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Quizás enero no esté resultando más que el preludio del terreno por el que se deberá transitar a lo largo de todo 2010 y quizá de buena parte de 2011.

Quizá no se equivocaban quienes preanunciaban que aunque la economía lograra dejar atrás las secuelas de la crisis internacional y retomara el camino del crecimiento, en el campo político se iban a seguir generando complicaciones que darían la sensación de que el caos está a la vuelta de la esquina.

Quizá las advertencias expuestas desde Washington por el embajador argentino Héctor Timerman, acerca del papel que están jugando los fondos de inversión buitre en la búsqueda de trabar la operación de canje de deuda hubieran merecido mayor difusión y un esfuerzo adicional del Gobierno por romper el cerco informativo al que se someten las noticias que son inconvenientes a los grupos de poder.

Quizá si se hubiera prestado más atención a los dichos del mismo funcionario, respecto de la forma en que esos fondos buitre –especuladores que buscan hacer ganancias especialmente con países del Tercer Mundo cuando caen en desgracia– difunden información falsa y rumores que provocan incertidumbre allí donde el Gobierno necesita generar confianza, la lectura que hace el público de ciertas noticias sería más cuidadosa. Es decir, tendría menor demanda la oferta de carne podrida.

Quizá si quienes levantan la bandera de la investigación del origen de la deuda externa, en base al minucioso seguimiento hecho por Alejandro Olmos (p) hasta su muerte (año 2000), pudiesen transmitir con claridad de quién es la responsabilidad de haber asumido o inventado la deuda que justamente repudian, si pudieran diferenciar entre esa deuda ilegítima y la de los bonos públicos que hoy circulan como alternativa de inversión para pequeños ahorristas, en vez de reclamar la suspensión del pago de todo el conjunto de la deuda financiera hasta tanto se investigue su origen, recibirían mayor respaldo y hasta el Gobierno se vería tentado a acompañar la iniciativa.

Quizás el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de ayer en contra del uso de las reservas internacionales para crear un fondo de garantía de pago de la deuda no signifique más que una demora en el trámite previsto.

Quizás el lanzamiento del canje de deuda sufra alguna demora, y pueda concretarse con o sin fondo de garantía.

Quizá las cosas puedan seguir su marcha como las planificó el Gobierno. Pero de lo que no hay duda es de que, para lograrlo, el Ejecutivo se habrá visto obligado a pagar un enorme costo político.

Son los términos, según parece, en que han quedado planteadas las relaciones entre esta oposición y el oficialismo. Una relación conflictiva en el que el propósito casi único que parece animar a la oposición es ponerle palos en la rueda al oficialismo.

La pulseada por el Banco Central y el uso de las reservas internacionales oculta una disputa entre dos modelos que confrontan. El modelo histórico, defendido por una amplia franja de la oposición, surge de los dos pilares básicos del sistema financiero. El primero es la ley de entidades financieras de 1977, creada por José Alfredo Martínez de Hoz y Adolfo Diz, ministro de Economía el primero y presidente del Banco Central el otro, en aquellos primeros y salvajes años de la dictadura de Jorge Rafael Videla. El segundo pilar es la Carta Orgánica del Banco Central, tal como la dejó la reforma de 1992, pergeñada por Domingo Cavallo y Pedro Pou, ministro y titular de BCRA de Carlos Menem.

Ambos hechos fundacionales del actual sistema financiero tuvieron motivaciones de política económica. El de 1977, consolidar un sistema económico concentrado en manos extranjeras, barrer la presencia de los agentes financieros más pequeños (cajas cooperativas, pequeños bancos locales) y unificar el manejo del crédito y transferencias monetarias en quienes se habían asociado a las fuerzas militares que despejaron el camino a sangre y fuego para el afianzamiento de ese proyecto. El de 1992, completar la tarea en cuanto al diseño de estructura bancaria restringiendo las funciones del Banco Central para adecuarlas a las necesidades del plan de convertibilidad. Postulaba que su función era adecuar la emisión monetaria a la cantidad de dólares existentes en las reservas disponibles: el famoso “uno a uno”. Esta política monetaria de un único instrumento asumía que, si había fuga de dólares, bajaba la cantidad de dinero en el mercado y eso encarecería las tasas, lo cual haría más atractiva la inversión financiera de los capitales del exterior en el país (con dólar uno a uno, las tasas en pesos equivalía a cobrarlas en dólares). Se producía así un ingreso de divisas que equilibraba las cuentas. El sistema equilibraba por el movimiento de los capitales especulativos: la fórmula de la felicidad para los especuladores y un certificado de defunción para la actividad productiva que necesitara del crédito interno.

La reforma de la Carta Orgánica de 1992 eliminó del capítulo de las funciones de la autoridad monetaria el objetivo de “regular el crédito y los medios de pago” a favor de “un desarrollo económico ordenado y creciente, con sentido social, un alto grado de ocupación y el poder adquisitivo de la moneda”. De este texto redactado en 1973, en tiempos de Héctor J. Cámpora, sólo quedó la última referencia. Hoy se sabe, tras el estallido de la crisis, con corralito incluido, de noviembre/diciembre de 2001, cómo defendió la convertibilidad el valor de la moneda. Esos propósitos expuestos en la carta orgánica de 1973 constituyen, en parte, el modelo alternativo de sistema financiero.

Ni una (ley de entidades financieras) ni otra (Carta Orgánica del BCRA) se modificó desde entonces, por lo tanto bancos y autoridad monetaria se siguen manejando con los mismos parámetros. Cada vez que una entidad, por ejemplo el Banco Nación, intentó hacer política de fomento favoreciendo a determinados sectores, chocó con la prohibición y amenaza de sanciones de parte del Banco Central (Redrado), en su rol de estricto defensor de las normas de 1977.

Esos pilares ultraliberales son los que defiende el insurgente Redrado. Y por extensión, los sectores de la oposición que lo han sostenido en estas instancias y los fallos judiciales que lo respaldan. Ese modelo de concentración económica y que coloca a la autoridad monetaria lejos del alcance de los ejecutores de política es el que se defiende desde esas trincheras. Es una forma, también, de poner palos en la rueda a una política de desarrollo con sentido social.

Los dos períodos de gobierno kirchnerista lograron consolidar la recuperación económica aplicando muchas medidas heterodoxas pero sin modificar estructuras de funcionamiento económico fundamentales. Una de ellas es el actual esquema del sistema financiero. La crisis por el desplazamiento de Redrado dejó al desnudo parte de los costos que se pagan por no haber avanzado en ese terreno. Pero más elocuente debería resultar el ejemplo de Estados Unidos, cuyo presidente, Barack Obama, debió recurrir esta semana a la amenaza de reformular las funciones de los bancos para evitar que volviera a prevalecer la especulación financiera en sus actividades normales. Es un reconocimiento de que el sistema financiero mundial está enfermo, y que las “regulaciones” que se aplican para salvar a grandes entidades (como se hizo con la crisis 2007/2008) en vez de hacerlo para vigilar y limitar su funcionamiento, no hacen más que disimular los males por un tiempo.

Alguien dijo alguna vez que el manejo del dinero es una cosa demasiado seria para dejarla en manos de banqueros. El tibio intento que hizo el gobierno nacional por demostrar que tenía bajo su manejo y disponibilidad al Banco Central y a las reservas, chocó con el bloqueo de sectores de la oposición y hasta de una parte de la Justicia. Los banqueros no están solos. El modelo que representan, tampoco. Y aunque el Gobierno no llegue a plantearlo como una confrontación de modelos ni avance en apuestas más audaces como la modificación a la Ley de Entidades Financieras, la resistencia que enfrentará será equivalente a si lo hiciera.

Quizás si esa confrontación se planteara más claramente, exponiendo con todas las letras lo que está en juego, el Gobierno conseguiría mayores adhesiones, incluso de espacios hoy opositores. Y estos tiempos por venir, de confrontaciones permanentes y palos en la rueda para la acción oficial, encontraría a las fuerzas mejor repartidas. Al menos, mejor identificado a cada bando.