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El piquete no pide permiso: se abre paso por la ruta 21, lento y organizado, con los bombos adelante y al grito de una consigna nueva. “¡Ceamse asesino! ¡Ceamse asesino!”, gritan con desesperación y sus hijos de la mano, muchos de ellos con enfermedades respiratorias. Los Vecinos Autoconvocados de González Catán venían tramándolo hace rato, desde que hace más de un mes el juez federal de La Matanza, Juan Pablo Salas, les dio la razón. Tras comprobar que el agua que toman miles de personas que viven cerca del cordón montañoso de basura conocido como cinturón ecológico “no es apto para el consumo humano”, el magistrado le ordenó a la municipalidad de La Matanza y al gobierno bonaerense “medidas urgentes” para garantizar el agua sana. Nada de eso ha ocurrido y los vecinos cortaron la ruta para reclamar acciones. “A mi hijo la leucemia se lo llevó en tres meses. Ya son 230 los muertos, no queremos que el veneno los siga matando”, dice una mujer de cartel con foto, que podría ser confundida con la mamá de una joven víctima del gatillo fácil pero es deudo de una violencia aún más silenciosa que la de las balas.
La mujer se llama Ana Garnica, tiene 37 años y llegó desde Capital a la zona en 1978, cuando su familia eligió el tercer cordón del conurbano, esa zona por “libre y limpia”. Entonces, los afluentes hoy contaminados también por el líquido lixiviado que surge de los 40 metros de basura que se acumulan allí, a metros de las casas –los arroyos Morales, Pantanoso y Las Víboras– eran perfectos para pescar y nadar, para tomar sol en verano. Ana vio el deterioro de su barrio porque su casa quedó a dos cuadras del basural sobre el que le prometieron, en plena dictadura, que sería una “reserva ecológica”. Primero fue un vecino que comenzó con agotamiento físico, dolores y resultó padecer afasia medular. Al poco tiempo los síntomas, dice, eran los mismos en su hijo, de 13 años. Con Nahuel el diagnóstico fue leucemia. “El deterioro fue muy rápido, solo volvió a salir una vez del hospital Posadas. Allí empecé a conocer a otras víctimas, pibes que morían por causas parecidas. Ahora ya sabemos: problemas en la piel, en los pulmones, y lo peor, el cáncer que viene con los metales que tiene el agua”, dice Ana.
Las mujeres que desde la medialuna que se forma alrededor de Ana repiten los complejos nombres de los metales hablan con cierta autoridad porque leyeron, porque hablaron con los médicos, porque hace dos años que exigen y cotejan pericias. Recuerdan por ese lenguaje del que se apropiaron para exigir cambios a los y las asambleístas de Gualeguaychú. Aunque estos líderes y activistas ambientales hace mucho que están acorraladas por la pobreza y no pelean por lo que podría ocurrir, sino por lo que cada día les está ocurriendo. “En agosto de 2004 (el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe) Solá nos prometió que cerraría el Ceamse antes del 31 de diciembre de 2005, pero no hizo nada y ahora su Subsecretaría de Medio Ambiente ni siquiera ha dicho algo desde que el juez federal le dio la orden de proveer de agua apta para el consumo humano a los vecinos de la zona”, le dijo a Página/12 Celia Frutos, la mujer que inició la demanda por contaminación el juzgado.
La denuncia dio cuenta de “diferentes enfermedades tales como cáncer de piel, de mamas, leucemia, problemas respiratorios y enfermedades extrañas o poco frecuentes como lupus y púrpura”. “A raíz de los resultados periciales, sobre todo de los realizados en viviendas tomadas al azar se ha verificado la inaptitud para el consumo del agua en los barrios Las Marías, San Enrique y Nicole”, dice el escrito que los vecinos enarbolan esperando la respuesta del Estado. Según los vecinos de los 200 mil habitantes de González Catán, la mitad de ellos está expuesto a la contaminación producida por el “jugo de la basura” o líquidos lixiviados que penetran las napas y también afectan el aire. “Empezamos con el tema del olor nauseabundo, pero al principio nos daba vergüenza y culpa. Nos sentíamos mal porque creíamos que las enfermedades de la piel de nuestroschicos por ejemplo eran culpa nuestra”, contó Andrea Quiroga, mamá de Eliana, una chica de 15 años que murió de una leucemia fulminante.
Celia es una de las personas que pudo irse de su casa, después de haber vivido casi toda su vida en González Catán, el lugar que había elegido. Los médicos fueron contundentes en advertirla sobre que no había más remedio para los problemas respiratorios de su hija Camila, hoy de 12 años. Se mudó a Ramos Mejía, pero sigue trabajando en González Catán, donde es consciente de que cada día también se contamina. “Los barrios afectados son todos los que están atravesados por el arroyo Morales: Las Marías, San Enrique, Lasalle, Los Ceibos, San Cayetano, Catán Centro, Barrio Nicole”, recita. “Más de cien mil personas”, dice. Celia explica un camino que otros activistas y vecinos ambientalistas ya han puesto en práctica consiguiendo el dictamen de la Corte Suprema que intima a los gobiernos a sanear el Riachuelo: “Vamos a la Justicia porque ya no podemos esperar a los políticos”. Piden asuntos que figuran en la lista de derechos básicos: agua, cloacas, saneamiento –reparación de daños causados– y el cierre del basural gigante que los enferma. “¡Agua! ¡Agua!”, gritaban en González Catán cuando atardecía.
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