Una gran deuda oculta

Una entidad gremial que agrupa a los empleados jerárquicos de la Empresa Provincial de la Energía reveló en un informe que la distribuidora eléctrica debe 2 mil millones de pesos por compras en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) que el directorio decidió no pagar y que lo hará desde el mes entrante y por 36 meses, con el costo evitable de casi 750 millones de pesos por intereses.

El documento partió de la Asociación del Personal Jerárquico de la EPE (APJ), que lo elaboró con números de la propia contabilidad de la empresa y resoluciones del directorio que preside Daniel Cantalejo, a quien esa entidad acusa de "esconder su ineficiencia en la administración", y de elevar "informes al Poder Ejecutivo con datos erróneos".

Según exponen, el origen de esta situación empieza con la firma del acuerdo entre la Nación y la provincia para ejecutar el Programa de Convergencia de Tarifas Eléctricas. El ministro Julio De Vido y el gobernador Antonio Bonfatti lo firmaron en junio del año pasado y consistió en que la EPE retrotraía sus tarifas al 31 de diciembre de 2013 y las congelaba durante todo el 2014. Como contrapartida, la Nación iba a desembolsar $200 millones para financiar un plan de inversiones de la EPE en su infraestructura. Los fondos vendrían a medida que la EPE presentara los papeles que certificaran el avance de esas obras. "A pesar de que el convenio es claro y sólo habla de un desembolso de hasta 200 millones como aporte de la Nación, la EPE declara y presenta a la Secretaría de Energía inversiones por sumas muy superiores, y esa actitud es el inicio de la farsa", cuestiona el documento de la APJ.

Hacia finales de 2014, en la EPE se esgrimía que la Nación estaba incumpliendo con el envío de partidas acordadas como para preparar el escenario para anunciar un incremento tarifario, cosa que ocurrió en diciembre y se aplicó desde el 1º de enero de este año. Eso significó el final del convenio suscripto. Según la APJ, la Nación había aportado hasta ese momento $101 millones, por lo que quedaba un saldo exigible de 99 millones.

Fue por esos días que la distribuidora dejó sin pagar un vencimiento de $81,5 millones por compra de energía a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (Cammesa). Ese incidente se explica, según el informe de APJ, como "producto de la mala administración (...) por lo que la EPE finaliza 2014 muy comprometida en lo financiero, y a pesar de que es otro año más de subejecución presupuestaria".

Hoy la empresa provincial tiene por pagar diez facturas por suministro de energía cuyos vencimientos operaron entre diciembre de 2014 y setiembre pasado, por 1.212.466.031 pesos (mil 212 millones), lo que asciende por recargos e intereses a $1.963.429.601 (mil novecientos 63 millones). En un reciente acuerdo de pago firmado por la EPE con Cammesa se pacta la cancelación de esta deuda en 36 cuotas mensuales consecutivas y crecientes. La primera cuota vencerá el 20 de diciembre y será de 36,6 millones de pesos.

La interpretación de la APJ supone que Cantalejo -hacia él apuntan los dardos en el informe- provocó ese endeudamiento montado en la excusa de que la Nación no había aportado lo que debía: 99 millones de pesos. "Nos parece un verdadero despropósito que raya la ilegalidad el hecho de que por una eventual acreencia contra la Nación de $99 millones la EPE se endeude en casi $2.000 millones, o sea, unos 200 millones de dólares", concluye el documento de la entidad que preside José Antonio Pereyra y a la que este diario tuvo acceso. En contraste, el análisis termina recordando que la distribuidora eléctrica estaba fondeada para comprar y pagar la energía a distribuir a lo largo del año: en las partidas presupuestarias aprobadas para la EPE por el ejercicio 2015 se garantizaron $1.230 millones para la compra de energía en el MEM.

Horacio Bello, vocal de la APJ, se preguntó ante la consulta de Rosario/12: "¿Qué se hizo con la plata, si en el presupuesto se asignaron 1200 millones para compra de energía?" "Cantalejo -agregó- dijo que nos endeudábamos porque la Nación no había enviado 1.000 millones, entonces salíamos derechos, pero cómo: si eran 200 millones el compromiso de Nación, y lo que quedó sin enviar fueron sólo 99 millones", comparó.

El dirigente gremial interpretó que el ministro de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, Antonio Ciancio, estuvo al tanto de la situación: "Cantalejo le envió una nota para que apruebe el convenio de pago a Cammesa, y luego el directorio de la EPE emitió una resolución tomando esa decisión. No creo que lo haya hecho a espaldas del ministro", especuló.

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