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La C谩mara de Apelaciones de Rosario confirm贸 el procesamiento de ocho abogados que se dedicaban a realizar estafas procesales en juicios de quiebras y concursos preventivos de empresas, muchas de ellas "fantasma". El ardid consist铆a en inflar el pasivo de firmas en quiebra a fin de perjudicar a los verdaderos acreedores. En su contundente resoluci贸n, los camaristas Ram贸n R铆os, Juvencio Mestres y Otto Crippa Garc铆a destacaron que los imputados "son personas con instrucci贸n universitaria quienes mediante demandas ficticias, maquinaciones judiciales u otras maniobras fraudulentas (generaron) graves perjuicios a terceros, vulnerando la igualdad entre los acreedores". Para los camaristas integrantes de la Sala II, "no parece equitativo exigir a los pobres, excluidos y d茅biles que se abstengan de transgredir la ley a煤n para paliar sus necesidades m谩s elementales, si quienes tenemos cierta relevancia social aprovechamos semejante privilegio para burlarnos da帽osamente de toda la comunidad".
El expediente lo inici贸 la jueza de Instrucci贸n de la 6潞 Nominaci贸n, Raquel Cosgaya. La magistrada, cuya labor fue elogiada por los camaristas, proces贸 en octubre pasado a Jorge Fern谩ndez M茅ndez por los delitos de Asociaci贸n il铆cita agravada por su calidad de Jefe y Organizador, Estafa Procesal y part铆cipe primario del delito de Quiebra Fraudulenta. Por delitos similares la jueza hizo lo propio con Paulo Di Sciasio, Carlos L贸pez, Luciana Massagli, Anal铆a Lambri, Diego Orce, Mariela Bruno, Javier Tissot y a Claudio Russo. Este 煤ltimo procesamiento fue revocado.
Seg煤n consta en la investigaci贸n, Jorge Fern谩ndez M茅ndez, secundado por Carlos L贸pez y Paulo Di Sciascio, dirig铆a el estudio de abogados "Amparo", que promet铆a la recuperaci贸n y continuidad de las Pymes por ellos asesoradas. Rolando, Marcelo y Francisco Mie, integrantes de "Granero Argentino SRL", al enfrentar algunas dificultades en el a帽o 2000, entraron en contacto con ese estudio de abogados, present谩ndose en febrero de 2003 en concurso preventivo y pidiendo luego su propia quiebra.
De acuerdo a la resoluci贸n de los camaristas de la Sala II, "la estrategia desplegada por la organizaci贸n jur铆dica se caracteriza como decididamente delictiva". Entre los distintos acreedores en el juicio universal aparece la firma B&M SA verificando un cr茅dito quirografario por algo m谩s de un cuarto de mill贸n de pesos. Ese cr茅dito era "inexistente, prefabricado para consumar un fraude procesal y detraer bienes del patrimonio com煤n de los verdaderos acreedores de la quiebra, ya que el abogado de B&M nunca tramit贸 esa verificaci贸n, falsificaron su firma en el escrito judicial del supuesto acreedor y la documentaci贸n acompa帽ada no corresponde a operaciones reales de esa empresa".
En su fallo, los jueces R铆os, Mestres y Garc铆a, reconocieron que "los delitos econ贸micos, de cuello blanco, y de la inteligencia, caracterizados como criminalidad de los poderosos al cometerse por personas con posiciones especiales y en una situaci贸n de poder fundada en esas posiciones entre los que quedan comprendidos los delitos concursales y los fraudes a los acreedores, suelen ser de entramado complejo y dif铆cil esclarecimiento" de all铆 "la necesidad de especializaci贸n de los 贸rganos judiciales y de la acusaci贸n p煤blica en esos delitos econ贸micos".
Para los integrantes del tribunal de alzada, la investigaci贸n demostr贸
"inequ铆vocamente una mara帽a de maniobras fraudulentas dirigidas a burlar a la masa de acreedores, provocar el error de los jueces en causas civiles, procurar la desaparici贸n subrepticia del cereal almacenado y perjudicar a terceros, configurando personas jur铆dicas inexistentes o exhumando sociedades extinguidas, dibujando cr茅ditos ficticios, formalizando falsos poderes y haciendo gala de una desaprensiva praxis profesional".
En ese sentido, "pese al liderazgo indiscutible ejercido por Fern谩ndez M茅ndez, los restantes profesionales no pueden excusar su responsable participaci贸n: ellos son tambi茅n abogados y deben ser concientes de los actos jur铆dicos que protagonizan y de las firmas que otorgan".
"No parece equitativo -concluyeron- exigir a los pobres, excluidos y d茅biles que se abstengan de transgredir la ley, si quienes tenemos cierta relevancia social aprovechamos semejante privilegio para burlarnos da帽osamente de toda la comunidad".
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