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Repetida

El conflicto con las entidades del campo no es una novedad y reproduce, casi en copia carbónica, hechos semejantes acaecidos durante la década de 1970.

Los prolegómenos del golpe de Estado de marzo de 1976 en realidad se incubaron en los 10 años precedentes. La eventual aplicación del principio de una imposición a la renta normal potencial de la tierra fue incorporado al programa de las Cuartas Jornadas Latinoamericanas de Tributación de 1964.

En Argentina, tales ideas se plasmaron en la reforma impositiva sancionada por el Congreso el 30 de diciembre de 1973, con el propósito de calcular la base gravable del sector agropecuario dentro del impuesto a las ganancias.

La Sociedad Rural Argentina (SRA) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) se manifestaron de inmediato en franca oposición al proyecto.

En forma paralela, lograron atraer a la Federación Agraria Argentina y a Coninagro para constituir una comisión coordinadora que, en marzo de ese mismo año, resolvió en prueba de rechazo a la política oficial una interrupción en la provisión de carne que duró 12 días, seguida por otra de 10 y, entre fines de octubre y principios de noviembre, una suspensión total en la comercialización de los productos del campo. Este conjunto de acciones provocó, obviamente, un marcado desabastecimiento y una imparable suba de los precios que contribuyó a la desestabilización del país. Ya en enero de 1976, dieron un paso más y resolvieron quedar en "estado de movilización" permanente, que culminó el 16 de febrero del `76 con la realización de un paro general, que logró la adhesión de otros sectores empresarios.

Ese oscuro capítulo fue cerrado, poco después, con la incineración de todos los trabajos encarados por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) para confeccionar el catastro ecológico. En la continuidad de la práctica represiva, se perpetró el secuestro y la consiguiente "desaparición" de varios técnicos que estaban abocados a ella.

Algunos datos más a tener en cuenta... quince años más tarde y en consonancia con los deseos de los dueños de la tierra, Carlos Menem concretó lo que ni siquiera los gobiernos militares se habían animado a encarar: privatizó la Junta Nacional de Granos que garantizaba precios sostén y mínimos a los productores agrarios y también la virtual eliminación de las retenciones. La década de 1990 fue de gran auge en la extensión de la soja, la conversión de miles de productores chicos en arrendatarios, la aparición de los "pools de siembra", los contratistas y los llamados "valijeros" que lograron perfeccionar un doble circuito -negro y blanco- que regulan a piacere.

Claudia Saldaña

diputada provincial