El secretario de la dictadura

El fiscal federal santafesino Walter Rodríguez pidió ayer la indagatoria de Víctor Manuel Montti, quien fuera secretario del juez federal Fernando Mántaras durante la última dictadura militar y superior jerárquico de Víctor Brusa, ya condenado por delitos de lesa humanidad.

Para el funcionario judicial ese juzgado funcionó como "una escribanía" del área militar 212, y por eso amplió la imputación a Montti por haber aceptado autoincriminaciones bajo tortura de víctimas del terrorismo de Estado y por no haber denunciado los hechos.

Rodríguez pidió que se lo convoque a declaración indagatoria por su participación en crímenes de lesa humanidad desde el Juzgado Federal de esa ciudad entre los años 1975 y 1976 al implementar "un mecanismo que convirtió a esa sede judicial en una especie de 'escribanía' convalidante de los quehaceres del área de Defensa 212 en materia de la aplicación de la ley 20840".

La norma a la que aludió el fiscal es la denominada "ley antisubversiva", que le dio basamento "legal" a la persecución por motivos políticos y sirvió para blanquear en los tribunales la privación ilegal de la libertad de miles de personas a lo largo de todo el país por parte de las fuerzas armadas y de seguridad. En efecto, el fiscal imputó al ex secretario por haber aceptado desde el Juzgado Federal las declaraciones ante autoridades policiales y militares de once víctimas privadas ilegalmente de la libertad que fueron obligadas a autoincriminarse y a involucrar a otras personas, varias de ellas coaccionadas bajo tormentos, y por no haber investigado los crímenes que esas mismas personas denunciaron que los represores habían cometido contra ellas.

El fiscal señaló que Montti intervino en "una práctica sistemática comprensiva del incumplimiento de los deberes de funcionario público por omisión de denuncia" debido a que "ante él se dejó constancia escrita en forma reiterada de la existencia de confesiones arrancadas mediante métodos violentos, y a pesar de ello, el funcionario público se abstuvo de proceder de acuerdo al mandato legal establecido en el código procesal vigente en ese entonces (ley 2372), que requería el anoticiamiento obligatorio de todo delito de acción pública que conozca en ejercicio de sus funciones".

El representante del Ministerio Público refirió que Montti "se destacó como lazo comunicacional del Juzgado Federal con los miembros del área de Defensa 212, y recibió sus 'informes de inteligencia' escritos, sin firma del responsable. Estos últimos, en la mayoría de los casos, establecían listados de personas supuestamente incursas en delito de naturaleza 'subversiva'".

Al respecto, Rodríguez precisó que aquellas listas eran "conformadas en virtud de información recabada por medios ilegales y violatorios a los derechos humanos, y que tal circunstancia era plenamente conocida cuanto menos por el reducido grupo perteneciente al fuero federal local, integrado por el juez Mántaras, el secretario Montti, y los empleados Víctor Brusa y Jorge Ciriaco Núñez".

El área de Defensa 212, con jurisdicción sobre Santa Fe y zonas aledañas, fue una de las porciones en las que se dividió el II Cuerpo del Ejército con asiento en Rosario. Desde aquella área militar, explicó Rodríguez, "partieron las verdaderas definiciones sobre el destino asignado a las personas que hoy reconocemos como víctimas del terrorismo de Estado (por aquel entonces imputados), a quienes se les aplicaba un virtual ejercicio de la jurisdicción mediante actos regulares sólo en su apariencia, alguno de los cuales se perfeccionaron con la rúbrica e intervención funcional del entonces secretario Montti".

A la época de los hechos que se le imputan, Montti era secretario del fallecido juez federal Mántaras y superior jerárquico del doblemente condenado Brusa, el entonces empleado judicial que participó en crímenes de lesa humanidad y llegó a la magistratura años después con la vigencia del estado de derecho y de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

Antes de la presentación formulada ayer por Rodríguez, Montti estaba imputado por otros hechos, pero desde el 27 de abril de 2011 se encuentra con falta de mérito dictada por la Cámara Federal de Rosario. El ex funcionario, que con los años llegó a ser fiscal general ante la Cámara Federal de Mar del Plata, había sido procesado en primera instancia por los delitos de falsedad ideológica, encubrimiento por omisión de denunciar, omisión de auxilio y apremios ilegales, todos relacionados por su actuación como secretario judicial durante el terrorismo de Estado.

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