La Bolsa de Comercio de Rosario no tuvo ayer actividad por el cese de comercialización de cereales y oleaginosas. Era esperable porque la medida fue anunciada por la Mesa de Enlace hace una semana y los operadores tomaron las previsiones necesarias para abastecerse con anterioridad. Además, en esta época del año la actividad exportadora prácticamente se reduce al trigo. Por lo tanto, el impacto que pueda producir en el mercado va a ser menor. El titular de Federación Agraria, Eduardo Buzzi, reconoció ayer esta situación al afirmar que “la medida tiene más que ver con lo simbólico, con la reinstalación del problema agropecuario en la Argentina”. El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, también es consciente de que la protesta pasará inadvertida. Por lo tanto, si bien cuestionó la decisión de los ruralistas, evitó polemizar. “Cualquier declaración que haga va a servir para generar un clima no deseado. Lo único que voy a decir es que somos parte de la solución y no del problema”, sostuvo.

Los productores no venderán cereales y oleaginosas hasta el próximo domingo a la medianoche y mañana realizarán una manifestación en la localidad de Bahía Blanca. No está previsto cortar la ruta. Reclaman la apertura total de las exportaciones para cobrar el precio pleno por el trigo (valor FOB menos derechos de exportación y otros gastos). El Gobierno anunció la semana pasada la liberación de los saldos exportables, pero los productores quieren que directamente se elimine el sistema de cupos a través del cual se administran las ventas externas para garantizar el abastecimiento interno. Afirman que debido a esa modalidad no hay certeza sobre cuándo exportar y entonces las cerealeras muchas veces pagan por debajo del precio pleno vigente al momento de la compra y así se cubren ante una eventual baja de la cotización que pudiera producirse cuando tiene que efectivizar la exportación. El problema es que si después, en lugar de caer, el precio se mantiene o sube, no compensan al productor por lo que pagaron de menos.

“Denunciamos la transferencia de recursos por acción del gobierno nacional, popular y progresista, del bolsillo de los medianos y pequeños productores a las multinacionales de exportación”, afirmó Buzzi. “Le pedimos que deje de privilegiar a 5 o 6 grupos económicos que se están llevando una transferencia adicional a las legítimas ganancias que tienen de más de 2500 millones de pesos gracias a la política del gobierno”, agregó Pedro Peretti, director de Federación Agraria. Los ruralistas afirman que deberían vender la tonelada a 900 pesos (225 dólares), pero los grandes molinos productores de harina y los exportadores se la compran a 650 o 700 pesos (175 dólares).

“No digo que el problema no existe. Como en muchos países, el que produce no recibe toda la rentabilidad. Reconocemos que no se recibe el precio que el productor debería recibir. Estamos tratando de ordenar las condiciones para que la rentabilidad, primero quede en el país; segundo en nuestros productores”, retrucó Domínguez. Por lo bajo, en el Gobierno agregan que los productores deben denunciar a los que no les pagan el precio pleno, pero afirman que no se animan a hacerlo por temor a represalias comerciales y entonces la emprenden contra el Estado. Además, como muchos venden parte de su producción en negro, no pueden ir a quejarse ante el Gobierno si reciben poco en esas transacciones informales.

El presidente de Sociedad Rural, Hugo Luis Biolcati, dejó en claro ayer que le apuntan a Estado al afirmar que espera que la protesta le “haga tomar conciencia al Gobierno, para que se flexibilice y liberalice la comercialización de trigo” y amenazó con más acciones si no lo hace. La manifestación que realizarán los productores en Bahía Blanca será un termómetro del ánimo que hay en el campo para seguir con los reclamos. Una multitud podría envalentonar a los dirigentes, pero si la asistencia está en línea con lo que vino ocurriendo en los últimos dos años lo más probable es que amenacen con nuevas protestas pero traten de evitarlas para no seguir desgastándose. De hecho, en esta ocasión se descartaron los cortes de ruta no porque rechacen esa metodología que emplearon durante casi cien días de 2008 sino simplemente porque no están en condiciones de sostener una medida de esas características por el bajo nivel de movilización que evidencian sus propias bases.

La no intervención que le exigen al Estado en este contexto probablemente ayudaría a que puedan mejorar sus ingresos con la venta de trigo porque habría mayor demanda y eso les daría más capacidad de negociación ante molinos y exportadores, pero eso a su vez podría poner en riesgo el abastecimiento del mercado interno y haría subir los precios. Por lo tanto, lo que busca el Gobierno es encontrar una solución sin llegar a ese extremo. Van a fiscalizar que los molinos y exportadores cumplan con el precio pleno y al mismo tiempo les piden a los productores que denuncien cuando esa situación no se cumple.