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Ya se cumplen noventa años. Algo inexplicable. La crueldad más ocultada de nuestra historia. El fusilamiento de los peones patagónicos de 1921. Un crimen que dejó abierta una herida que no cicatrizará jamás. Llevado a cabo por un gobierno elegido por el pueblo, el de Hipólito Yrigoyen. No hay explicación alguna. Se fusiló y ya está. Se cumplieron órdenes, dijo el Ejército. Han quedado para siempre como testigo las tumbas masivas. Ahora ya marcadas. Allí están, silenciosas pero que hablan por sí mismas y lo dicen todo. Fusilados por pedir tan poco. Y sus héroes: don José Font (Facón Grande), Albino Argüelles, Ramón Outerello, el alemán Schultz. Y cientos de chilotes, argentinos, y trabajadores llegados de más allá de los mares.

Santa Cruz se prepara. Habrá como todos los años, Memoria. Allí, junto a las tumbas masivas. Se guardará silencio mientras el viento sigue trayendo el eco de las balas de aquel 1921. Hablarán trabajadores del campo, historiadores, representantes del pueblo. Palabras y emoción.

Recuerdo cuando inicié la investigación, en 1966. Vivían protagonistas y testigos. Por primera vez comenzaron a hablar luego de medio siglo de silencio. Los soldados, los oficiales fusiladores, los estancieros, los políticos, los peones que habían salvado su vida por ser menores de edad pero que habían visto todo.

Muerte en el paraíso. Ver por última vez esos paisajes, esos cielos azules antes de morir. Morir por pedir tan poco. Fusilados por el Ejército Argentino. La orden de la pena de muerte por “subversión” fue dada por el presidente Yrigoyen. Una huelga por unos pesos más y un poco más de dignidad en el trabajo no es “subversión”, señor presidente. Los radicales explicaban en los pasillos del Congreso que sí, está bien, Yrigoyen le había dado la orden de pena de muerte al teniente coronel Varela, jefe del 10 de Caballería, pero que “a éste se le había ido la mano”. Todo está dicho en la sesión del 23 de marzo de 1922 de Diputados, donde la oposición quiso saber la verdad de todo, el porqué de los fusilamientos si la pena de muerte ya había quedado anulada en 1918 por disposición de ese mismo Congreso. La oposición exigió de inmediato el envío de una comisión investigadora para que situara las tumbas masivas y se comprobara el número de peones rurales fusilados. Pero el oficialismo radical votó en contra. No quería que se supiera la verdad. La única manera de ocultar el crimen oficial era guardar silencio y mirar para otro lado. Para que el olvido tapara el crimen. De eso no se habla.

Hasta que un año después el anarquista alemán Kurt Wilckens hará volar por el aire al obediente teniente coronel Varela con una bomba frente al Regimiento 1 de Infantería, de acuerdo con el principio: “Cuando en un país no hay justicia, el pueblo tiene derecho a hacerse justicia por su propia mano”.

La tragedia de los peones de campo patagónicos quedó oculta. Pero, lo repetimos, la Etica siempre triunfa en la historia. Y así fue. Medio siglo después la tragedia quedaba en claro. Las investigaciones históricas probaron el crimen oficial. Pese a las prohibiciones y la quema de libros de la dictadura de la desaparición de personas, la tragedia no quedó oculta nunca más. Hoy, en territorio santacruceño están marcadas todas las tumbas masivas y los héroes del movimiento rural tienen sus estatuas. Facón Grande está allí a la entrada de Jaramillo, a pocos metros de donde fue fusilado; Albino Argüelles es recordado por un monumento a la entrada de San Julián; Ramón Outerello, a la entrada de Puerto Santa Cruz. Todos los años, al llegar la fecha de las ejecuciones se realizan frente a las tumbas masivas actos recordatorios. Donde está el monumento de los fusilados en las estancia La Anita, de los Braun, todos los principios de diciembre se hace un acto al que concurren alumnos, docentes, vecinos y cantautores populares, que entonan canciones en recuerdo de los héroes que pedían tan poco por su sacrificado trabajo. Además, la tragedia ha sido llevada al cine y al teatro. Ha quedado para siempre en la conciencia del pueblo. Más todavía, hay una iniciativa para considerar a los fusilamientos de las peonadas patagónicas como un “crimen de lesa humanidad”, es decir, no prescribirá jamás. Algo para tener en cuenta por quienes recurren a las armas para dirimir los conflictos sociales.

Sí, se recuerda a las víctimas. En cambio, a los ejecutores del crimen no los recuerda nadie; hasta sus familiares se avergüenzan de ellos. Como ejemplo de la cosecha por los crímenes oficiales, el teniente coronel Varela, en su tumba en el panteón militar de la Chacarita tenía una sola placa, que decía: “La comunidad británica de Santa Cruz al teniente coronel Varela, que supo cumplir con su deber”. Esa placa fue retirada últimamente. Pero lo dice todo. Como cuando esa misma comunidad de los estancieros británicos le cantaron al militar fusilador el “For he is jolly good fellow” (“porque es un buen compañero”) como está en la crónicas del diario inglés de Punta Arenas. Es decir, el beneplácito de los dueños de la tierra.

Pero, vayamos a la verdad, el principal responsable de esta tragedia fue el presidente Yrigoyen. Sí, como dijeron sus partidarios, Yrigoyen le dio el bando de la pena de muerte a Varela pero éste se extralimitó y la usó en forma desmesurada. Si hubiese sido así, Yrigoyen tendría que haber ordenado de inmediato una investigación a fondo de los hechos. No, se cubrió todo, con el voto negativo de la bancada radical hacia una comisión parlamentaria investigadora. Además de este gravísimo atentado contra la vida impuesto desde el poder, Yrigoyen tampoco dio ninguna declaración acerca de la brutal represión de los obreros metalúrgicos en la Semana Trágica de enero de 1919, ni en la represión de los hacheros de La Forestal, también de 1921. Lo he repetido muchas veces y lo seguiré repitiendo porque la democracia verdadera exige eso: el reconocimiento de los errores, en este caso, errores que costaron centenares de víctimas y una tiránica injusticia social: el partido radical debe hacer un pedido público de autocrítica y pedir perdón a la sociedad. Como lo hemos sostenido eso no es una humillación sino una demostración de que se cree en la democracia y se hace uso de ella para prometer un “Nunca más” en crímenes políticos, que en nuestro país no sólo fue hecho por dictaduras militares sino también por políticos elegidos por el pueblo.

“Así no se mata a un criollo”, gritó en el momento de ser fusilado el gaucho Facón Grande, como era llamado don José Font. El eco quedó y nos llega cuando nos vamos acercando a Jaramillo. No hay que olvidar la gesta de estos hombres que resolvieron decir ¡basta! a la explotación del hombre por el hombre y salir a pedir más dignidad.

Todo había nacido con la concesión Grünbein, del presidente Roca, por la cual se cedieron 2.500.000 hectáreas a diecinueve estancieros británicos. Primero, para “despejar” los campos se contrataron a los “cazadores de indios”, que eliminaron a los tehuelches, y luego se comenzó con la explotación de las fuerzas de trabajo que llevó a las huelgas que terminaron con el fusilamiento de más de mil trabajadores del campo.

Estos noventa años tienen que ser recordados por todas las organizaciones obreras del país y en los institutos de enseñanza y en actos culturales de organismos oficiales. Otra vez las palabras “Nunca más” deben pronunciarse en voz alta. Sí a la palabra, no a la bala como solución. Que la “noble igualdad” que cantamos en nuestro himno vaya cobrando verdadera validez.