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El juez Roberto Gallardo declar贸 la inconstitucionalidad tanto del protocolo de aborto no punible dictado por el Ministerio de Salud porte帽o como del decreto del jefe de Gobierno, Mauricio Macri, mediante el cual vet贸 la ley que establece el procedimiento para la atenci贸n integral de la interrupci贸n de los embarazos para los casos previstos desde 1921 por la ley argentina cuando est谩 en riesgo la salud o la vida de la madre o cuando el embarazo se produjo fruto de una violaci贸n.
Si bien este derecho existe desde principios del siglo XX en la Argentina, el a帽o pasado la Corte Suprema de Justicia de la Naci贸n lo ratific贸 en el caso FAL. Pero, en la Ciudad de Buenos Aires, el PRO hizo un protocolo m谩s restrictivo que el ordenado por el m谩ximo tribunal, que impon铆a obligaciones que no exig铆an ni la ley ni la Corte Suprema, como pedirles un permiso especial a las chicas de entre 14 y 18 a帽os; la participaci贸n (o el obst谩culo) de un equipo interdisciplinario en el proceso; la idea de gravedad en los supuestos de peligro para la vida o la salud; la confirmaci贸n del diagn贸stico por parte del director del hospital; la intervenci贸n de los representantes legales de las mujeres con discapacidad intelectual y psicosocial sin tener en cuenta su capacidad jur铆dica para consentir la pr谩ctica; el l铆mite gestacional de 12 semanas para los casos de violaci贸n y la regulaci贸n de la objeci贸n de conciencia.
Estos palos en la rueda para acceder al aborto no punible sin trabas ni dilaciones fueron llevados a la Justicia por la legisladora Mar铆a Rachid y por la Asociaci贸n de Derechos Civiles (ADC), y otros organismos. Finalmente, el juez Gallardo dio la raz贸n y dej贸 a la Ciudad de Buenos Aires con el derecho pleno que otorg贸 la Corte Suprema de Justicia de la Naci贸n. Sin embargo, el jefe de Gabinete porte帽o, Horacio Rodr铆guez Larreta, anunci贸 que va a apelar el fallo para seguir poniendo trabas cuando una mujer quiera hacer uso de su derecho.
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