La Federación Agraria, Coninagro, CRA y Sociedad Rural mantuvieron ayer un encuentro cuyo resultado fue un documento donde le exigen al Gobierno la derogación inmediata de los cupos de exportación del trigo y la eliminación de los permisos para vender al exterior. El destinatario del mensaje de la Mesa de Enlace fue el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, quien la semana que viene mantendrá una audiencia con los ruralistas. “El encuentro tiene que ser corto. O responde de manera positiva a nuestro reclamo o analizaremos medidas de fuerza”, anticipó Hugo Biolcati, titular de la Sociedad Rural. El problema de fondo tiene que ver con que las grandes cerealeras multinacionales y los molinos no están pagando el precio pleno del cereal, situación que es reconocida por el propio Ministerio de Agricultura. La campaña actual del trigo llegaría a las 14 millones de toneladas, de las cuales 7,5 millones tienen que destinarse al consumo interno.

Antes del encuentro de la Mesa Enlace, Domínguez decidió convocar a una reunión para el próximo miércoles, tal como habían solicitado los ruralistas a mediados de noviembre. La convocatoria del funcionario obligó a las entidades a modificar sus planes y retrasar, al menos por una semana, una posible medida de fuerza. Sin embargo, en el texto que difundieron intentaron mostrarse lo más duros posible. “El 12 (miércoles próximo) vamos a preguntar si tienen respuestas para nuestros reclamos, que ya los conocen de antemano”, sintetizó Biolcati.

Más allá de esta aparente dureza –un clásico de la Mesa de Enlace–, las diferencias entren sus integrantes ya no son tan sutiles. “El campo pide que dejen de ganar las grandes multinacionales. Nosotros sabemos que la apertura total de las exportaciones no es la panacea. Por eso insistimos en la necesidad de crear mecanismos que permitan evitar la concentración y la intervención poco criteriosa de algunos funcionarios. Antes se llamaba Junta Nacional de Granos y ahora tendrá que tener otro nombre”, señaló durante la conferencia de prensa Eduardo Buzzi, titular de FAA. Ni Mario Llambías, titular de CRA, Carlos Garetto, presidente de Coninagro, ni Biolcati hicieron comentarios al respecto.

Si bien no lo dijo en público, Buzzi recordó luego de la conferencia de prensa alguno de sus cruces con Ricardo Buryaille, titular de la Comisión de Agricultura y hombre de CRA. “Es el Congreso quien tiene que investigar a las multinacionales, pero Buryaille no ha querido o no ha sabido hacerlo”, insistió.

Otro tema que genera ruidos tiene que ver con la relación que mantienen los ruralistas con Domínguez. El funcionario tomó la decisión de encarar negociaciones con algunas de las entidades. De esta manera, logró una foto junto a la juventud de la FAA con el objetivo de iniciar un proceso de arraigo de la población joven. Y durante la última semana de 2010 mantuvo un encuentro con Garetto, en Leones, ciudad conocida como la “Capital Nacional del Trigo”, donde se anunció la construcción del primer parque cerealero agroindustrial de la provincia de Córdoba.

“El problema es que dentro de la Mesa hay quienes prefieren atacar de lleno a Domínguez, pero tienen que entender que las cosas pueden conseguirse de otra manera”, reconoció a este diario un colaborador de Buzzi. La Mesa de Enlace volvió a reunirse. Sin embargo, ya no existen los ánimos para encarar grandes protestas. El último intento fallido fue cuando los ruralistas impulsaron el año pasado la discusión parlamentaria sobre un nuevo régimen de retenciones. No lograron ponerse de acuerdo y las denominadas “bases” tampoco se hicieron eco de ese reclamo.

Por otro lado, si bien los ruralistas intentaron mostrarse firmes en sus reclamos relacionados con el trigo, no lo hicieron tanto al hablar de la situación en San Pedro, donde la Justicia y el Ministerio de Trabajo detectaron que dos empresas –Nidera y Southern Seeds Production SA– contrataban campesinos golondrina en condiciones casi de servidumbre. “Sabemos que el tema está en la Justicia y que existe una aclaración de la compañía (por Nidera). Nosotros venimos trabajando en Salta y Jujuy para evitar el trabajo infantil en aquellas familias que no tienen dónde dejar a sus hijos pequeños”, explicó Llambías tras una consulta periodística. Biolcati copió la respuesta. Quien fue un poco más allá fue Buzzi. “Repudiamos cualquier situación que someta a los trabajadores a condiciones infrahumanas. La Justicia deberá ser muy severa”, manifestó el titular de FAA.