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Si a menudo los dirigentes no dirigen o lo hacen pensando en sus propios bolsillos, menos frecuente es que investiguen los hechos del pasado que perjudicaron la vida de sus clubes. Juan Carlos Temez y Marcelo Pablo Vázquez, secretario general y miembro del Tribunal de Honor de San Lorenzo, respectivamente, se propusieron ir contra la corriente y redactaron un exhaustivo trabajo que reconstruye con crudeza cómo la dictadura militar, con la complicidad de ex dirigentes, empresarios y periodistas, despojó a la institución de Boedo de su bien más preciado: el viejo Gasómetro. Su investigación es la base de dos proyectos de ley que, si se aprueban en la Legislatura porteña, le permitirían a San Lorenzo regresar de manera simbólica al barrio donde nació. Porque recuperaría una porción de terreno que hoy ocupa el estacionamiento del hipermercado Carrefour y una plaza contigua que le pertenecieron en el pasado.

Los 27 años de desarraigo se resumen en una frase que es toda una sentencia: “El cierre y desaparición del Gasómetro es cosa juzgada”. Corría el 21 de febrero de 1980 y la rubricaba Moisés Annan, el ex presidente de San Lorenzo, en la memoria y balance del club. Era el epitafio para un mítico estadio inaugurado el 7 de mayo de 1916. Pero el mayor profanador de viviendas de la dictadura militar, el brigadier Osvaldo Cacciatore, ex intendente de Buenos Aires, aunque más conocido por erradicar villas miseria de la Capital Federal o por expropiar y derrumbar casas para levantar la autopista 25 de Mayo, también la emprendió contra la célebre cancha de madera. Y se salió con la suya.

“La expulsión del club de su lugar de origen marcó el fin de la expansión institucional y el principio de la debacle en la cantidad de asociados”, afirman los autores en el texto de 16 carillas que sustentó las dos iniciativas legislativas de Miguel Talento, del Frente para la Victoria. La primera pide “la restitución del predio ubicado en Salcedo 4220, entre Las Casas e Inclán” (hoy ocupado por una plaza), y la segunda que se declare “de utilidad pública y sujeta a expropiación una fracción de terreno en forma de polígono de cuatro lados, de 15 metros de frente sobre avenida La Plata y 60,62 de fondo” (donde está Carrefour). Ambos proyectos fueron respaldados con la firma de legisladores suficientes como para pensar que pueden ser aprobados.

Vázquez, un joven juez de la Cámara en lo Penal y Contravencional de la Capital Federal, sugiere responsabilidades adicionales sobre la pérdida del Gasómetro: “La AFA resultó funcional a la política del régimen de facto en relación con San Lorenzo y los dirigentes del club en esa época fueron incapaces de impedir que un monumento histórico del fútbol desapareciera”. En efecto, el 2 de diciembre de 1979, el local y Boca empataron 0-0 en el último partido que se jugó allí. Temez y Vázquez se permiten definir al estadio como “el desaparecido 30.001” de la última dictadura y precisan en su escrito que la “aniquilación de San Lorenzo fue ejecutada por el brigadier Cacciatore desde la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires”.

Los dos dirigentes se apoyan en diferentes fuentes documentales y periodísticas, como el libro del colega Enrique Escande, Memorias del Viejo Gasómetro, del que citan información clave: “Hasta populares periodistas hicieron de portavoces de Cacciatore en llamadas telefónicas a los dirigentes para comunicarles la firme decisión del brigadier intendente de disponer de una parte de las instalaciones para un plan de instalación de escuelas, sin que aquéllos hubieran recibido antes una nota o una palabra oficial... El vicepresidente Passo afirmó que uno de los portavoces fue el relator José María Muñoz... La llamada de Muñoz a la secretaría del club fue atendida por el propio Passo y en ella el narrador más popular de la Argentina advertía a los dirigentes de San Lorenzo que ‘el señor brigadier está muy disgustado con el club’”. El cierre de la cancha sobrevino después de estas presiones, y otras que consistían en amedrentar a los directivos con la apertura de calles que dividirían el espacio donde se levantaba el Gasómetro o la pérdida de los terrenos del Bajo Flores donde se encuentra el actual estadio y que el municipio le había donado a San Lorenzo a través de una ley del Congreso (la 16.729) sancionada el 22 de septiembre de 1965. Cacciatore concretó las amenazas tras promulgar la ordenanza 35.160 del 22 de agosto de 1979 que le quitaba al club las hectáreas de la ciudad deportiva y cerraba el círculo de asfixia política y económica con una demanda de difícil cumplimiento: la concreción de refacciones en el estadio de avenida La Plata, bajo la amenaza de clausurarlo.

La claudicación definitiva sobrevino el 7 de marzo del ’80, con el convenio que suscribieron el brigadier experto en demoliciones y el presidente Annan, luego aprobado por una ordenanza municipal el 24 de marzo de aquel año, “quizá para conmemorar el cuarto aniversario del golpe de Estado llevándose consigo una víctima más”, aseveran Vázquez y Temez en su investigación. La crónica del despojo se nutre de sucesivos mojones y de sus respectivos partícipes necesarios hasta el 25 de septiembre de 1985, cuando, ya en democracia, Carrefour adquirió las tierras que ocupaba el Gasómetro.

Entre firmas de ordenanzas y remates, operaciones sospechadas de corrupción y violaciones a las leyes de los responsables de votarlas en el ex Concejo Deliberante, se intercalan nombres y apellidos insoslayables: el ex presidente del club, Héctor Habib, de vínculos estrechos con el Banco Mariva, uno de los operadores del negocio inmobiliario que cobró comisiones; el ex concejal y ex directivo de San Lorenzo, Jorge Enrique Benedetti, quien no queda bien parado en el informe; y el fallecido vicealmirante Carlos Alberto Lacoste, hombre fuerte de la dictadura en el fútbol, a quien Habib le atribuye la frase “vendan y paguen”.

En el Gasómetro, el 20 de junio de 1977, las Madres de Plaza de Mayo hicieron una de sus primeras apariciones desplegando un cartel que colgaron desde la tribuna de avenida La Plata. Temez y Vázquez recrean una analogía entre el destino que sufrieron sus hijos y el histórico coliseo de tablones. Y aportan un dato clave para interpretar la justicia de un reclamo que ya supera el cuarto de siglo: por aquel pseudo convenio del 24 de marzo de 1980, San Lorenzo le cedía de manera gratuita a la Municipalidad 4500 metros cuadrados de terreno con el propósito de construir una escuela.

Hoy ni siquiera hay un ladrillo que permita imaginarla, ni chicos en guardapolvos que expliquen el silencio de miles de gargantas gritando un gol. Sí hay carritos de supermercado como los que recorren Buenos Aires repletos de cartones y góndolas colmadas de productos que millones de personas apenas pueden mirar.