Las comisiones de Salud, Legislación general y Justicia del Senado se reunirán hoy para emitir dictamen sobre el proyecto que busca regular a las Empresas de Medicina Prepaga (EMP). Según indicó a Página/12 una alta fuente del Frente para la Victoria, los legisladores de ese bloque tendrían “libertad de acción” para aprobar la iniciativa tal cual llegó de la Cámara de Diputados o convalidar algunos de los cambios propuestos por la oposición y el propio ministro de Salud, Juan Manzur. “Así como está no sale. Se debe suavizar sin que cambie el espíritu, porque si no el Gobierno tendrá que enfrentar un problema, ya que las prepagas dispararán sus costos”, dijeron desde el oficialismo. Para que no pierda estado parlamentario, el proyecto debería tratarse en el recinto mañana, o a más tardar el jueves.

El lobby empresario logró frenar el tratamiento de este proyecto por casi dos años. La iniciativa obtuvo media sanción de Diputados en 2008 y recién un mes atrás tomó impulso en la Cámara alta. De no tratarse mañana, o el jueves, perderá estado parlamentario. El argumento central de las EMP es que de sancionarse el nuevo marco regulatorio, las compañías del sector quebrarán. “De aprobarse sin modificaciones dicha propuesta, asistiremos a la quiebra inmediata del sistema”, manifestó la semana pasada Claudio Belocopitt, vicepresidente de la Cámara de Instituciones Médico Asistenciales (Cimara) y titular de Swiss Medical.

La discusión alrededor de este proyecto pasó por alto la forma en que se financia el sistema privado de salud e incluso la relación que existe entre los aumentos en las cuotas de los afiliados y los incrementos que reciben los prestadores médicos. Ya en 2008, la Confederación Odontológica de la República Argentina había denunciado que “existe un desfasaje” entre las cuotas y lo que reciben los médicos. “Hoy sabemos que los aumentos de las prepagas no van a los prestadores, lo que atenta contra la calidad del servicio de salud”, manifestó a Página/12 Claudio Boada, abogado de la Unión de Usuarios y Consumidores.

En los últimos ocho años, los aumentos de las prepagas no fueron menores. Según un trabajo elaborado por la asociación que integra Boada, las empresas aumentaron sus cuotas muy por encima de la inflación registrada tanto por el IPC del Indec como por mediciones de consultoras privadas. Por ejemplo, entre agosto de 2002 y el mismo mes de 2010, las empresas Omint y Swiss Medical aumentaron sus cuotas un 80 por ciento por encima de la inflación calculada por las consultoras privadas y un 171 por ciento en relación con la del Indec. “Es un sector que está cartelizado, todas aumentan sus cuotas al mismo tiempo”, agregó Boada.

Más allá de que los últimos aumentos hayan sido convalidados por Guillermo Moreno, secretario de Comercio interior, el proyecto con media sanción contempla un mecanismo para proteger a los usuarios en todo lo relacionado con los contratos y aumentos de precios. Sin embargo, tanto la oposición como el propio Manzur quieren sacar del medio a la autoridad de aplicación establecida por la Ley de Defensa del Consumidor.

“Tiene que haber una autoridad de aplicación para el área de salud y otra para el trato con los usuarios. Sacar del medio las competencias de la Ley de Defensa del Consumidor es dejar a los usuarios indefensos”, indicó a este diario Héctor Polino, de la Asociación Consumidores Libres.

El otro aspecto relacionado con el financiamiento, pero poco mencionado, tiene que ver con la vinculación entre las prepagas y las obras sociales. Uno de los puntos centrales de la media sanción tiene que ver con el Fondo Solidario de Redistribución, el famoso APE, manejado por las obras sociales. Este fondo se creó para que las obras sociales puedan realizar prestaciones complejas. Pero en la actualidad ocurre que las prepagas utilizan esos fondos para financiar sus propios tratamientos complejos.

“Por eso esta ley impulsa que los planes superadores que ofrecen las obras sociales con las prepagas no se financien con esos recursos. No se prohíben los acuerdos entre las prepagas y las obras sociales, sino que las EMP no hagan uso de la plata de los trabajadores para financiarse”, explicó a Página/12 Roberto Zorzoli, especialista en temas de defensa del consumidor.

Por ser un tema sensible, y con mucho lobby en el medio, algunos legisladores consideran que la iniciativa no llegará a ser tratada en el recinto, lo que provocaría su caída definitiva. Como mal menor, podría darse una sanción con modificaciones para que el año próximo sea tratada nuevamente por Diputados, escenario también complejo teniendo en cuenta la carrera electoral.