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Macarena Gelman vive una mezcla de sensaciones. Por un lado, la tristeza profunda que le causa la ausencia de su abuelo Juan Gelman, fallecido hace tres meses. Por el otro, un entusiasmo que hace tiempo no tenía y que se debe a su participación en la política de Uruguay. Macarena es primera candidata a diputada por la agrupación IR, que fundó en 2010, y que forma parte de la coalición de centroizquierda gobernante Frente Amplio (FA).

Esta mujer de 37 años, nacida en cautiverio en Uruguay, nieta recuperada del Plan Cóndor, respalda la precandidatura presidencial de Constanza Moreira. El 1º de junio, Moreira competirá en las primarias del FA con el favorito ex mandatario Tabaré Vázquez, quien vetó la ley del aborto en el 2008. Para Macarena Gelman, la senadora es la candidata que se ha expresado mejor a favor de la despenalización del aborto y la lucha por los derechos humanos; contra la impunidad de los represores y contra los intentos de la derecha de bajar la edad de imputabilidad. Todos temas que interpelan a la joven que transita las dos orillas del Plata.

–Con su abuelo se reencontró hace 14 años y ambos se acompañaron en la búsqueda de su madre biológica, María Claudia García Iruretagoyena. ¿Qué legado le dejó?

–En este último tiempo de vida de mi abuelo pudimos tener varias conversaciones muy lindas, sabiendo que nos estábamos despidiendo. ¿El legado? Es muy difícil de explicar, yo compartía muchas cosas con mi abuelo, sobre todo la manera de encarar y de vivir lo que nos pasó, con las distancias propias entre su experiencia y la mía. Tengo todo muy a flor de piel, no podría hablar en este momento en términos de legado, sino que pienso en un montón de imágenes, conversaciones y actitudes que se vienen a mi mente. Si bien no fue nada fácil el trayecto de estos últimos años, fuimos haciendo un vínculo y descubrimos cosas que teníamos en común.

–¿Se ve rasgos parecidos?

–Sí, rasgos de personalidad como el humor, el hecho de desdramatizar lo que nos sucedió en nuestras vidas. Me gusta destacar que todos somos bastante más de lo que nos tocó vivir y mi abuelo, además de la historia tremenda que compartió conmigo, hizo su propio camino a través de la escritura y la poesía. Su trayectoria como escritor naturalmente se ve influida por lo que pasó, pero también hay un más allá. Esa lucha era compartida, de tratar de lidiar con esta historia de una manera que nos permitiera proyectarnos. Además de despedirme, tuve la convicción de que había que celebrar su vida y lo que había dejado.

–¿Qué la motivó a postularse como candidata?

–Aclaro que no es un proyecto personal el de llegar a la Cámara de Diputados, sino que es un proyecto colectivo. Fui parte de la directiva del IR, una agrupación que nuclea gente de diversas procedencias, como algunos frenteamplistas que se fueron de sus espacios, y fundamentalmente de organizaciones sociales. El común denominador es que muchos de nosotros coincidimos en la militancia estudiantil. Nos conocemos de la época de la facultad. El predominio de los miembros de la agrupación es entre los veinte y los cuarenta años.

–Pienso en Camila Vallejo, que fue la cara del movimiento estudiantil y ganó una banca en el Congreso de Chile con una agenda propia. ¿Se identifica con ella?

–El IR lleva su propia agenda: la renovación y la cuestión de género son preocupaciones centrales. Eso se vio plasmado en las decisiones que se han tomado: que una mujer encabezara la lista y que haya paridad de género. Tenemos muchas compañeras que militan en el movimiento feminista. Queremos ampliar la participación femenina en la política. Estamos, por supuesto, alineados al programa único del Frente Amplio, es una fortaleza grande responder a ese programa. Sea cual fuere el candidato que nos represente en octubre, estará sujeto a lo discutido en el FA.

–¿Cómo se vincula su historia personal con esta nueva faceta de política? Por ejemplo, en el tema clave de derechos humanos.

–A todos nos acompaña nuestra historia personal, la mía es particularmente visible por las circunstancias que tuve que atravesar. Justamente el tema de los derechos humanos había sido postergado y tuvo mayor relevancia a partir de la llegada al poder de la izquierda. Hay un tipo de consenso implícito en el IR: se necesita avanzar. Ha habido una importante investigación histórica, pero no es el tipo de investigación que lleva a encontrar a los compañeros.

–¿Quién la realizó?

–Hay un equipo de historiadores coordinado por el decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, Alvaro Rico, al cual el gobierno del doctor Vázquez le encomendó la realización de una investigación histórica con la finalidad de publicación. Es una especie de libro oficial de lo que se ha podido investigar en materia histórica; es una investigación importante, porque da un marco contextual y avanza sobre el conocimiento de la historia reciente, pero no es lo que lleva a encontrar a los compañeros desaparecidos. Así que para ese objetivo hace falta una investigación real, podría ser en cualquier ámbito, pero hoy día la justicia uruguaya no está en condiciones de realizar esa investigación por su conformación y por las características del proceso penal. Con las últimas resoluciones del máximo tribunal quedó evidenciada una línea política que ha seguido la justicia de no avanzar sobre este tema. La pata de la investigación por la vía del Ejecutivo se ha explorado tímidamente, pero no ha dado resultados concretos, si bien se han encontrado algunos cuerpos en el batallón 14 y 13, y una información comprobable que dio la Armada respecto del enterramiento de dos cuerpos en un predio particular. Allí fue encontrado uno de los dos compañeros que se habían mencionado, Chávez Sosa. El resto de los casos han sido hallados por información aportada no necesariamente por las fuerzas armadas.

–¿De sobrevivientes?

–Sí. Si bien hay muchos efectivos de las Fuerzas Armadas que han ingresado posteriormente o eran muy jóvenes, hay otros que acumulan ese tipo de información. Después el proceso judicial debiera permitir que avancen las causas, esto hasta ahora no ha ocurrido: la capacidad de investigar de la justicia uruguaya es muy escasa. Se creó una unidad de investigaciones en el ámbito del Ministerio del Interior, pero no se la ha dotado de los recursos humanos y materiales necesarios. Es poco más que algo declarativo.

–El presidente José Mujica dijo en una oportunidad que “no quiero tener viejos presos”, en relación con los militares de más de 70 años. El también ex guerrillero tupamaro Eleuterio Fernández Huidobro, hoy ministro de Defensa, se opuso a la anulación de la amnistía. ¿Cree que hay una posición de no mirar el pasado?

–Sí, por lo menos de los más conocidos hay una posición que va en ese sentido, con algunos matices. Entiendo que por su propia historia personal y quizá también por algunas razones que para los demás es muy difícil entender no alienten estos procesos firmemente. Pero al ser una cuestión de toda la sociedad y del país en su integridad, creo que naturalmente esto excede una posición personal o de un sector político. Creo que el tema es muy doloroso y ha costado mucho encararlo históricamente, muchas veces por premeditación o ideología, y otras tantas por torpezas. Hace falta un enfoque más comunitario de este tema, más socializador, que no se reduzca a la consideración por los familiares que buscan. Que sin duda quienes buscamos a nuestros seres queridos tenemos una carga naturalmente mayor, pero también hace falta concientizar sobre lo que esto significó para toda la sociedad. La herramienta educativa es muy importante, creo que hace falta alguna cuestión mejor pensada de cómo abordar la historia reciente en los distintos niveles de enseñanza, y con mayor involucramiento en este proceso. Hasta ahora no lo hemos sabido llevar adelante, pero vamos aprendiendo.

–Hubo avances y retrocesos. Pienso en la ley que aprobó el Congreso en 2011 con mayoría del Frente Amplio para dejar sin efecto la Ley de Caducidad (o amnistía) y posteriormente en el 2013 el fallo de la Corte Suprema, que declaró como inconstitucional un artículo que establece que los delitos cometidos en dictadura no prescribieron.

–La Ley de Caducidad primero fue declarada inconstitucional en el 2009 (N. de la R.: por el caso Nibia Sabalsagaray), posteriormente en 2011 el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció que esa ley carecía de efectos jurídicos sobre la decisión del Estado de enjuiciar a los responsables y de llevar adelante la investigación efectiva. Cuando se trató la prescripción o no prescripción de los delitos, también allí un primer artículo de la legislación aprobada por mayoría del FA establecía que el Estado recuperaba la pretensión punitiva. Esto en su conjunto hizo que de hecho la Ley de Caducidad hoy no tenga efectos. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia avanzó sobre la prescripción de los delitos, y ésa es la realidad que tenemos.

–¿Está de acuerdo con que haya una reforma judicial?

–Por supuesto. Creo que el sistema judicial uruguayo pide a gritos una reforma, no sólo por los temas vinculados al terrorismo de Estado sino por una cuestión generalizada, a fin de que pueda recuperar credibilidad. Tiene que estar la voluntad política de realizar esa reforma.

–¿En qué momento se encuentra la causa de su mamá?

–Si bien la sentencia de la CIDH tiene efectos sobre la causa y la generalidad de las causas, porque amplía el espectro, eso parece ser discutido por la Corte Suprema. Pero aún en mi causa no está claro que se cumpla con la sentencia de la CIDH. El procesamiento de los militares y algún policía que están involucrados en esta causa se dio un día antes del supuesto plazo de prescripción. Los que estaban señalados como responsables (N. de la R.: José Nino Gavazzo, Ricardo Arab, Valentín Vázquez, Jorge Silveira y Ricardo Medina) fueron procesados, pero hasta el día de hoy no hay una condena. De hecho, en este momento se está citando a declarar de nuevo a los testigos y sobrevivientes. Ellos están presos por otras causas. La causa de mi madre ya lleva doce años de recorrido judicial y todavía no ha avanzado sobre la investigación de su paradero. El proceso penal uruguayo es diferente del argentino: no existe la figura del querellante, entonces la víctima formalmente no es parte del proceso, tiene recortada su facultad. El Ministerio Público fiscal necesita modificaciones, porque no cuenta con la capacidad real para realizar las investigaciones. En el sistema judicial todo conspira para que no se avance.

–¿No hay un pedido judicial para que se realicen excavaciones en busca de los restos de María Claudia?

–En el marco de la causa de mi mamá se ingresó en distintas oportunidades en predios militares a excavar; esto significa que puede haber algún testimonio o indicio, pero no porque se avance en las investigaciones. Muchas veces no tiene que ver siguiera con mi mamá: se hace en el marco de la causa pero no refleja un avance en la investigación.

–¿IR propone en su programa una reforma constitucional. ¿En qué otros asuntos marcan una diferencia dentro del Frente Amplio?

–Creo que sería bueno convocar a una asamblea constituyente. Si bien la Constitución ha tenido algunas modificaciones, tenemos que actualizarla de acuerdo con los tiempos que estamos viviendo. Hay que fortalecer la institucionalidad ambiental, acorde con el modelo de desarrollo de país que queremos. Otros asuntos que impulsamos son el cumplimiento y las condiciones de aplicación de la ley de despenalización del aborto y que se garantice el cumplimiento del derecho al sufragio de los uruguayos en el exterior (N. de la R.: se plebiscitó en 2009, pero no logró la mayoría). Junto a las presidenciales de octubre se realizará un plebiscito convocado por la oposición que le preguntará a la ciudadanía si está de acuerdo con bajar la edad de imputabilidad de los menores. Nos parece un retroceso en materia de derechos. La baja de la edad de imputabilidad a los 16 años (ahora es a los 18) no es una solución para tratar la inseguridad. Este asunto está vinculado con la justicia también. Lo menores ya son imputables, pero la oposición quiere que cumplan penas iguales a los adultos, en las mismas condiciones. Hay un riesgo grave en criminalizar a los jóvenes, de condenarlos a no tener la rehabilitación que queremos que tengan. Estamos haciendo campaña por el No.

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