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Desde Santa Fe
El fiscal federal de Santa Fe Walter Rodr铆guez inform贸 ayer a la procuradora general de la Naci贸n Alejandra Gils Carb贸 sobre una situaci贸n de "gravedad institucional" en el distrito por un segundo fallo del juez federal Francisco Mi帽o, que suspendi贸 la elecci贸n por voto popular de los miembros del Consejo de la Magistratura de la Naci贸n, a煤n despu茅s de que la Corte Suprema de Justicia admitiera la v铆a del per saltum para considerar dos resoluciones similares de la jueza Mar铆a Servini de Cubr铆a. Rodr铆guez ya hab铆a rechazado la competencia de Mi帽o para resolver sobre las medidas cautelares que pidieron la UCR y luego el Colegio de Abogados de Santa Fe y le propuso que despache los expedientes a Servini. Pero el magistrado desestim贸 los dict谩menes del Ministerio P煤blico, hizo lugar a los planteos y suspendi贸 la elecci贸n de consejeros. Ahora, el fiscal le solicit贸 al juez que se ajuste "a la estructura judicial vertical a la que pertenece" antes de seguir con el festival de cautelares y conceder las que tambi茅n pidieron el Partido Socialista y la Coalici贸n C铆vicaARI.
Rodr铆guez inform贸 a Gils Carb贸 sobre la situaci贸n en Santa Fe porque la procuradora debe dictaminar en las pr贸ximas horas en el recurso extraordinario por salto de instancia que interpuso el Estado nacional ante la Corte.
El lunes, el juez Mi帽o fren贸 la elecci贸n de consejeros de la Magistratura a煤n antes de que lo haga Servini. El fiscal Rodr铆guez le hab铆a solicitado que "rechace la cautelar" que pidi贸 la UCR y "decline la competencia" ante Servini de Cubr铆a. Sin embargo, el magistrado ni tuvo en cuenta el dictamen, ni siquiera lo menciona en el fallo que declar贸 "inconstitucional" la ley 26.854 que limita la aplicaci贸n de cautelares ante el Estado nacional. Sobre ese montaje, admiti贸 la cautelar de la UCR de Santa Fe y orden贸 "al Poder Ejecutivo que se abstenga de aplicar la ley 26.855" que incorpor贸 el sufragio universal, secreto y obligatorio para elegir los consejeros y suspenda "el llamado a elecciones formulado en el decreto 577/13". El fundamento es que la ley 26.855 "rompe con el equilibrio" del Consejo de la Magistratura "exigido" por el art铆culo 114 de la Constituci贸n Nacional y "refleja una hegemon铆a pol铆tica que contrar铆a el esp铆ritu" de la Carta Magna.
La resoluci贸n de Mi帽o se notific贸 en la UCR, el martes, a las nueve de la ma帽ana. La de Servini se conoci贸 a la tarde. El broche jur铆dico de una operaci贸n pol铆tica del jefe de la UCR, Mario Barletta, que sembr贸 de cautelares el pa铆s. La que logr贸 en Santa Fe es una de las tantas presentadas ante Servini y otros jueces federales, con el mismo formulario escrito por el diputado Ricardo Gil Lavedra. Solo cambiaron los reclamantes; en Santa Fe, la firmaron el presidente del comit茅 provincial, Eduardo Galaretto y el titular de la Convenci贸n, Jacinto Speranza y no Barletta, por una sugerencia que recibieron en el mismo Tribunal Federal.
Mi帽o es cu帽ado del dirigente radical, Carlos Iparraguirre (ex viceministro de Seguridad de Hermes Binner y hoy subsecretario de Deportes de Antonio Bonfatti) y escal贸 en el cargo cuando su amigo Julio Tejerina era diputado nacional de la UCR y Horacio Usandizaga, senador nacional, en los '90.
El jueves, Mi帽o sac贸 el segundo fallo: admiti贸 una cautelar que pidi贸 el Colegio de Abogados de Santa Fe y suspendi贸 "todo acto de ejecuci贸n de la ley 26.855 que afecte los derechos" de sus letrados. El Colegio plante贸 que la elecci贸n popular de consejeros de la Magistratura "despoja en forma manifiestamente arbitraria a los abogados del derecho de designar a sus representantes en el Consejo de la Magistratura" y dijo que ese "derecho ha sido acordado en forma directa (...) por el art铆culo 114 de la Constituci贸n Nacional (sic)".
El dictamen fiscal contest贸 que no hab铆a ning煤n "despojo". "La acci贸n de amparo debe ser rechazada al no verificarse el grado de ilegitimidad manifiesta y arbitraria del derecho invocado, pues de la lectura del art铆culo 114 de la Carta Magna ni de ning煤n andamiaje jur铆dico constitucional se desprende la potestad exclusiva del Colegio de Abogados de elegir a sus representantes en el Consejo de la Magistratura", dijo el fiscal Rodr铆guez. No hay voto calificado. La ley 26.855 "no priva a los abogados de la posibilidad de elegir a los representantes" de su corporaci贸n, sino que por el contrario, lo har谩n en las urnas, junto con el resto de los ciudadanos.
El fallo de Mi帽o volvi贸 a ignorar el dictamen del fiscal Rodr铆guez al que ni menciona y fundament贸 la sentencia, ya no en el supuesto "despojo" del voto calificado de los abogados, sino con el mismo argumento con el que acept贸 la cautelar de la UCR, que la ley 26.855 rompe el "equilibrio" del Consejo de la Magistratura, un planteo que los amparistas nunca hicieron.
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