La justicia se acerca

En el marco de la causa que investiga la muerte de Ana María Acevedo, quien falleció el 17 de mayo de 2007 en el hospital Iturraspe de Santa Fe, sin haber recibido tratamiento para el cáncer de maxilar que padecía porque los médicos se negaron a efectuarle un aborto terapéutico, el juez correccional de Santa Fe Eduardo Pocoví tomó declaración indagatoria a la directora del SAMCO de Vera, doctora Barbieri, a la odontóloga de la misma ciudad, de apellido García, que la atendió durante cinco meses sin derivarla a Reconquista para hacerse estudios que permitieran detectar la enfermedad y a Manuel García, padre de la odontóloga e integrante del Consejo de Administración del SAMCO. Además, altas fuentes del juzgado confirmaron que ya hay procesados por el fallecimiento de la joven, aunque todavía no fueron notificadas las partes.

Además de indagar a los integrantes del SAMCO de Vera, donde comenzó el largo peregrinar de Ana María, el juez tomó declaración testimonial al doctor Fernández, un abogado de la ciudad donde vive la familia Acevedo que intervino para que le realizaran una tomografía computada a Ana María, luego de cinco meses de tratamientos con antibióticos. Como los padres de la joven, Aroldo y Norma Cuevas, veían que el dolor se mantenía, pidieron que la derivaran a un centro asistencial de mayor complejidad para realizarle otros estudios. Pero sólo recibieron negativas. Por eso, debieron recurrir al abogado para ejercer ese derecho.

El juez santafesino investiga las responsabilidades de diferentes profesionales en la muerte de la joven de 20 años, madre de tres niños, que luego de las dilaciones en Vera fue operada en el hospital Cullen de Santa Fe. Allí le extrajeron el rabdomiosarcoma y la derivaron al hospital Iturraspe, para tratamientos de rayos y quimioterapia, que debían comenzar en noviembre de 2006. En diciembre se detectó un embarazo incipiente, con "saco gestacional sin desarrollo embrionario". Ante ese diagnóstico, el médico clínico David Yossen firmó en la historia clínica que no se iniciarían los tratamientos oncológicos por estar contraindicados con el embarazo.

Estos y otros puntos investigó Pocoví, quien en una primera etapa tomó declaración indagatoria a Yossen y otros profesionales, como el jefe del servicio de Oncología del Iturraspe, César Blajman, al director del hospital, Andrés Ellena, al jefe de Ginecología, Raúl Musacchio y a Jorge Venanzi, del servicio de Radioterapia. También fueron indagadas las integrantes del Comité de Bioética del hospital, que el 27 de febrero de 2007 evaluaron el caso, por el pedido de la familia de realizar un aborto para tratar el cáncer que padecía Ana María. Decidieron la continuidad del embarazo, como también de los escasos tratamientos paliativos. Cuando la joven estaba a punto de morir, los médicos decidieron apurar la cesárea, con una gestación de 22 semanas. La beba falleció a las pocas horas. Y Ana María la sobrevivió apenas 18 días.

Las abogadas de la familia Acevedo, las integrantes de la Multisectorial de Mujeres de Santa Fe Mirta Manzur, Paula Condrac y Lucila Puyol, iniciaron también una demanda civil por la muerte de la joven.

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