El Gobierno buscará demostrar esta semana, a través de un informe al que tuvo acceso Página/12, que hay oferta suficiente de prestadores de servicio de Internet para absorber a los abonados de Fibertel. Con ese argumento apunta a refutar que la medida beneficie al monopolio telefónico. Mientras tanto, el conflicto generado por la caducidad de la licencia de Fibertel llegará al Congreso. Los partidos de la oposición que el viernes se solidarizaron con la empresa de banda ancha del Grupo Clarín presentarán hoy un proyecto en la Cámara de Diputados para dejar sin efecto la Resolución 100 de la Secretaría de Comunicaciones.

En el documento elaborado por el Ministerio de Planificación se destaca que en el país hay 489 prestadores de acceso a Internet distribuidos en todas las provincias. Por ejemplo, en Capital Federal figuran 165, en la provincia de Buenos Aires 116, Santa Fe 64 y en Córdoba 55. El gerente general de Cablevisión, Carlos Moltini, aseguró el viernes a este diario que “casi todos son revendedores de ADSL de las telefónicas”. En una solicitada publicada hoy en los principales diarios del país, el Gobierno busca refutar la afirmación de que esas firmas venden por cuenta y orden de las telcos al señalar que “muchas pequeñas empresas y medianas, como así también cooperativas, tienen sus propias redes (incluyendo centrales, softswich, cableados, antenas y otros).

Ese punto se seguirá debatiendo en los próximos días, porque si bien es cierto que las pymes del sector tienen infraestructura propia, son dependientes de las telcos porque necesitan de las redes de éstas para que los usuarios, por ejemplo, accedan a las páginas web, y los costos de interconexión (el peaje que deben pagar para conectar a sus clientes las firmas que utilizan redes ajenas) han sido la principal barrera para la competencia en el mercado de telecomunicaciones durante los últimos años.

El análisis de costos incrementales que figura en el decreto 764/2000 de desregulación del sector nunca se hizo y las firmas dominantes primero ajustaron el precio por CER y luego lo dolarizaron, con cláusulas donde se explicita que los contratos se deben renegociar si la divisa estadounidense se dispara. En este contexto, sería fundamental para alentar la competencia que el Gobierno forzará una baja de los precios de interconexión.

El Gobierno afirma en la solicitada publicada hoy que no habrá problemas técnicos para la migración, porque los cuellos de botella no son técnicos sino de carácter comercial. Esto quiere decir que las redes soportan, pero será necesario importar más equipos. Igual no es un dato menor porque se está previendo una migración de un millón de clientes. También se remarca que no sólo están disponibles las tecnologías ADSL y Cablemodem sino también tecnología inalámbricas como Wi-Max y las redes 3G. Sin embargo, son ofertas que recién se están expandiendo en el país y no ofrecen las mismas garantías que las otras.

Al mismo tiempo que apuesta a garantizar la migración, el Gobierno deberá dar una batalla legal y otra política. Muchos usuarios de Fibertel presentarán recursos de amparo para que se resguarde su derecho de consumidor, la empresa también irá a la Justicia y la oposición intentará voltear la resolución oficial en el Congreso. En este punto el Gobierno insiste en que fue el Grupo Clarín quien decidió por propia voluntad disolver la sociedad Fibertel en enero de 2009, antes de que se aprobara la transferencia de la licencia de telecomunicaciones de esa firma a favor de Cablevisión. Puede que sea cierto, pero aun en ese caso no queda claro por qué es mejor forzar la migración de todos los abonados de Fibertel en lugar de otorgarle una licencia de telecomunicaciones a Cablevisión para que siga brindando el servicio.

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