[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Barack Obama acaba de superar a W. Bush: no cerró Guantánamo, inaugurado por su antecesor; amplió a Pakistán las guerras en Irak y Afganistán y su política económica y social no cambió la dirección que le imprimiera W. Pero pocos días después de cumplirse, el 15 de diciembre, el 220º aniversario de la Carta de Derechos que los Padres Fundadores de EE.UU. erigieron en modelo democrático, Obama promulgó una ley que recorta las libertades civiles más, pero mucho más que la Patriot Act de su predecesor. La National Defense Authorization Act (NDAA), aprobada por el Congreso, faculta a las fuerzas armadas a encarcelar por tiempo indeterminado, sin cargos ni proceso y en prisiones militares, a todo estadounidense sospechado de terrorista, aunque viva en el extranjero. Adiós al derecho de defensa y a un juicio civil, adiós a la presunción de inocencia del acusado hasta que su culpabilidad se pruebe.

Son conocidas las torturas y humillaciones propinadas a los presos en Guantánamo y aún padecen, los que quedan, exactamente la misma situación. Este hecho despertó protestas débiles en EE.UU., finalmente se trataba de extranjeros. La amenaza de que los estadounidenses mismos se vean sometidos a semejante trato provocó las reacciones más inesperadas, aun antes de que Obama diera su plácet al engendro. El New York Times publicó una columna de opinión de los generales (R) Charles C. Krulak y Joseph P. Hoar, del cuerpo de marines, nada avara en adjetivos (www.nytimes.com, 12–12–11).

(La NDAA) “es equivocada e innecesaria: el presidente ya cuenta con el poder y la flexibilidad que requiere una lucha efectiva contra el terrorismo... las leyes en vigor facultan a los militares a detener a los capturados en el campo de batalla, pero esta disposición extendería el campo de batalla a EE.UU.”. Agregan que la disposición no sólo viola el espíritu de la legislación que limita el uso de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad interna, “sino también nuestra confianza en el personal de servicio, que se alistó pensando que nunca se le pediría que volviera sus armas contra nuestros compatriotas”. Subrayan que la medida “reduce, si no elimina, el papel de las cortes federales en los casos de terrorismo... desde el 11/9, las inciertas e inexpertas comisiones militares condenaron solamente a seis acusados de terrorismo, mientras que los tribunales civiles sentenciaron a más de 400”. Una consideración muy práctica.

Forbes distrajo un poco de su permanente atención a los multimillonarios para titular así una de sus columnas: “La NDAA es la amenaza más grande a las libertades civiles que los estadounidenses enfrentan” (www.for bes.com, 5-12-11). “Y qué hay de la inocencia hasta que la culpabilidad se pruebe. Y qué hay de un gobierno con límites. Estamos afrontando el acabóse. O mantenemos las libertades intrínsecas de nuestra república constitucional o rompemos ese proyecto entero en nombre de la seguridad librando sin término esa infructuosa, cara y en última instancia contraproducente Guerra contra el Terror.”

Al parecer, juicios tan duros hicieron vacilar a la Casa Blanca y varios asesores sugirieron la posibilidad de que la ley fuera vetada. Pero Obama, citando vagos cambios introducidos en el texto, pegó la vuelta en U y descartó el veto incurriendo en lo que un editorial del New York Times calificó de “una rendición política completa, que refuerza la impresión de una presidencia que se mueve a tropezones” (www.nytimes.com, 15-12-11). A saber si fue realmente así.

El patrón de la Casa Blanca agitó el fantasma del veto “pero no porque tuviera alguna objeción a la sustancia de la ley –señaló el Christian Science Monitor–. En realidad el presidente, que es un ex profesor de derecho constitucional, quería retener la facultad de aplicar sus disposiciones, es decir, el encarcelamiento militar por tiempo indeterminado, a los ciudadanos estadounidenses que, en virtud de la Constitución, tienen derecho a un juicio expeditivo y público y a la protección jurídica debida. El Congreso capituló” (www.csmonitor.com, 28–12-11). No fue Obama el que izó bandera blanca.

El profesor de derecho Jonathan Turley, de la Universidad George Washington, trazó el historial de las violaciones de los derecho civiles y humanos cometidas por el gobierno Obama, desde el permiso para usar ese tormento llamado “submarino” hasta el bloqueo de la investigación y procesamiento de torturadores del ejército y la CIA (www.latimes.com, 29–11-11). “Con el tiempo, la elección de Barack Obama podrá considerarse como uno de los sucesos más devastadores en nuestra historia de las libertades civiles”, concluye Turley.

La Carta de Derechos, primera enmienda de la Constitución de EE.UU., aprobada en 1791, garantiza, entre otras, la libertad de expresión y de reunión, el derecho, entre otros, a no ser sometido a torturas y a un juicio rápido con un jurado imparcial. Pareciera que el ex profesor de derecho constitucional olvidó todo lo que sabía.