El juez de La Plata, Elvio Bautista Sagarra, dictó el viernes una medida cautelar ordenándole al Gobierno suspender la aplicación de la Resolución 100, que declaró la caducidad de la licencia de Fibertel y dio 90 días para cambiar de compañía. “El Estado nacional deberá abstenerse (...) de afectar de cualquier forma la efectiva prestación del servicio de Internet Fibertel que actualmente presta Cablevisión”, dice el fallo que hizo lugar a una demanda promovida por una usuaria. Cristina Fernández de Kirchner cuestionó ayer el fallo por la red social Twitter al sostener que “es como si tuviéramos una Justicia para el monopolio y otra para el resto de la sociedad, sean empresas o ciudadanos” (ver página 7). El Ministerio de Planificación, por su parte, adelantó que apelará la medida.

“El Estado (...) hará saber al juez que la Resolución 100 de la Secretaría de Comunicaciones es la que especialmente protege y ampara los derechos de usuarios y consumidores, pues hay múltiples empresas legalmente habilitadas, tanto pequeñas, medianas e incluso cooperativas en condiciones de prestar un servicio de calidad igual o superior al que ofrecía Fibertel”, dice el comunicado, donde se recuerda que Fibertel no existe más como empresa porque el Grupo Clarín la disolvió en 2009.

Hasta ahora, los fallos que habían emitido distintos jueces de primera instancia se limitaban a intimar al Gobierno para que le garantizase el servicio de Internet al millón de usuarios de la marca Fibertel. Eso sólo ya constituía un enorme desafío, pero de ninguna manera significaba una protección para Cablevisión, pues si la autoridad regulatoria podía garantizar el servicio con una oferta alternativa el problema estaría resuelto. Sin embargo, el juez Elvio Bautista Sagarra fue más allá y, con el argumento de defender a la usuaria María Eugenia Espósito, lo que hizo fue preservar los intereses de la firma del Grupo Clarín porque en el fallo dice que es Cablevisión la que debe garantizar el servicio.

Cablevisión no puede hacerlo con la licencia que en su momento se le había asignado a Fibertel porque disolvió esa razón social, situación que llevó al Gobierno a declarar la caducidad de dicha licencia el 19 de agosto. La compañía podría garantizar el servicio con alguna de sus otras licencias de telecomunicaciones, pero para ello no necesita un fallo judicial pues hasta el momento esas otras licencias no fueron declaradas caducas. Página/12 le preguntó a comienzos de septiembre al CEO de Cablevisión, Carlos Moltini, por qué no hacían eso. “La verdad es que cada decisión que tomamos el Gobierno la cuestiona. Por lo tanto, si no damos esta pelea desde la licencia de Fibertel es como dar un salto al vacío. Sería como reconocer la decisión oficial y lo primero que va a hacer el Gobierno es dar de baja la otra licencia con motivos falsos”, respondió.

El problema es que a Cablevisión no le resultará tan sencillo defender el uso de la licencia de una empresa que no existe. Los argumentos del juez Sagarra, al menos los que trascendieron hasta el momento, no parecen muy consistentes. Sin embargo, el fallo le sirve a Cablevisión para congelar el plazo de 90 días que tenían los clientes para cambiar de compañía, al menos hasta que una segunda instancia judicial resuelva. Es la misma estrategia que aplicó el Grupo Clarín para demorar, con éxito, la entrada en vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

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