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El desamparo a la papelera Massuh por parte de sus dueños ha encontrado una inédita resolución por parte del Estado que deberá merecer en su momento una evaluación de resultados. Algunos sugieren una sentencia apresurada con el simple argumento de señalar a quien está al frente de esa intervención pública: el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. En esa desvaloración, en cambio, no se analiza el comportamiento empresario que desembocó en la paralización de la planta y el riesgo de pérdida de unos 600 puestos de trabajo. Esa posición tiene las mismas características prejuiciosas y críticas que emergieron hacia las empresas recuperadas. Esta experiencia ofrece alrededor de 150 unidades productivas que pudieron seguir funcionando con distintas formas de organización que se dieron unos diez mil trabajadores ante el abandono de sus patrones. Se trata de un fenómeno que ocupa a una cantidad importante de establecimientos, que no representan una porción significativa del aparato productivo nacional ni un porcentaje relevante de la Población Económicamente Activa. Pero no dejan de ser por ello un movimiento social y políticamente relevante, no tanto por su dimensión cuantitativa sino por su irrupción como una práctica económica novedosa de respuesta a la crisis por parte de los trabajadores. El caso Massuh presenta también la oportunidad de explorar en emergencia la intervención directa del Estado para preservar empleos en un escenario de tensión en el mercado laboral debido al impacto de la crisis internacional. El Gobierno no eligió la vía de una expropiación, sino la de pagar un canon al dueño de la planta por el usufructo de las maquinarias y de las instalaciones, destinando recursos públicos de la Anses y del Banco Nación para poner en marcha la producción.

La crónica de ese desenlace no resultaría completa si no se incluyeran los últimos movimientos de la papelera bajo el control de Héctor Massuh. Un informe preparado por el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, integrado hace más de diez años por abogados laboralistas, economistas, contadores, entre otros profesionales, sostiene que uno de los aspectos llamativos del caso Massuh es que es la única empresa de la industria papelera que presentó pérdidas en su balance de 2008. Si bien la crisis financiera internacional ha impactado en la economía mundial y local, Massuh ha tenido un comportamiento diferente al resto del sector (Alto Paraná, Celulosa, Papel Misionero, Papelera Tucumán, Papelera del Plata), que ha sido muy dinámico en la recuperación económica postdevaluación. En base a los balances de Massuh, esos investigadores realizaron una descripción detallada. Hasta el 2006, Massuh manejaba cuatro plantas: la de Quilmes, que produce pasta celulosa y papel (resmas, papel de impresión, krafts, liners); la de San Justo, de la “División de Papeles Especiales”, produce cartulinas, papeles filigranados, papel de color; la de Brillapel, ubicada en San Luis, que es la principal productora de papel encapado del país; y, por último, la planta de Della Penna, también radicada en San Luis, orientada a la producción de papelería escolar y de oficina. Además, Massuh contaba con seis establecimientos con un total de 10.000 hectáreas en donde forestaba los eucaliptus grandis que, una vez cosechados, se procesaban con otras materias primas para su conversión en pasta celulosa de fibra corta en la planta semiquímica de Quilmes. Luego se destinaba a la exportación y para la fabricación de sus propios productos. La producción total de celulosa ascendía aproximadamente a 50.000 toneladas, y la capacidad total de producción de papel era de aproximadamente 120.000 toneladas anuales. En 2004 se exportó un 9 por ciento de la producción total, cuyos destinos principales fueron Estados Unidos, países de América latina, Europa y Africa. El resto se vendió en el mercado interno, siendo uno de los clientes más importantes el propio Estado, que a través de licitaciones lo ha convertido en proveedor de resmas de papel y otros productos para distintas reparticiones públicas, entre las que se destacan el Ministerio de Educación y la Anses.

El Centro destaca que “los problemas financieros de Massuh se remontan muchos años antes de que se desatara la crisis bancaria en Estados Unidos”. En ese documento se informa que en 1998, agobiada por la acumulación insostenible de sus pasivos, la papelera del ex presidente de la UIA pide ante la Justicia la convocatoria de acreedores para refinanciar y estirar los plazos de sus deudas. El Estado, a través de los bancos Nación y Provincia de Buenos Aires, es uno de los principales acreedores. La hipoteca sobre el inmueble de primer grado y la prenda (también de primer grado) sobre las maquinarias de la planta de Quilmes, como también de dos predios forestales en Corrientes, las tienen esas dos entidades financieras públicas. A partir de 2007 la estrategia comercial de Massuh se refleja en la memoria del balance de ese año, donde afirma que su intención es concentrar sus actividades en la planta de Quilmes, definida como “una eficiente e integrada unidad de producción”. Ese fue el argumento para decidir la venta de la planta de San Justo. El inmueble fue vendido por 8 millones de dólares y las maquinarias bajo un contrato de leasing por 24 millones de dólares. El comprador fue “Fibra Papelera S.A.”. Esta compañía inicia sus actividades en 2003. En las actas de la asamblea de accionistas del 23/03/2007, publicadas en el Boletín Oficial Nº 31.142, se constata que en esa asamblea renuncian todos sus directivos para designar uno nuevo conformado entre otros por Héctor D. Massuh y Rolando J. Hawalli, director y presidente de Massuh S.A., respectivamente. “Es decir, la venta de la planta de San Justo en realidad fue una maniobra de Massuh para licuar sus pasivos”, concluyen los especialistas del Centro, para agregar que “el proceso de vaciamiento no se detiene con la venta de San Justo. La planta de San Luis Brillapel también se va a poner en venta en 2007, y el comprador del inmueble y las maquinarias fue Ledesma, otra de las grandes industrias papeleras”. En ese proceso de remate, Massuh había solicitado al juzgado del concurso la autorización para la venta de uno de sus establecimientos forestales ubicados en Paso de los Libres, Corrientes, y uno de sus depósitos, situado en Berazategui.

En 2008, Massuh también pone en venta las oficinas comerciales de Parque Patricios por unos 4 millones de dólares. En la memoria del balance, redactada en octubre de ese año, se informa que la liquidación de las dos plantas y esas oficinas era, supuestamente, para concentrar la actividad en Quilmes (octubre de 2008). Pero un mes después, Massuh decide paralizar las máquinas y la planta semiquímica de Quilmes dejando en la calle a los trabajadores, adeudando la segunda quincena de diciembre, el segundo semestre del aguinaldo, las sumas no remunerativas aún no incorporadas a los salarios y los aportes al sistema de seguridad social. “Tenemos motivos más que suficientes para sospechar que en realidad la patronal no tiene intención de ‘concentrar’ la producción en la planta de Quilmes”, concluyen con ironía los profesionales del Centro. El último capítulo se escribe con el desembarco de un fondo de inversión de origen holandés denominado “IIG Trade Opportunities Fund BV”, que en agosto compromete un préstamo por 40 millones de dólares, recibiendo en garantía una hipoteca de tercer grado sobre el inmueble de la planta de Quilmes y una prenda sobre sus maquinarias. Ese dinero se iba a utilizar para cancelar deudas de corto plazo, pero a los dos meses Massuh cerró esa unidad productiva que ya había hipotecado a favor de ese ignoto fondo de inversión.

Acercarse al proceso de deterioro y liquidación patrimonial de Massuh, con el descarte previsto de sus trabajadores, permite precisar sus responsables y ubicar como una anécdota el desembarco de Guillermo Moreno en la firma, que más adelante tendrá que ser evaluado en esa función. Mientras, el Estado, con la activa participación del intendente de Quilmes e histórico dirigente gremial, Francisco “Barba” Gutiérrez, ha tenido que salir al rescate de esa unidad productiva y de sus trabajadores, comportamiento opuesto al conocido en décadas anteriores.

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