La banda de los policías

Seis policías de la seccional 19, incluido un comisario, fueron imputados ayer por los delitos de extorsión, secuestro extorsivo, amenazas coactivas, allanamientos ilegales, falsedad ideológica, robo, encubrimiento y presunta conformación de una asociación ilícita. El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos, Adrián Mc Cormack, les achacó en audiencia pública nueve hechos y acusó al comisario Guillermo Ruiz Díaz como "jefe". Tanto él, como los efectivos José Antonio Galván, Sebastián Farini, Eduardo Cuenca y Víctor D`Angelo, quedaron detenidos hasta que mañana se realice una nueva audiencia en Tribunales, para determinar en qué estado quedarán durante el proceso judicial. Mientras que, en el caso de la suboficial Lucrecia Bustos, el juez Carlos Leiva dictó la prisión domiciliaria, por 60 días, ya que lleva 27 semanas de embarazo, con orden médica de reposo.

Los seis policías fueron detenidos el sábado pasado, como resultado de una investigación que se inició hace tres meses. Ayer, los efectivos llegaron a la audiencia imputativa.

El primero de los hechos Mc Cormack acusó a los policías Farini y Cuenca por lo sucedió el 16 de marzo, en Dean Funes al 5200, cuando dos personas pasaron en moto y dispararon, en busca de otros sujetos con los que habían tenido una riña. Más tarde, dos muchachos fueron baleados en Espinillo y Seguí. Hasta allí llegaron los dos efectivos; pero, según la acusación "no implementaron los mecanismos" para encontrar a los victimarios y "omitieron información aportada por testigos". Luego, los suboficiales fueron al hospital Carrasco, donde estaban internados los heridos, y los amenazaron. "Decile a tu familia que vaya juntando la plata porque no los voy a largar", le habría dicho uno de ellos. Por eso, fueron acusados de encubrimiento agravado, tentativa de extorsión y amenazas.

Al tercer hecho se sumaron el comisario Ruiz Díaz y el suboficial Galván. Primero, Farini y Cuenca fueron acusados de ingresar "sin orden" a un domicilio de Saavedra al 6200 para detener a un hombre sospechado de la balacera, y secuestrarle la moto. Luego, desde la seccional, se habrían exigido 30 mil pesos a su padre; pero se pagaron 28 mil, según la acusación. Los delitos achacados son allanamiento ilegal, robo agravado, secuestro extorsivo agravado y encubrimiento. "Soy inocente", respondió el comisario.

Galván fue acusado también de tentativa de extorsión. Según la acusación, el policía llegó a la casa de Berra al 3400, y pidió 13 mil pesos para no apresar a un hijo de la familia. Como evidencia, la víctima entregó un papel donde el suboficial le anotó el teléfono de su jefe.

Farini también fue acusado de otro encubrimiento y falsedad ideológica. El 29 de marzo llamó al fiscal Eduardo Sorrentino para consultar cómo se procedería con un detenido del turno anterior, por portación de arma. El policía "omitió informar que la fiscal anterior había ordenado la detención", y aportó otros datos "falsos", como declaraciones de dos testigos. Más tarde, "solicitó 3 mil pesos" por la liberación del detenido, aunque recibió 2 mil, según el fiscal.

En otro hecho, Farini, D`Angelo, Bustos y Ruiz Díaz, fueron acusados por un allanamiento "sin orden" a un comercio, extorsión, robo y falsedad ideológica. El 31 de marzo, los dos primeros llegaron al local de Maradona y Campbell, y le exigieron al titular 25 mil pesos para arrestarlo por venta ilegal de medicamentos, alimentos en mal estado y falta de habilitación comercial. Como el dueño se negó, lo llevaron a la comisaría y allí ﷓según el fiscal﷓ Ruiz Díaz le pidió 50 mil pesos; pero ante la negativa, "ordenó buscar toda la mercadería". Bustos está acusada de haber participado del intento de negociación con el comerciante. Sin embargo, ella negó que fuera así, y dijo haber seguido las órdenes del juez de Faltas en turno. Más tarde, Ruiz Díaz "solicitó 25 mil pesos para devolverle la mercadería (al hijo del comerciante); pero como tenía sólo 12 mil, la reintegró parcialmente".

Finalmente, el fiscal les achacó ser parte de una asociación ilícita con Ruiz Díaz como "jefe" y el resto como "integrantes". Para el juez, esa acusación aparece algo "débil" en esta etapa del proceso.

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