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–¿Que significa la denominación “nuevas guerras” que ustedes usan en el libro El negocio de la guerra?

–En el debate académico y –en parte– político, el término “nuevas guerras” se introdujo para denominar el hecho de que más y más guerras no se dan entre países sino al interior de países o entre, por lo menos, un ejército regular y uno irregular. Pero el término se podría ampliar porque, con los cambios de las estrategias de la conducción, vemos que hasta los países con ejércitos regulares están externalizando la violencia a empresas privadas o estructuras paramilitares: actores que no son los tradicionales de las guerras “comunes”.

–¿Se acabaron las guerras entre Estados?

–No es que se hayan acabado. Al contrario, en la última década también hubo un reforzamiento de las guerras contra países, pero se presentaron de otra manera. Los ataques a Afganistán o Irak han sido guerras entre países, pero el porcentaje de las guerras irregulares en comparación con las regulares está aumentando.

–¿Esto obedece a la lógica neoliberal?

–Decimos que obedece a ciertas lógicas del neoliberalismo en el sentido de aumentar ganancias. El sentido de la guerra cambió. Tradicionalmente, era para cambiar las elites y el control de las economías, o introducir otro modelo de dominio económico o político. Ahora, en muchos casos, las guerras son permanentes. No se hace la guerra para implementar otro modelo económico sino que la guerra misma es el mecanismo de ganancias.

–¿Por ejemplo?

–Por ejemplo, Colombia. Muchas de las ganancias en ese país son porque –prácticamente– es un país en guerra. Durante los últimos 20 años, el pasaje de la agricultura pequeña y mediana a la agroindustria se hizo con una guerra. Si no, no hubiera sido posible expropiar a millones de campesinos de sus tierras y hacer una reforma agraria al revés, donde terratenientes y paramilitares se apropiaron de 6 millones de hectáreas de tierra.

–¿Esta es una de las lógicas distintivas de las “nuevas guerras”?

–La permanencia de la guerra hace que se pueda llevar a cabo ese modelo de agroindustria en distintas zonas. Sólo a través de la guerra son desplazados los campesinos y las comunidades indígenas o afro-descendientes que, en Colombia, tienen un derecho constitucional a sus territorios ancestrales. El sueldo real de obreros industriales en Colombia ha bajado porque mediante la guerra o el paramilitarismo se mata a los sindicalistas o se los presiona cuando hay conflictos laborales.

–En este escenario, ¿cómo queda el lugar del Estado?

–En todo el discurso liberal se dice que el Estado está supuestamente perdiendo el control de esos actores armados. Fundamentalmente, en el caso de Colombia. Creo que los Estados no pierden el control y, si lo pierden, es en pequeños puntos. Simplemente están externalizando las funciones represivas o de guerra creando más confusión. Los grupos paramilitares colombianos se crearon por las dificultades del Estado de conseguir financiamiento internacional en los ’80, por la responsabilidad del ejército o la policía en delitos contra los derechos humanos. Luego se montó el show de la supuesta desmovilización de los paramilitares, pero ya a finales de los ’90 era de conocimiento público que el paramilitarismo estaba coordinado, fomentado y controlado por el ejército y las autoridades colombianas. En 2000, Human Right Watch! publicó un análisis de Colombia cuyo título era “Paramilitarismo, la sexta división del ejército colombiano” (el ejército colombiano tenía cinco divisiones). En ese informe aclaran que el paramilitarismo es parte integral de la situación del ejército colombiano y que el proceso de desarme es una farsa. Los supuestos paramilitares desmovilizados aparecen en otras zonas de Colombia donde todavía se necesita el paramilitarismo como estrategia o como supuestos grupos rearmados.

–¿Cómo y cuándo nacen las Compañías Militares Privadas (CMP)?

–Las primeras nacen inmediatamente después de la II Guerra Mundial, porque el ejército de Estados Unidos tenía grandes capacidades de transporte que ya no necesita mantener y empezó a privatizar parte del transporte. Pero el verdadero boom de esas empresas empezó a fines de los ’80 y se reforzó en forma masiva en los ’90. En la primera guerra de Estados Unidos contra de Irak, la relación entre empleados de las CMP y soldados era de 1 a 100. En Afganistán, de 1 a 50/40. Ahora, en Irak hay 180 mil empleados de CMP, según los datos del propio ejército norteamericano. Más cantidad que soldados del ejército.

–¿Qué actividades desarrollan estas compañías?

–Todas las que uno se pueda imaginar. El manejo de armas sofisticadas (como aviones no tripulados, radares o misiles de buques estadounidenses) en la primera oleada de ataques a Irak fue realizado por especialistas de empresas privadas. Además reparten el correo, cocinan o lavan la ropa de los soldados, montan los campamentos militares, las cárceles. En el caso de la cárcel de Abu Ghraib hubo juicios e investigaciones en contra de menos de 10 soldados de Estados Unidos, cuando debería haber muchos más implicados. La verdad es que la cárcel estaba manejada en todas sus funciones por dos empresas privadas: CACI y Titan.

–¿Cuáles son las ventajas de externalizar ese tipo de tareas hacia las CMP?

–Que formalmente son civiles, entonces no pueden ser juzgados por la Justicia militar. Al mismo tiempo, en sus contratos se les asegura que no pueden ser sometidos a la Justicia civil de los países en los que actúan. Prácticamente se crea un campo de impunidad. Y la única vía de hacer algo en contra de esos crímenes es iniciar causas en Estados Unidos en contra esas empresas. ¿Cuántas víctimas tienen la posibilidad de hacer eso? Casi nadie.

–¿Se crea una suerte de marco normativo del accionar de estas empresas?

–Sí. Se legaliza todo el negocio de los mercenarios con ese marco de impunidad. Además, se externaliza la responsabilidad. Miles Frechette, ex embajador de Estados Unidos en Colombia, dijo que es muy cómodo trabajar con esas empresas porque, si mueren, no son soldados de Estados Unidos y, si hacen algo mal, la responsabilidad tampoco recae en los Estados Unidos. En el caso de las DynCorp, que hace las fumigaciones de supuestos cultivos de amapola y coca, en Colombia hay una causa internacional porque han fumigado parte de Ecuador. Pero la empresa dice que ellos no pueden decir nada porque parte de su contrato es no dar información a terceros. El contrato viene del Pentágono. Entonces si un congresista le pide rendir cuentas, el Pentágono presenta el contrato y dice: ellos hacen estas tareas. Si hacen algo más no lo podemos controlar porque es una empresa privada.

–¿Estas empresas son generalmente estadounidenses contratadas por el Pentágono?

–La mayoría. De hecho, la mayor parte del financiamiento viene de Estados Unidos. Del gasto militar a nivel mundial, Estados Unidos ejecuta la mitad. Hay empresas también en Europa, empresas rusas, en Asia. Pero las de Estados Unidos sólo trabajan con el consenso del Pentágono. Puede que entrenen al ejército de Corea del Sur, pero con acuerdo del Pentágono. A las empresas rusas u otras de países del Este las contrata quien tenga dinero.

–¿Cómo convive el ejército norteamericano con las CMP?

–Depende de qué sectores del ejército hablemos. En el campo concreto, probablemente haya conflictos, ya que los empleados de esas empresas de seguridad suelen ganar más dinero que los soldados. Trabajan en asuntos más riesgosos, con menos seguridad. Pero el trabajar juntos funciona muy bien porque las empresas de seguridad son fundadas y organizadas por ex miembros del ejército de Estados Unidos. También muchos políticos son dueños o copartícipes de esas empresas. Hay empresas como la MPRI, fundada por generales de Estados Unidos de la primera guerra contra Irak, que estuvieron durante un tiempo en las reuniones del Pentágono. Hay nexos personales muy estrechos. Eagle Aviation Services and Technology (EAST), que prestó el servicio a la CIA en los años ’80, es la encargada del transporte de maquinaria en el marco del Plan Colombia y del Plan antidrogas de América del Sur.

–¿Cuánto dinero manejan estas empresas?

–Es un negocio que debe estar manejando alrededor de 150 o 200 mil millones de dólares al año en el mundo. Las pequeñas fueron compradas por más grande, mueven mucho dinero, varias cotizan en la Bolsa. Se volvió un meganegocio en el que participan empresas que trabajan en otros campos. Pero también hay nexos entre empresas transnacionales de recursos naturales como petroleras y mineras.

–¿Puede darnos un ejemplo?

–En la guerra en el Congo, antes de que Laurent Cavila ganara, había transnacionales mineras que pagaban a mercenarios o empresas militares privadas para acompañar a las diferentes facciones. Una vez liberado un territorio minero, ya había ingenieros y las CMP con las mineras tenían el control del territorio y hacían un acuerdo con la facción ganadora para explotar el yacimiento.

–¿Cómo es la contratación de las CMP?

–Son contratadas para hacer trabajos. Y ése también es otro asunto para evadir el control. La ley norteamericana establece que todos los contratos que superan los 50 millones de dólares tienen que ser aprobados por el Congreso. Normalmente se fraccionan los contratos para que sean menores y el Congreso ni se entera de esos contratos o de que se estén haciendo esas misiones. Es la posibilidad de Estados Unidos de hacer intervenciones militares en otros países sin que aparezcan como tales, porque no son sus soldados los que actúan. Todos sabemos el impacto público que causa la imagen de los soldados muertos con la bandera yanqui que regresan a EE.UU. Eso no sucede si se muere un empleado de una empresa privada: no causa indignación pública porque es como si se muriera un empleado de la IBM en Singapur. No le importa a nadie. En Irak se puede asumir que han muerto, como mínimo, 2 mil empleados de CMP. Eso ayuda a mantener el número de los caídos en un nivel bajo.

–¿Contratan empleados en América latina?

–Lo de reclutar en América latina ha crecido mucho en los últimos cuatro años. Antes reclutaban mucho en Filipinas, Nepal, Fiji, Estados Unidos, Inglaterra, Francia. Más acostumbrados a trabajar con cierta modalidad. En Nepal, los gurkas tienen una tradición de 150 años de mercenarios, y los de Fiji obtuvieron mucha formación en misiones de la ONU.

–¿Hay una estimación de cuánto destinan las empresas transnacionales al financiamiento de seguridad con apoyo militar?

–Seguramente lo tienen incorporado al presupuesto, pero es difícil estimar. En la Argentina, la Repsol está trabajando con empresas de seguridad privadas para darles seguridad a sus campos petroleros.

–¿Qué tipo de actividades realizan esas compañías en la Argentina?

–Actividades de seguridad que probablemente signifiquen también espiar a movimientos sociales con posiciones contrarias a la explotación petrolera o control del territorio. La ventaja es que no necesariamente el Estado da gratis los policías o militares que la empresa considera necesarios para ese control, en cambio para la empresa privada es más importante lo que diga el que la contrata que lo que diga la ley.

–¿Sabe cuáles son las empresas contratadas por Repsol en la Argentina?

–Yo no lo sé. Pero se necesita menos gente para resguardar un pozo petrolero en la Argentina que en Colombia.

–¿Cómo aparecen en los medios de comunicación estas empresas?

–Un caso que pasó mucho por la prensa fue en 2004 en Fallujá, donde hubo imágenes fuertes de unos supuestos civiles –como explicó en principio la prensa– que fueron atrapados por la población iraquí, asesinados y sus cuerpos quemados y colgados en un puente. La prensa dijo que esa gente acompañaba un convoy. Formalmente eran civiles, pero eran empleados de Blackwater, una de las empresas más grandes en el campo militar. Estaban dando seguridad a un convoy de soldados norteamericanos, un trabajo militar. El problema es qué información obtiene y brinda la prensa. Toda la información que hay del conflicto en Irak pasa por el departamento de relaciones de prensa del ejército de Estados Unidos. Son reportes de prensa militares. Ellos sólo reportan acciones en las que participan los soldados del ejército norteamericano, pero como hay más empleados de empresas militares que soldados, sobre muchas acciones no tenemos ninguna información. Hubo empleados de empresas privadas que repelieron el ataque de las fuerzas rebeldes iraquíes cuando la ciudad de Falluja estuvo tomada por la resistencia. Las fuerzas de la empresa Blackwater se infiltraron para hacer atentados y poner bombas.

–¿Los empleados de las CMP son los contratistas que menciona la cadena CNN, por ejemplo?

–Sí, son los empleados de estas empresas. El ejército contrata a las empresas y las empresas a estas personas. Pero no sólo el ejército. En Irak todas las embajadas y empresas contratan CMP para custodia y seguridad. En Colombia, la colombiana Ecopetrol, que explota campos petroleros junto a la OXI de Estados Unidos, contratan a la CMP AirScan de Florida para hacer sobrevuelos y obtener información de tropas insurgentes que estén cerca de los campos y el oleoducto desde el Caño Limón al puerto donde se exporta petróleo a Estados Unidos. En 1998, el pueblo de Santo Domingo fue bombardeado por helicópteros del ejército colombiano y dejaron casi 20 muertos. Se hizo una investigación, se les hizo juicio a los pilotos del ejército colombiano y dijeron que bombardearon, pero sólo siguiendo órdenes. AirScan pasó información al ejército de que en ese pueblo había una columna guerrillera, por eso se bombardeó.

–Entonces cuidan los negocios de empresas y brindan servicios al ejército.

–Es parte del trabajo. En el caso del campo petrolero de Caño Limón es una cooperación bien organizada y compartida. La empresa de seguridad es pagada por las empresas y apoyada por el ejército colombiano y de Estados Unidos con tecnología. Es un conjunto de empresas públicas y privadas, ejércitos, CMP y policías que conforman una red que garantiza la salida del petróleo de Colombia a Estados Unidos.

–En este entramado, ¿las CMP tienen relación directa con los Estados y los ejércitos?

–La operatoria es la siguiente: Estados Unidos hace el Plan Colombia y gran parte del dinero nunca llega a Colombia, sólo cruza la calle del Pentágono, ya que enfrente están las sedes de muchas de las empresas privadas militares que van a “trabajar” a Colombia. Hay que destacar que mientras en las guerras clásicas los soldados tenían el interés de terminar la guerra, estas empresas no, porque sólo ganan si hay conflicto. Probablemente no actúen con el espíritu de terminar con esos conflictos porque perderían su trabajo.

–¿Tienen vínculos comprobados con el narcotráfico en Colombia?

–Hubo casos de varios empleados de empresas que estuvieron implicados en casos de narcotráfico. Es muy difícil averiguar, pero se puede suponer que hay algunos contactos entre algunas empresas y el narcotráfico.

–Dentro de las tareas de las CMP en Colombia, ¿se incluye el accionar contra dirigentes sociales?

–Sí, la British Petrol contrató una empresa que hacía trabajos de inteligencia con movimientos sociales e indígenas que estaban en la zona. Los paramilitares asesinaron líderes sociales y se sabe que las CMP pasaban información al ejército. Los militares dicen que no los mataron, que fueron los paramilitares, pero el nexo queda claro.

–¿Cómo actúan estas compañías en México?

–Hay algunos mercenarios israelíes que apoyaron el entrenamiento de la formación de grupos paramilitares en Chiapas. Pero es poco claro. México es más construcción de paramilitarismo. El modelo paramilitar en México es diferente al colombiano. En Colombia se organizaron tropas irregulares que se adueñaron de tierras, casas, etcétera. En México se crean comunidades paramilitares. Se las infiltra, se las prepara y se las vuelve comunidades paramilitares.

–¿Cómo se vincula el accionar de estas compañías con la violencia de género en Guatemala?

–El de Guatemala es un caso anterior de construcciones paramilitares como las autodefensas civiles, pagadas para apoyar al ejército en su trabajo genocida. La violencia de género encaja porque es parte integral de la guerra desde siempre. Se asesinaban a los hombres y violaban y se quedaban con las mujeres. Eso rompe el tejido social de toda la comunidad.

–Estas estructuras paramilitares, con las CMP y los Estados, ¿conforman modos de control social y paraestatalidades?

–Sí, paraestatalidad porque tienen territorio o representan al Estado. Salvatore Mancuso, ex jefe paramilitar colombiano –quien fue extraditado el 15 de mayo último para ser juzgado en Estados Unidos–, dijo en una entrevista a RCN que controlaban congresistas y que, para llegar al cargo, tenían que acordar con ellos, si no, no recibían votos. Colombia es claramente un narco-Estado paramilitar. No controlan zonas sino que están en el Estado. Esto también explica los nexos con las empresas privadas. En el norte de Colombia, empresas bananeras pagaban un porcentaje por cajón de bananas a los paramilitares para la seguridad. Para ver los lazos estrechos de la política y los paramilitares, otro jefe paramilitar, Diego Murillo, alias Don Berna –también extraditado–, dijo que existían bajo los gobiernos y Estados que los llevaron a velar por la Justicia “con nuestros propios puños y nuestros propios medios. Si hablan de cárcel por lo que hicimos, todos ellos deben ir con nosotros”.

–¿Hay empleados de las CMP rehenes de las FARC?

–Hay tres, pero es un caso complicado. Una avioneta, prestada por el Pentágono a una empresa, sobrevolaba las zonas guerrilleras para pasar información de columnas y jefes guerrilleros al ejército y fue abatida. Se suponía que los estadounidenses en manos de las FARC eran de la empresa, pero luego se supo que eran de la CIA y que se usó a la empresa como pantalla.

–¿Existe alguna estrategia de Estados Unidos para América latina donde participen las CMP en el mediano largo plazo?

–Hay dos elementos, uno es una gran base de datos de ex militares formados que participaron en dictaduras y fueron adaptados a las formas nuevas de actuar del ejército de Estados Unidos para trabajar en Irak. Hay miles de empleados latinoamericanos trabajando para las CMP: ex militares de la Argentina, Chile, Honduras, El Salvador y policías especiales de Brasil, Perú. Neskowin tenía su sede en Montevideo y reclutaba ex militares argentinos y uruguayos para la Blackwater en Irak. La segunda es la ampliación masiva del paramilitarismo en algunos países de Latinoamérica. En Venezuela empieza a tener contactos con grupos de oposición, en Bolivia también con los autonomistas de Santa Cruz y en Ecuador para formar como una especie de contra stand by a mediano plazo. En Venezuela se puede traducir en una combinación entre las estructuras paramilitares y personal contratado que monte algo similar a la contra como fue en Nicaragua.