A partir de mayo quienes ingresen a un banco con un teléfono celular deberán depositarlo en una bolsa que lo identifique e impida su uso o dejarlo en la entrada de la sucursal en un casillero individualizado. Desde julio, los curiosos tampoco podrán mirar las pantallas de los cajeros automáticos vecinos, ya que una mampara lateral impedirá la visión. Esas son algunas de las medidas de prevención que surgen de la reglamentación de la denominada ley de seguridad bancaria vigente desde fines de octubre que ayer sancionaron los directivos del Banco Central. Las disposiciones de la autoridad monetaria también contemplan medidas de protección para los tesoros donde se encuentran las cajas de seguridad.

Las medidas presentadas ayer corresponden a la reglamentación de la ley 26.637 y deberán ser puestas en marcha a lo largo de los próximos meses. Las disposiciones relativas al uso de celulares y las cajas de seguridad complementan el paquete de herramientas de prevención relativas a la instalación de barreras visuales en la línea de cajas que lanzó en septiembre pasado el Central. Las entidades financieras tienen hasta el 31 de marzo para presentar el plan de ejecución que llevarán a cabo para adecuarse a la nuevas normativas mínimas de seguridad.

El texto de la ley obliga a los bancos a adoptar bloqueadores de señal que imposibiliten el uso de celulares en el interior de las sucursales. Sin embargo, los directivos de la entidad que conduce Mercedes Marcó del Pont determinaron que todos los equipos existentes podrían afectar a terceros. Según precisó el vicepresidente del BCRA, Miguel Pesce, no está demostrado que esos dispositivos no pongan en riesgo la salud de las personas con marcapasos y tampoco está probado que el alcance de los equipos pueda ser limitado a la sucursal sin interferir la señal disponible en las inmediaciones de los bancos. El directorio del Central consultó a la Policía Federal, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y el INTI. Los dispositivos que proponía utilizar el diputado del GEN e impulsor de la ley, Gerardo Milman, están prohibidos en países como Estados Unidos, Francia, Australia, España, Japón y Canadá.

La autoridad monetaria propone procedimientos alternativos como la retención por parte de personal de seguridad con guarda individualizada del celular y el ingreso del equipo al recinto en bolsas precintadas que impidan su apertura. La reglamentación para restringir el uso de celulares en los bancos que puedan conducir a señalar una posible víctima de robo está abierta a las propuestas que puedan acercar las distintas entidades. La adopción de los mecanismos para hacer efectiva la prohibición del uso de celulares tiene como plazo máximo el 30 de abril. Según precisó Pesce los trabajadores bancarios tampoco podrán hacer uso de sus celulares.

A las mamparas que ya comenzaron a instalarse en las líneas de cajas de los bancos se agregan barreras laterales que impidan a los delincuentes y curiosos observar las operaciones que realizan los otros clientes. Esas medidas de seguridad serán instaladas tanto en las líneas de caja como en los cajeros. Las entidades localizadas en los principales aglomerados urbanos del país tienen hasta el 30 de junio para instrumentar las novedades, mientras que la fecha límite para las sucursales ubicadas el resto del país se extiende hasta fin de año.

La otra medida controversial de la ley que busca desincentivar los robos en la línea de cajas y las salideras bancarias, era la referida a las cajas de seguridad. La ley contempla la extensión de los requerimientos técnicos vigentes para la construcción de las bóvedas a los tesoros utilizados para las cajas de seguridad de alquiler. A su vez, el BCRA dispuso la posibilidad de que los bancos utilicen “tesoros móviles” para prestar ese servicio. Así, se busca responder al hecho de que muchas sucursales se instalan en espacios alquilados donde la introducción de una bóveda fija para los clientes implicaría un altísimo costo. Ahora, los bancos que quieran suministrar ese servicio podrán instalar dispositivos con las mismas medidas de seguridad pero trasladables si la entidad cierra. “Esperamos que no provoque un encarecimiento que conduzca al cierre de cajas de seguridad y que no se generen aumentos que lleven a no contratar esos servicios”, consideró Pesce.