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En estos días de irrupción mediática de hechos lamentables en el conurbano bonaerense, la mayoría de los análisis dominantes se resume en propuestas represivas que ya probaron su fracaso, en una masiva exteriorización de los más reaccionarios prejuicios hacia los jóvenes y los pobres por ingresos, y en una tensión por la distribución de las responsabilidades políticas. De esa manera el conurbano se ha convertido en el objeto de morbo del espectáculo mediático. En esos abordajes de una situación por demás compleja no se considera que, en el área de mayor densidad poblacional del país, los recursos disponibles son muy escasos. La pelea por la distribución del presupuesto público tiene su expresión más habitual entre la Nación y las provincias. Pero también se verifica entre estas últimas y sus respectivos municipios. Esta dependencia presupuestaria no recibe tanta atención por parte de especialistas y funcionarios, pese a que muchas de las cuestiones que se discuten a nivel general tienen su raíz en esa primera instancia de la organización institucional. Por ejemplo, la calidad de vida de la población y los servicios que reciben en seguridad, higiene, salud y educación.

Los municipios del conurbano sólo reúnen atención cuando se refiere a casos de inseguridad o a especulaciones por el juego político de sus intendentes en internas partidarias. Si bien muchos de ellos se han ganado el descrédito de la opinión bien pensante de los centros urbanos, los denominados Barones del conurbano administran un presupuesto miserable en una zona social muy sensible. Además, pese a que son los distritos más pobres y populosos, son los más castigados en la distribución de fondos, en comparación con los municipios de nivel socioeconómico medio y alto y a aquellos en los que predomina la actividad rural.

El presupuesto de los municipios está integrado por los recursos tributarios que les gira la gobernación de la recaudación de impuestos a nivel provincial (Ingresos Brutos, Inmobiliario y Automotor), además de lo que recibe de la coparticipación a nivel nacional. También se suman los fondos recaudados a nivel local (ABL y otras tasas municipales por servicios), y por la carga sobre el juego (bingos y casinos). Además, se contabilizan aportes directos del Tesoro Nacional para realizar obras. El docente y autor del blog Conurbanos, Fabián Rodríguez, elaboró un interesante documento, “Asimetrías e inequidades en el Gran Buenos Aires”, cuya conclusión es que “los presupuestos del conurbano obligan a los intendentes a administrar miseria”. Rodríguez calculó el cociente de gasto por habitante de algunos municipios, resultado que brindan la posibilidad de transitar temas que tanto inquietan por un sendero más riguroso. Brinda los siguientes ejemplos:

- Almirante Brown dispone de 1,08 peso por día para cada habitante.

- Florencio Varela, 1,02 peso por día para cada varelense.

- José C. Paz, 1,54 peso en cada paceño.

- La Matanza, 1,11 peso por día por habitante.

Explica que “los distritos con presupuestos más famélicos son justamente aquellos que tienen las mayores necesidades de infraestructura por resolver: se trata de territorios donde a veces no llega ni el camión recolector de la basura”. En el interior de la provincia los números son distintos:

- Azul dispone de casi 4,00 pesos por día para cada habitante,

- Coronel Pringles tiene 5,06 pesos.

- Pinamar 19,53 pesos para cada habitante.

Rodríguez sostiene que “éstos son sólo algunos de los ejemplos que demuestran la profundidad de la inequidad. Por eso el problema no se resuelve con comparaciones absurdas: pretender que los partidos del conurbano funcionen como la ciudad de Buenos Aires es no entender el problema. Unicamente desde el desconocimiento y/o la demagogia se puede buscar un espejo en la Capital Federal”.

Los investigadores de la Universidad de General Sarmiento Alejandro López Accotto, Martín Mangas y Carlos Martínez también se ocuparon de esa cuestión en ese mismo sentido, en una columna de opinión publicada en este diario el 25 de octubre pasado. Con datos contundentes revelaban la injusta distribución de recursos en beneficio de los distritos vinculados con la actividad agropecuaria. Cuando se observan esas cifras emerge con más nitidez la confusión instalada por el sector del campo privilegiado respecto de cómo se reparten los recursos públicos. Esa troika de especialistas señala que los municipios rurales reciben una coparticipación per cápita varias veces superior a la percibida por los del conurbano. Precisa que las comunas con menos de 100 mil habitantes reciben una coparticipación que triplica la de los del conurbano. “Así, en el período 2004-2007 el conurbano recibió –a precios de 2004– cien pesos por habitante al año y los municipios rurales casi trescientos”, destaca. Para apuntar que los 20 municipios que mayor coparticipación por habitante reciben son rurales y de menos de veinte mil habitantes y entre los 20 municipios que menos reciben se encuentran trece de los veinticuatro del conurbano, dos ciudades del interior y dos municipios que limitan con el conurbano (Escobar y General Rodríguez).

Ese inequitativo reparto de fondos se reproduce en el interior del conurbano, donde los distritos con poblaciones con un mayor nivel de ingresos obtienen una mayor y creciente coparticipación por habitante. Por caso, San Isidro y Vicente López están favorecidos en detrimento de Tres de Febrero y Lanús.

Los problemas sociales, políticos y económicos en el conurbano reconocen varias causas que deben ser atendidas y comprendidas. Pero si en ese análisis no se incluye cómo se distribuyen los recursos públicos para atenderlos, se convalidan las condiciones para su reproducción. Se sabe que un mayor caudal de dinero hacia los municipios de mayor densidad poblacional y más pobres no es una solución mágica. Aunque está probado que los problemas se agudizan cuando los más acomodados a nivel económico (distritos rurales y los de zona norte) son los que reciben proporcionalmente más recursos públicos que los municipios postergados.

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