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El proyecto fue presentado por la legisladora por el FpV Gabriela Alegre y requiere información oficial sobre posibles contrataciones realizadas entre el Gobierno con La Usina Producciones S.R.L. desde el año 2012.
Además, en caso de existir, se solicita el detalle de nombre y apellido de los socios y autoridades de la empresa, y sobre contrataciones por servicios o productos con Atilio Meza y Diego Fernando Niembro desde el año 2008.
La resolución también busca indagar sobre los servicios o productos contemplados en las contrataciones, las áreas de Gobierno para la cual fueron contratados los servicios, acto administrativo que las aprueba, número y fecha del boletín oficial donde conste la publicación de dicho acto, montos de las contrataciones y la modalidad de las mismas.
"Según la información a la que accedimos, desde su creación, la empresa de Fernando Niembro y su socio, Atilio Meza, facturó al GCBA 19,5 millones de pesos", se afirmó en los argumentos de proyecto aprobado por el Parlamento, y se agregó que los contratos se realizaron "por contratación directa o al amparo del Decreto 556, modalidades que están previstas para la contratación de bienes y servicios esenciales".
Según refirió Alegre, la relación comercial de La Usina con el gobierno porteño incluye servicios de publicidad con varias dependencias del Poder Ejecutivo y contratos para la realización de auditorías y encuestas sobre el servicio de recolección de basura para el Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
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