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El embarazo adolescente es un grave problema de justicia social y salud p煤blica absolutamente descuidado. Tenemos leyes como la de educaci贸n sexual (ley 26.150 del a帽o 2006) cuyo cumplimiento no se monitorea ni se jerarquiza en los establecimientos educativos. En la pr谩ctica las escuelas brindan clases en forma irregular y limitada.
Tampoco existe un monitoreo sistem谩tico sobre el cumplimiento del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreaci贸n Responsable (ley 25.673 del a帽o 2002) que incluye, entre sus objetivos, la prevenci贸n del embarazo no deseado y la promoci贸n de la salud sexual de los adolescentes.
Por ello no puede sorprender que se obtengan datos preocupantes sobre el incremento de la maternidad adolescente en un 15 por ciento en esta d茅cada, lo que implica una constante regresi贸n en el respeto y goce de los derechos de las ni帽as. El resultado es la profundizaci贸n de la desigualdad: son las que van a abandonar m谩s r谩pido la escuela, las que van a engrosar la lista de j贸venes que no estudian ni trabajan (aunque est谩n en el hogar criando a sus hijos y cuidando a sus hermanos). Se profundiza as铆 el rol materno de 煤nica responsable de la crianza de los hijos, aumentando la desigualdad frente al var贸n que no asume el cuidado compartido ni la crianza de quienes tambi茅n son sus hijos. Esta realidad determina que cuando decida buscar un empleo sea parte del lote de desocupados y que s贸lo encuentre empleos precarios y de baja remuneraci贸n, con lo que se consolida su pobreza y su exclusi贸n.
Muchas son las tareas pendientes para implementar soluciones concretas que aseguren los derechos humanos de nuestras ni帽as y adolescentes v铆ctimas en muchos casos de embarazos producto de violaci贸n, cuya impunidad refuerza el c铆rculo de violencia que las adolescentes no pueden romper. Se estima que s贸lo se denuncia uno de cada diez delitos contra la integridad sexual y que s贸lo uno de cada diez llegar谩 a tener condena. Por eso se deben implementar cambios en la investigaci贸n y el juicio y crear y fortalecer la actuaci贸n de fiscal铆as especializadas en delitos contra la integridad sexual, con la participaci贸n de equipos interdisciplinarios que atiendan la salud de las v铆ctimas y la preservaci贸n de las pruebas. Un antecedente fue la fiscal铆a especializada en Mar del Plata, cuya actuaci贸n integral y respetuosa de los derechos de las v铆ctimas tuvo como resultado que las denuncias se quintuplicaran. Lamentablemente actu贸 durante menos de un a帽o y fue cerrada sin explicaci贸n alguna.
Es hora de emprender acciones integrales para no seguir lamentando el retroceso de los derechos de las ni帽as y adolescentes. Proponemos la creaci贸n del Ministerio de la Igualdad que implemente un Programa de Igualdad de Oportunidades que comprometa a todos los ministerios para llevar adelante acciones con perspectiva de g茅nero.
* Ex diputada nacional por el Partido Socialista y actual directora de la Comisi贸n de los Derechos de la Mujer de la Federaci贸n Argentina del Colegio de Abogados (F.A.C.A.).
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