La sociedad debe saber por qué pasó

La Cámara Penal confirmó ayer que el juicio por la explosión del edificio de calle Salta 2141 será oral y público. La decisión fue tomada por el camarista Guillermo Llaudet Mazza, quien rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa del gasista imputado en el expediente. Si no hay un nuevo planteo en la Corte Suprema provincial ﷓con un recurso de inconstitucionalidad﷓, con esta resolución, quedaría cerrada la discusión sobre la forma en la que serán juzgados los acusados, y solo restaría ponerle fecha a las audiencias. El fallo va en consonancia con lo que pedían los familiares de las víctimas: que los hechos se ventilen públicamente. "Estábamos esperando esto para que volvieran a correr los plazos, porque ahora se tienen que presentar las pruebas. Desde el año pasado, no había movimiento en el expediente", dijo Eleonora López, quien celebró la novedad.

En noviembre, el tribunal conformado por los jueces de sentencia Ismael Manfrín, María Isabel Más Varela y Marisol Usandizaga determinó que el juicio sería oral y público, tal el pedido de los familiares de las víctimas. Sin embargo, la defensa del gasista imputado, Carlos García, apeló esa decisión, que ahora fue ratificada por la Alzada.

En su fallo, Llaudet Mazza resolvió "desestimar" el planteo, ya que no es una decisión de fondo que cause un gravamen irreparable para el imputado que presentó el recurso "en queja". Ante ello, le dio la razón al Tribunal que presidirá el juicio oral.

Si bien el delito de "estrago culposo agravado" no está dentro de las calificaciones penales que iban a juicio oral en el antiguo sistema penal ﷓el hecho sucedió antes de la entrada en vigencia del nuevo sistema, en febrero de 2014﷓, los familiares lo pidieron así, ante la conmoción pública que causó el hecho de aquel 6 de agosto de 2013.

Además, el pedido contó con el aval y el acompañamiento formal de la fiscal Graciela Argüelles, quien presentó una solicitud para el juicio sea oral. Esto generó una discusión por parte de los abogados del gasista y los empleados de Litoral Gas, que no estaban de acuerdo con el proceso de oralidad.

En primera instancia, Manfrín planteó que entre los motivos para resolver que sea un juicio oral, se tuvo en cuenta "el impacto social que representó la tragedia en la sociedad", y que dejó como saldo 22 víctimas fatales y serios daños materiales.

En el expediente 1027/13, la jueza Irma Patricia Bilotta envió a juicio al gasista José Luis Allala, quien estuvo trabajando en el sistema de gas del edificio unos doce días antes del siniestro; también, a los gasistas Carlos García y su ayudante Pablo Miño, que estaban trabajando en el regulador el día del suceso; y los administradores del complejo habitacional, Mariela Calvillo, Norma Bauer de Calvillo y Carlos Repupilli, que contrataron a los trabajadores y ordenaron qué materiales usar para el cambio de regulador. Además, la magistrada procesó a cinco personas de la empresa Litoral Gas: los inspectores Gerardo Bolaños, Guillermo Oller y Luis Curaba; el jefe técnico, Claudio Tonucci; y la gerenta técnica, Viviana Leegstra.

En tanto, la fiscalía había solicitado al juez Manfrín que se reanude el trámite de la causa, que entra en la etapa previa al juicio. El magistrado hizo lugar al pedido el jueves pasado. Es que los familiares se quejaron de que la causa estaba "parada" desde noviembre, cuando se presentó la apelación.

Ahora, el Tribunal deberá correr traslado de la acusación de Argüelles y los querellantes, a las defensas. Luego se abrirá la etapa de pruebas. Frente a ello, López hizo hincapié en que esperan que la Auditoría General de la Nación presente en breve el informe sobre Enargas, que será de utilidad como elemento para el juicio.

Meses atrás, la fiscal dijo a este diario que en caso de llegar a una condena, lo máximo sería una pena de 5 años de prisión.

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