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–Cinco ministros del gobierno de Brasil tuvieron que dimitir, cuatro bajo sospecha de haber participado en actos de corrupción. Pasados los primeros nueve meses de gobierno, ¿cree que Dilma Rousseff actuó bien en este asunto?

–La presidenta Dilma tiene el apoyo de la población en las decisiones acertadas que está tomando. Rousseff dijo que no va a aceptar actos de corrupción y que si un ministro es acusado debe dimitir, a la vez que se abre una instancia de investigación en la que intervienen la policía federal, los diversos órganos de control e incluso el Tribunal de Cuentas.

–¿Usted opina que el funcionario acusado tiene que dar explicaciones al Congreso, por ejemplo?

–Sí, Todos los ministros sobre los que hubo cualquier indicio o problema de corrupción fueron llamados a comparecer ante el Congreso y tuvieron que dar cuenta de lo sucedido. Cuatro ministros han sido destituidos de sus funciones, investigados por hechos irregulares. El ex titular de Defensa Nelson Jobim también tuvo que salir del gobierno, pero debido a sus polémicas declaraciones (N. de la R.: Jobim dijo que votó a José Serra en las últimas presidenciales). En el Congreso invitamos a la orden de abogados de Brasil y a más de diez entidades de la sociedad civil a discutir qué tipo de acciones implementar para evitar la corrupción. Se trata de un movimiento que crece, con manifestaciones populares en las calles. Y que tiene un carácter de apoyo a la presidenta.

–A raíz de estos casos, ¿se generaron tensiones entre el Partido de los Trabajadores (PT) y su socio principal, Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB)?

–Obviamente que cuando hay un caso de corrupción que afecta a un partido, sea el PMDB o el Partido de la República (PR), o cualquier otra formación de la coalición gobernante, siempre se produce cierto desgaste. Dilma ha sido muy firme y tiene el apoyo de la base de la coalición, de todos los partidos, para hacer lo que sea importante.

–¿Podría decirse que hay una corrupción estructural en el gobierno?

–No, no me parece. La máquina administrativa es muy grande y los órganos de control están muy atentos para detectar acciones incorrectas o de enriquecimiento ilícito.

–Una de las promesas de campaña de Rousseff fue la creación de una Comisión de la Verdad. El proyecto ya tiene media sanción. Hablamos de verdad pero no de justicia. ¿Es impensable debatir el abandono de la amnistía?

–Existen preocupaciones de algunos sectores respecto de qué va a hacer la Comisión de la Verdad. Es difícil considerar el abandono de la amnistía, porque fue promulgada como ley en Brasil. Sin embargo, la Comisión de la Verdad sirve para que se sepa todo lo que ocurrió, especialmente durante la dictadura militar. Existe un fuerte apoyo de la sociedad para que se sepa toda la verdad. La ministra Maria do Rosario se mostró favorable a dar los pasos necesarios para avanzar con los derechos humanos. Creo que tendrá el respaldo también en el Senado.

–En Uruguay se llevó a cabo un plebiscito sobre la Ley de Caducidad o amnistía. ¿Podría impulsarse una consulta ciudadana similar en Brasil?

–No. Sí veo más probable que los diputados elaboren un proyecto de ley en ese sentido. Personalmente creo que un ejemplo importante en este asunto fue la comisión de verdad y reconciliación que hubo en Sudáfrica, que fue presidida por Desmond Tutu y que hizo un trabajo muy distinguido; de hecho después recibió el Nobel de la Paz. Según la ley sudafricana, cuando una persona que había cometido un delito prestaba testimonio de lo que ocurrió entonces podía recibir la amnistía. Esa era la particularidad del proceso para poder arribar a la verdad. Creo que este ejemplo ayudó mucho a la democratización de Sudáfrica. Fue una iniciativa del presidente Nelson Mandela.

–Algunos analistas creían que en política exterior sería el área en donde más se iba a ver la diferencia de estilos de Lula da Silva y Dilma Rousseff. Dada la posición que está teniendo Brasil con Siria y Libia, se puede ver más una continuidad entre mentor y sucesora. ¿Usted qué opina?

–Creo que en principio es una continuidad, pero con algunas diferencias de estilo o de sensibilidad de la presidenta. Para citar un ejemplo, Dilma se puso firme al decir que no admitiría un castigo como la lapidación a raíz del caso de la mujer en Irán que iba a ser lapidada por haber cometido adulterio y se sospechaba que podría haber sido responsable de la muerte de su marido. Con respecto a los países árabes, el gobierno de Lula y de Dilma muestran una simpatía muy grande hacia los movimientos de democratización, y también lo que el gobierno de Brasil quiso marcar era que es necesario entablar diálogos que podrían evitar la violencia, que podrían evitar una guerra civil. Tanto en Siria como en Libia hasta este momento existen combates entre los que están con la resistencia y los que apoyan los regímenes. El gobierno de Brasil quiere colaborar para que los países árabes de Africa sean más democráticos.

–En el caso particular de Libia, ¿cuál es la postura de su país?

–Estamos viendo los últimos momentos de Khadafi. Es difícil que el gobierno de Brasil cumpla otro rol que no sea el de observar y respetar la autodeterminación del pueblo de Libia, así como recomendar que se utilicen medios pacíficos para la resolución del conflicto.

–El Movimiento Sin Tierra y otras organizaciones sociales están reclamando modificaciones en la política económica del gobierno petista. ¿Qué le parece que se debiera hacer para mejorar la distribución del ingreso y reducir la pobreza estructural de Brasil?

–La reducción de la pobreza extrema constituye el mayor objetivo de la presidenta Dilma. Para lograrlo, procuramos poner en práctica varias medidas en política económica y social, incluyendo un área de reforma agraria. Las protestas sobre todo de la Vía Campesina y del MST piden que haya una aceleración de la reforma agraria. Creo que es una demanda legítima. Brasil, al final de los años noventa tenía un coeficiente Gini de desigualdad próximo al 0,60; en 2002 era 0,59 y cada año del gobierno de Lula fue disminuyendo. Hoy estamos en 0,53 y la pobreza extrema –definida como las familias que reciben menos de 70 reales per cápita por mes– fue disminuyendo también. Como parte de la campaña de extinción de la pobreza extrema, la presidenta Dilma anunció medidas para expandir diversos programas sociales, como por ejemplo el microcrédito de la economía familiar y el valor de la Bolsa Familia. El programa Bolsa Familia constituye uno de los principales instrumentos utilizados por el gobierno de Lula para asegurarse que todos los brasileños se alimenten tres veces por día. Según la ley que define el programa, todas las familias con renta mensual de menos de 100 reales por persona podrán acceder a la Bolsa Familia.

–¿Qué se expandió concretamente de esos planes?

–De julio para acá toda familia que tenga un ingreso per cápita mensual menor a los 140 reales puede recibir el beneficio de Bolsa familia. Si el ingreso no es siquiera de 70 reales por mes el beneficio básico es de 70 reales por mes, más 32 reales por hijo pequeño y 38 reales por hijo adolescente –hasta cinco hijos, antes se contemplaban tres–. Existen requisitos que debe cumplir la familia: la madre embarazada debe hacerse el chequeo médico prenatal, los niños menores de seis años tienen que ser vacunados; los niños y jóvenes tienen que tener un 85 por ciento de asistencia a clase y los padres, en la medida de lo posible, deben realizar cursos de alfabetización o capacitación profesional. El gobierno nacional hizo convenios con los gobiernos estaduales (provinciales): por ejemplo en San Pablo el gobierno paulista completa el ingreso de la familia si no cuenta con un mínimo de 70 reales per cápita.

–Se trata de avanzar por sobre lo que hizo el gobierno de Lula.

–Sí. Además, como hay cerca de 17 millones de familias con ingreso per cápita hasta 140 reales por mes, sólo un 67 por ciento se beneficia con el programa Bolsa Familia. Pero hay que completar para llegar al ciento por ciento de los hogares. Entonces el gobierno irá a hacer lo que la presidenta Dilma denominó “la búsqueda activa” de encontrar a las familias que tienen la posibilidad de recibir el programa y no lo reclaman. Esa es la meta del gobierno del PT para los próximos años.

–Senador, ¿esto está inspirado en su proyecto de Renta Básica Ciudadana?

–Sí. En 2003, el Congreso aprobó la ley 10.835 (y el presidente Lula la sancionó en 2004) que instituye la renta básica ciudadana de forma progresiva. Se trata de que todos los brasileños, sin importar su raza, su estado civil, su condición socioeconómica, y también los extranjeros que residan en Brasil desde hace cinco años, todos tengan el derecho de recibir anualmente un beneficio monetario para atender sus necesidades básicas. La incorporación de personas al programa de renta básica de ciudadanía será en etapas, a criterio del poder Ejecutivo, priorizándose las clases más necesitadas de la población. ¿Cuándo se institucionaliza? Si fuera por mí, mañana mismo. Cuando el proyecto se estaba analizando el senador Francelino Pereira me aconsejó que la renta sea incorporada de forma gradual para que esté de acuerdo con la Ley de Responsabilidad Fiscal. Yo lo acepté porque era la forma de que fuera aprobada.

–La idea es que todos reciban la renta, ¿incluso los más ricos?

–Usted se puede preguntar si les vamos a pagar a todos, incluso a Ronaldinho. Sí, también. Los ricos deberán colaborar más para que todos puedan recibir la Renta de Ciudadanía. Este es el modo de llegar a los más necesitados con mayor eficacia. Las ventajas son varias: eliminamos la burocracia que involucra tener que fiscalizar los rendimientos recibidos por cada persona para poder contar con el beneficio; eliminamos el sentimiento de estigma o de vergüenza de tener que decir cuánto gana el que recibe la ayuda y eliminamos la dependencia que normalmente acaba provocando las trampas de la pobreza y del desempleo cuando los programas definen el derecho de una familia a un beneficio si su renta no alcanza determinado nivel. Por ejemplo, si una familia gana hasta tanto y recibe un complemento, es probable que no busque un trabajo que reemplace ese complemento. En cambio, si todos lo recibimos, siempre habrá estímulo al progreso. Algunos podrán preguntarse si es que se estimula el ocio o la vagancia. Pensemos en la naturaleza del ser humano. Hacemos una porción de cosas sin remuneración, porque amamos hacerlas. En las comunidades barriales, en las iglesias de todas las denominaciones, en los centros académicos, en las facultades, cuántos hacemos actividades porque nos sentimos útiles. En la Constitución de Brasil se establece el derecho a la propiedad privada, eso significa que aquellos que son propietarios de las fábricas, de los haciendas, de los bancos, de los hoteles y restaurantes estas personas tienen el derecho de recibir los beneficios, los alquileres, los intereses, los lucros, etc. ¿Está escrito en algún lado que tienen que probar que están trabajando para recibir el rendimiento del capital? No. El propietario no tiene que demostrar que los hijos van a la escuela. Por tanto, ¿por qué no extender a todos el derecho inalienable de participar de la riqueza de la nación? La ventaja más importante es la libertad del ser humano. Si hubiera una renta básica para todos, para la niña que se prostituye o para el joven que se somete a condiciones laborales de semiesclavitud, ellos podrían tener el derecho de no aceptar hacer lo que están haciendo.

–¿Como se aplica hoy en Brasil?

–De la misma manera en que el proyecto de Bolsa Familia se inició localmente, estoy estimulando para que los alcaldes de los municipios inicien su aplicación.

–¿Hay algún ejemplo en el mundo donde ya existe la renta básica de ciudadanía?

–En los años ’60 el alcalde Jay Hammond, de Bristol Bay, una pequeña aldea de pescadores, observó que pese a la enorme riqueza que dejaba la pesca había mucha gente pobre. Hammond creó un impuesto del 3 por ciento sobre el valor de la pesca para constituir un fondo que fuera para todos. Tuvo enorme dificultad, demoró cinco años para convencer a todos. Una vez instituido, diez años después aquel alcalde fue electo gobernador del estado de Alaska. Como el petróleo es una riqueza no renovable, el gobernador propuso un proyecto de enmienda constitucional para que se reserve 25 por ciento de los royalties de la explotación de los recursos naturales para un fondo que sea de todos los habitantes del estado. Se formó un fondo permanente de Alaska, que hizo de ese estado el más igualitario de Estados Unidos.

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