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Cuando los principales funcionarios del gobierno bonaerense solicitan al titular de la C谩mara de Diputados de la Naci贸n el llamado a un debate para reformar el r茅gimen de coparticipaci贸n federal de impuestos, demuestran inconsistencias a varios niveles.
En lo pol铆tico-institucional, la Constituci贸n establece claramente que la C谩mara de origen para ese debate es el Senado de la Naci贸n. Y lo es porque all铆 se encuentran representadas de manera igualitaria todas las provincias. Cualquier modificaci贸n en la distribuci贸n de los recursos federales demanda de un ampl铆simo acuerdo, incluso mayor que el de una reforma constitucional, en tanto una nueva ley de coparticipaci贸n requiere la aprobaci贸n tanto del Congreso nacional como de las 24 legislaturas provinciales.
El otro yerro es de car谩cter pol铆tico-econ贸mico, visible en declaraciones de la ministra de Econom铆a bonaerense, Silvina Batakis, respecto de que 鈥渆l 55 por ciento de la industria nacional鈥 y el 鈥40 por ciento de la poblaci贸n nacional鈥 est谩n instalados en Buenos Aires, provincia que 鈥渕otoriza y genera un Producto Bruto mucho m谩s grande que el resto鈥. Si bien los datos aportados por la ministra son ciertos, y conocidos por todos, lo preocupante es que permiten inferir una l铆nea de pensamiento que se inscribe en la teor铆a 鈥渄evolutiva鈥 del federalismo fiscal, que supone distribuir los recursos federales proporcionalmente al peso de cada provincia en la recaudaci贸n o el gasto. Este criterio podr铆a retrotraer el sistema de transferencias a la d茅cada de 1930.
En Argentina, dadas las grandes asimetr铆as entre las provincias y al interior de cada una de ellas, se requiere de un an谩lisis profundo y un abordaje integral sobre el sistema de transferencias financieras entre niveles de gobierno. La distribuci贸n de recursos debe hacerse asegurando transferencias que conduzcan a garantizar situaciones de igualdad para todos los ciudadanos del pa铆s y no seg煤n la participaci贸n de cada provincia en el total de la recaudaci贸n, como parece sugerir el gobierno bonaerense. Cualquier criterio distributivo que se aplique con un sentido de igualdad social seguramente har铆a aumentar la participaci贸n de la provincia de Buenos Aires en la coparticipaci贸n federal, dado que buena parte de su poblaci贸n, especialmente en determinadas zonas del conurbano, presenta a煤n hoy importantes limitaciones en sus condiciones de vida y en la oferta de bienes p煤blicos de calidad.
El punto anterior se vincula con el otro debate de los 煤ltimos d铆as, respecto de la posibilidad de que el Estado nacional brinde asistencia financiera directamente a los municipios. En los 煤ltimos a帽os, la Naci贸n ha sido el elemento m谩s din谩mico en el financiamiento del gasto de los gobiernos locales. Los datos demuestran tal afirmaci贸n. Las transferencias nacionales a municipios, eminentemente para gastos de capital, crecieron un 240 por ciento en t茅rminos nominales entre 2002 y 2009, pasando de un peso casi nulo a representar un sexto del financiamiento de los municipios argentinos proveniente de otros niveles de gobierno. En el mismo per铆odo, las transferencias provinciales a municipios s贸lo crecieron un 127 por ciento, nominalmente.
Por otra parte, y pese a que la reforma constitucional de 1994 proclam贸 la autonom铆a municipal, varias provincias, entre ellas Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza, sostienen todav铆a un r茅gimen municipal que podr铆a tildarse de inconstitucional, pues no han reconocido dicho derecho institucional. Adem谩s, las leyes de coparticipaci贸n provincial son, en general, mezquinas, injustas y anacr贸nicas. En el caso de la provincia de Buenos Aires, distribuye a los municipios s贸lo el 16,14 por ciento de sus recursos cuando la fallida reforma constitucional provincial de Antonio Cafiero propon铆a en 1991 un piso m铆nimo de 20 por ciento.
En la 煤ltima d茅cada, el sesgo del conjunto de impuestos nacionales ha pasado de 鈥渓evemente regresivo鈥 a 鈥渓evemente progresivo鈥, con una distribuci贸n del ingreso, tras el cobro de impuestos, casi igual a la existente antes de recaudarlos. En el conjunto de las provincias, en cambio, la regresividad del sistema tributario ha aumentado, ya que la participaci贸n de los impuestos sobre el patrimonio se redujo a la mitad en la 煤ltima d茅cada, pasando de un 25 por ciento del total en 2001 a un 12 en 2011.
Por ello, m谩s all谩 de la necesaria revisi贸n de la Ley de Coparticipaci贸n Federal, es justo exigirles a las provincias 鈥揃uenos Aires, Santa Fe y C贸rdoba est谩n primeras en la fila por su peso pol铆tico y econ贸mico鈥 un mayor esfuerzo por gravar mejor la riqueza a trav茅s de los impuestos patrimoniales, actualizar seriamente las valuaciones fiscales, elevando as铆 la recaudaci贸n y logrando que paguen m谩s los que m谩s tienen.
Algunos gobiernos provinciales pretenden obtener, sea como fuere, mayores recursos del Estado nacional, sostener un sistema mezquino y anacr贸nico de transferencias de fondos a sus municipios y seguir recaudando con sistemas altamente regresivos e ineficientes, que terminan castigando m谩s a los que menos tienen. Una combinaci贸n que de federalismo fiscal equilibrado tiene poco y de justicia social, mucho menos
* Investigadores-docentes de la Universidad Nacional de General Sarmiento.
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