal procede de una difusa raíz totalitaria. Si conocimos sobradamente la bestialización económica del programa, sus efectos destructivos de vaciamiento político institucional y los daños generales causados sobre el tejido social, no menos preocupante, aunque de verificación más opaca, resulta el impacto que esa lógica impuso e impone sobre la lengua. Como en la parábola de la “carta robada”: sus alcances están a la vista y a la vez ocultos.
Lo que es cierto respecto del control corporativo de los medios de comunicación lo es también en el campo de la producción cultural, en el sector editorial, en el audiovisual, en la historia literaria reciente, en la traducción, en la enseñanza del español como lengua extranjera o en el amplísimo terreno de la educación pública. Por una parte enfrentamos la tarea de nombrar los efectos de estas políticas de la lengua, pero también, y sobre todo en condiciones de amenaza latente de restauración neoliberal, la necesidad perentoria de establecer una corriente de acción latinoamericana que recoja la pregunta por la soberanía lingüística como pregunta crucial de la época.
Es tiempo, creemos, de sostener el camino de una lengua cosmopolita, a la vez, nacional y regional. Nuestro español, pleno de variedades, modificado en tierras americanas por el contacto con las lenguas indígenas, africanas y de las migraciones europeas, nunca fue un localismo provinciano. Fue lenguaraz y no custodio, es experiencia del contacto y no afirmación purista. Al menos, el que sostenemos como propio. En América latina se han macerado grandes escrituras al amparo de esa búsqueda: desde el ensayismo del peruano José Carlos Mariátegui, que pensaba que una cultura nacional surgía de la doble apelación al cosmopolitismo y al indigenismo, hasta la antropología del brasileño Gilberto Freyre, que vio en el portugués del Brasil una creación de los esclavos africanos. Pero también desde la lengua mixta y tensa de José María Arguedas, lengua que problematiza la herencia colonial, o el barroco americano de Lezama, definido como lengua de contraconquista, hasta la precisa intervención borgeana. Porque Borges, cuyo peso y búsquedas en estas discusiones son innegables, fue quien marcó el camino de una inscripción profundamente argentina de la lengua literaria y a la vez la desplegó como español universal.
Borges es el Cervantes del siglo XX: ésto es, el renovador mayor de la lengua, no sólo para su país natal sino para el conjunto de los hispanohablantes. Si en los años veinte buscó en la sonoridad de la criolledá la expresión idiomática propia, una década después descubría que no se trata de color local: que la lengua estaba en un tono, una respiración, una andadura. Lo hizo de modos polémicos y no poco cuestionables, como su carácter antiplebeyo y sus derivas conservadoras. Pero es el momento de recuperar, con su nombre, una apuesta que toma la suya como inspiración y al mismo tiempo debe modificarla.
Una apuesta, dijimos, a generar un estado de sensibilidad respecto de la lengua, que no se restrinja a una reflexión académica sino que enfatice sobre su dimensión política y cultural, y que se proyecte sobre las grandes batallas contemporáneas alrededor de las hegemonías comunicacionales y la democratización de la palabra. Una apuesta que por ahora imaginamos doble: la constitución de un foro de debates en el Museo del Libro y de la Lengua de la Biblioteca Nacional y el impulso a la creación de un Instituto Borges: un ámbito desde el cual producir una composición latinoamericana de estas cuestiones. Una institución que lleve este nombre, como episodio argentino de una política encaminada a la creación de una Asociación Latinoamericana de la lengua, forzosamente deberá considerar su acto de fundación también como un acontecimiento de la lengua, portador de su memoria viva, de su pasado escurridizo y de las adquisiciones que obtiene y puede perder en su camino. Un Instituto Borges puede ser una institución con sus actos de reunión y reconocimiento, pero también una inflexión para mantener la vida propia del horizonte lenguaraz en el que vivimos.
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