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Desde Santa Fe.
Miguel Lifschitz es el primer gobernador que interfiere en el Poder Judicial para frenar las designaciones de un fiscal que descubri贸 las pruebas para condenar a genocidas como Luis Patti y de un defensor de derechos humanos reconocido en el pa铆s y en el exterior porque los considera una supuesta "interferencia negativa en el proceso de transformaci贸n de la justicia penal". Lo hizo con el decreto 1597 que escribi贸 su ministro de Justicia y Derechos Humanos Ricardo Silberstein, para voltear un concurso en el Ministerio P煤blico de la Defensa que el fiscal Juan Patricio Murray y el crimin贸logo Enrique Font hab铆an ganado en 2012 y as铆, tras un cajoneo de cuatro a帽os en el gobierno de Antonio Bonfatti, rechazar los nombramientos con la excusa de que "no poseen racionalidad t茅cnica y axiol贸gica". El defensor general Gabriel Gan贸n interpret贸 el bochazo como "un acto destemplado, de absoluta discrecionalidad y discriminaci贸n por las posiciones pol铆ticas e ideol贸gicas de dos personas que tienen un curriculum intachable". "Un nuevo hostigamiento" del Poder Ejecutivo a la Defensa P煤blica por haber denunciado ante organismos internacionales las "grav铆simas violaciones a los derechos humanos en Santa Fe, desde la desaparici贸n forzada de personas hasta la desaparici贸n de una mujer en una red de trata".
El decreto 1597 se conoci贸 esta semana, aun cuando Lifschiz y Silberstein lo firmaron el 30 de junio. Rechaza la propuesta de Gan贸n para designar a Murray y Font en el Ministerio P煤blico de la Defensa, en cargos equivalentes a jueces de primera instancia que ganaron por concurso en 2012. Murray hab铆a sido seleccionado como secretario de Pol铆tica Institucional y Font, secretario de Prevenci贸n de la Violencia Institucional y Asistencia al detenido y al condenado.
El trayecto de ambos es conocido. Murray fue fiscal federal en San Nicol谩s, donde reuni贸 las pruebas para condenar a Patti y a otros criminales de lesa humanidad. Ya en Rosario, destap贸 los v铆nculos entre la Santafesina y el tr谩fico de drogas y pidi贸 la detenci贸n del ex jefe de Polic铆a de la provincia Hugo Tognoli, condenado en 2015, en Santa Fe, por encubrir a otro narco. Sus investigaciones lo convirtieron en blanco de dos ex gobernadores: Hermes Binner agit贸 sospechas en su contra y Bonfatti lleg贸 a imputarle una presunta "actitud partidaria". Hoy, coordina la Unidad Fiscal que investiga el atentado a la AMIA. Mientras que Font es abogado y crimin贸logo, docente en la Universidad Nacional de Rosario y desde 2012, vicepresidente del Subcomit茅 para la Prevenci贸n de la Tortura de Naciones Unidas, que mide el grado de cumplimiento de la Convenci贸n contra la Tortura.
Sin embargo, Lifschitz les neg贸 a los dos el "derecho adquirido" a ocupar los cargos que ganaron por concurso y rechaz贸 sus designaciones con las mismas conjeturas que agit贸 Silbertein: que los nombramientos carecen de "racionalidad t茅cnica y axiol贸gica", significar铆an una presunta "interferencia negativa" en el "proceso de transformaci贸n de la justicia penal" y sum贸 las "presuntas irregularidades" en un contrato a Font.
El gobernador reproch贸 tambi茅n a Murray y Font que "el concurso data de 2012" y la "gesti贸n Gan贸n culmina "en abril de 2017". Pas贸 por alto que el tr谩mite estuvo cajoneado casi cuatro a帽os, lo cual revela otra doble vara. El 19 de mayo, Lifschiz firm贸 el pase de un funcionario de su gabinete, Diego Poretti, al Ministerio P煤blico de la Acusaci贸n (decreto 1071), donde hoy est谩 un pelda帽o arriba del fiscal que lo investig贸 por un supuesto allanamiento ilegal que comand贸 Tognoli en junio de 2012 y archiv贸 la causa con un video que apareci贸 tres a帽os despu茅s del hecho. Poretti hab铆a ganado el concurso en 2013 y tras el cierre del proceso jur贸 la semana pasada como subsecretario de Persecuci贸n Penal de la Fiscal铆a Regional N潞1. El decreto 1071 ni siquiera menciona la fecha del concurso.
Gan贸n consider贸 el bochazo a Murray y Font como "un nuevo acto de hostigamiento" del Poder Ejecutivo a la Defensa P煤blica por sus denuncias a la "violaci贸n sistem谩tica de derechos humanos" en la provincia y "la falta de respuesta a los reclamos" ante la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Comit茅 de Derechos Humanos de la ONU. "No hay ninguna voluntad" del gobierno "para resolver este tipo de situaciones". Es m谩s, "se quiere simular y ocultar la realidad de Santa Fe, que poco se diferencia de otras provincias en la violaci贸n sistem谩tica de derechos humanos".
El decreto 1597 de Lifschitz "es un acto destemplado, de absoluta discrecionalidad y discriminaci贸n por posiciones pol铆ticas e ideol贸gicas a dos personas que tienen un curriculum intachable. Y de esta manera, interviene indebidamente en otro poder del Estado", advirti贸 Gan贸n. "Nunca antes un gobernador se hab铆a metido en concursos realizados en el Poder Judicial y hoy lo hace abusando de sus poderes y cometiendo un acto absolutamente destemplado".
-驴Por qu茅 por motivos pol铆ticos? -pregunt贸 Rosario/12.
-Porque dicen que Murray y Font van a entorpecer el proceso de transformaci贸n de la justicia penal. Nosotros creemos todo lo contrario, que Murray y Font, con la trayectoria y los antecedentes que tienen, iban a contribuir a transformar la administraci贸n de justicia. No hay nombramientos porque no quieren que la Defensa P煤blica trabaje, no quieren transformar absolutamente nada en la justicia -concluy贸.
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