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La organizaci贸n social Giros y la Asamblea Popular Nuevo Alberdi volvieron ayer a la Justicia para cuestionar los avances de las obras para la construcci贸n de un barrio privado en la zona. Esta presentaci贸n se suma a la causa abierta el a帽o pasado, y pretende denunciar que el "dejar hacer" del Estado "se transform贸" en una acci贸n concreta: "Se aprob贸 la instalaci贸n de ca帽os y cabinas domiciliarias de gas en la zona rural, justo en el terreno sensible donde se planea asentar el country", seg煤n indicaron desde Giros, a un a帽o de haber presentado el recurso de amparo colectivo para proteger a las 150 familias de un desalojo y contra el avance de privados en el territorio. "La municipalidad deber铆a haber protegido la Zona Rural de Reserva", sostuvo Manuel Salinas, militante de la ONG.
A partir de las 11, y luego de un peque帽o acto, representantes de la agrupaci贸n y algunos vecinos se presentaron ayer en Tribunales para aportar documentaci贸n fehaciente a la causa que abrieron el 18 de diciembre de 2008. En esos documentos incluyeron "una copia del permiso de obra de la Municipalidad de Rosario" para que se instalen las ca帽er铆as en el barrio y la constataci贸n de los trabajos, realizada por una escribana p煤blica. "En los 煤ltimos meses, apareci贸 una instalaci贸n de gas con cabinas, y es sabido que para hacer ese tipo de obras de servicio p煤blico se necesita una orden del Municipio", indic贸 Salinas a Rosario/12. Adem谩s, sostuvo: "Nos encontramos con estos nuevos avances del privado y los permisos estatales, a partir de la presentaci贸n en la Legislatura Provincial del proyecto de regularizaci贸n dominial para toda la zona rural de Nuevo Alberdi Oeste (220 hect谩reas)".
Seg煤n explic贸 el militante, las obras de instalaci贸n de ca帽os comenzaron hace aproximadamente un mes y medio; por lo que consider贸 que el municipio -que desde el a帽o pasado niega que haya aprobado la construcci贸n de un barrio privado en la zona- dej贸 hacer en el caso y ahora "aprob贸 esos trabajos", lo que significa "una acci贸n concreta".
En ese sentido denuncian que la municipalidad, ya sea por omisi贸n o por permitir los trabajo, "no est谩 haciendo lo que corresponde". Para Giros, el gobierno local "tendr铆a que haber planteado una normativa de protecci贸n".
La idea de urbanizaci贸n privada en el territorio tiene que ver con negocios inmobiliarios que funcionan a partir de la especulaci贸n: "Agentes privados inmobiliarios compran terrenos de la zona rural de Nuevo Alberdi, que por ser inundable cuesta dos pesos el metro cuadrado. Terminan la obra p煤blica de la canalizaci贸n de Ibarlucea y esa tierra se revaloriza al mil por ciento, entonces se construye el country y se vende con un importante plusvalor", detall贸 el integrante de la ONG, quien agreg贸 que ante estas acciones "el Estado municipal no tiene la voluntad pol铆tica de hacer que eso deje de pasar, sino todo lo contrario".
Por otro lado, aseguraron que los habitantes del asentamiento contin煤an recibiendo "amenazas de desalojo, a trav茅s del ofrecimiento de plata y una posible topadora municipal para `limpiar' el barrio", resalt贸 Salinas.
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