Estado de colapso en las cárceles

La Corte Suprema de Justicia remitió ayer al gobernador Jorge Obeid un informe de las Cámaras Penales de Rosario y Santa Fe que considera "altamente peligrosa la gran concentración" de detenidos en las cárceles de la provincia, advirtió sobre "un panorama igualmente alarmante" en las comisarías y reveló que los padecimientos entre rejas en Rosario son aún más graves por "la falta de higiene y medicamentos, deficiencia en la alimentación, hacinamiento inhumano, mala distribución de los detenidos, violencia, fugas y motines". El documento denuncia que "en la cárcel de Coronda se alojan 1400 internos cuando su capacidad alcanza sólo a 1080, en Las Flores hay 600 donde sólo caben 481" y las comisarías de Rosario están desbordadas con 1400 detenidos cuando sólo tienen 889 plazas.

Ya a mediados de año, la Justicia había advertido sobre el colapso carcelario que después derivó en un durísimo cruce entre el ministro de Gobierno, Roberto Rosúa y el presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez. Rosúa se permitió ironizar sobre la "sensibilidad" de los jueces ante las condiciones de vida de los presos y les criticó una supuesta pereza que colapsó el sistema penitenciario con 2600 detenidos no condenados. Pero Gutiérrez lo acusó de sacarse el sayo de la crisis y arrojárselo a los magistrados. "Le pido honestidad y sinceridad política. Le pido que asuma su responsabilidad en los hechos que lamentablemente suceden en las cárceles de la provincia, donde en abril hubo 20 muertos en Coronda", fue el retruque al ministro.

Ayer la Corte actualizó el informe de las Cámaras de Apelación en lo Penal de la provincia sobre "la delicada situación carcelaria, en el marco de la `emergencia' que declaró el decreto 1978/04 del Poder Ejecutivo. Cada año, el Poder Judicial remite al Ministerio de Gobierno estos informes elaborados sobre la base de las inspecciones que los jueces realizan periódicamente en los distintos lugares de detención, sin que hasta el presente se haya logrado una solución definitiva e integral al problema", insistió la Corte. Otro palo para Rosúa.

Recordó entonces una acordada de la Cámara Penal de Santa Fe del 7 de junio último -que después disparó la polémica entre Rosúa y Gutiérrez﷓ que ya consideraba "altamente peligrosa la gran concentración" de detenidos en las cárceles de la provincia. Y mencionó los casos más dramáticos:

* Coronda: "Se alojan 1400 internos cuando su capacidad de albergue alcanza sólo a 1080".

* Las Flores: "Hay 600 detenidos donde sólo caben 481"

* Alcaidía de Jefatura: Más conocida como La Piojera. "Tiene capacidad para 127 personas, pero hay más de 170"

* Comisarías de Santa Fe: "El panorama es igualmente alarmante: tienen capacidad total para 297 detenidos, pero su población está excedida en un 50 por ciento. "Esta lamentable situación trae aparejados serios inconvenientes y situaciones de peligro de fuga, hacinamiento y problemas de convivencia", decía el informe de la Cámaras que la Corte hizo suyo.

* Comisarías de Rosario: "La situación reviste mayor seriedad, en tanto que las 889 plazas disponibles en dependencias policiales se encuentran desbordadas por la presencia de 1400 internos. El informe presentado por la Cámara Penal rosarina alude a graves problemas tales como la deficiente infraestructura, `falta de higiene y medicamentos, deficiencia en la alimentación, hacinamiento inhumano, mala distribución de los detenidos, violencia, fugas y motines'. Y esto se suma que las comisarías no han sido concebidas para el alojamiento de detenidos, ni el personal policial entrenado para desarrollar tareas vinculadas a la custodia de los presos", insistió la Corte.

La acordada de la Cámara Penal de Santa Fe del 7 de junio advirtió que el alojamiento de detenidos "en sitios que no reúnen las mínimas condiciones aptas para respetar la integridad física, psíquica y moral, puede constituir un trato cruel, inhumano y degradante." Y recalcó que el Estado, al privar de libertad a personas, se compromete a satisfacer sus necesidades mínimas, y a su vez "asume responsabilidades internacionales cuyo incumplimiento puede causarle serios perjuicios". Por tales razones, ordenó a los jueces penales que garantizaran "el respeto a las condiciones de privación de libertad de las personas a su disposición, evitando que la cantidad de alojados en la Alcaidía de la Unidad Regional I excediera la capacidad": 127 personas.

Esa orden de la Cámara a los jueces de Santa Fe y la decisión de uno de ellos, Julio César Costa (Instrucción 3ª) de limitar el ingreso de detenidos en La Piojera empujó a Rosúa a ironizar sobre "la sensibilidad" de los magistrados. Y después pasar a la crítica directa a la supuesta pereza judicial que abarrotó las cárceles santafesinas con 2.600 procesados sin condena.

Rosúa se topó entonces con el presidente de la Corte, que lo acusó de sacarse el sayo de la crisis carcelaria y arrojárselo a los jueces. "Le pido honestidad y sinceridad política", dijo el magistrado. "Le pido que asuma su responsabilidad en los hechos que lamentablemente suceden en las cárceles de la provincia, donde (en abril) hubo 20 muertos en Coronda", replicó Gutiérrez. "Acá hay un desplazamiento de responsabilidad del Poder Ejecutivo al Poder Judicial y eso no es honesto".

El Colegio de Magistrados de Santa Fe también le advirtió a Rosúa que la Cámara Penal y el juez Costa "no tenían ninguna sensibilidad especial sino una preocupación constante por un estado de cosas que han llevado a un trato indigno a las personas privadas de su libertad".

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