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En una economía que padeció una muy profunda desestructuración productiva durante décadas y registra una importante apertura comercial, la estrategia de impulsar un intenso crecimiento del PBI tiene como resultado un incremento acelerado de las importaciones. En 2010 las compras de bienes del exterior acumularon 56.443 millones de dólares, una notable alza de 46 por ciento respecto del año anterior, cuando impactó la crisis internacional, pero 1000 millones menos que en 2008. Para este año, manteniendo esa misma tendencia en el comportamiento de las variables locales e internacionales, las importaciones volverían a describir otro fuerte salto. Esa inquietante trayectoria se comprobó en enero, cuando el ingreso de productos sumó 4879 millones de dólares, un aumento interanual del 52 por ciento. Cuando se observaba la consolidación de ese comportamiento del comercio exterior dominó la estrategia oficial de las negociaciones informales con varios sectores productivos para restringir sus importaciones. Los escasos resultados obtenidos obligaron a implementar una política institucional de administración del comercio externo al ampliar el paquete de licencias no automáticas de importación. Este tipo de reacciones es una de las características de la administración kirchnerista: intervenir, en general con criterios que desafían la receta de la ortodoxia, recién cuando estalla el problema, expresando una débil capacidad de anticipación.

Una de las herramientas para administrar el comercio son las licencias no automáticas de importación, que introducen una instancia adicional en los trámites donde el Ministerio de Industria monitorea cada operación de los productos alcanzados. No impide compras, las demora unos 60 días, aunque ese plazo se extiende un poco más con mecanismos burocráticos. Esta medida se encuentra dentro de las normas establecidas por la Organización Mundial de Comercio (OMC), que ha fijado que ese despacho a plaza no debería demorar más de dos meses. En la práctica, esa autorización está sujeta también a otros criterios, como la capacidad de reemplazo que el producto tiene por la industrial local o el daño que puede generar sobre los puestos de trabajo nacionales.

La ampliación de 400 a 600 la cantidad de productos sujetos a las licencias no automáticas permitiría reducir en unos 9000 millones de dólares las importaciones, estiman en el Gobierno, aunque consultoras privadas calculan que ese monto alcanzaría los 15.000 millones. Según la estimación oficial, 3000 millones corresponden a las 400 licencias que ya venían funcionando, mientras que el resto (equivalente a casi el 10 por ciento de las importaciones totales de este año) está vinculado con el nuevo grupo de 200 licencias, aunque ya se dispusieron excepciones para el sector automotor y de electrónica. Esas industrias hubiesen tenido complicaciones en el funcionamiento de sus fábricas sin el ingreso rápido de algunos insumos que compran en mercados del exterior.

Una de las medidas para la administración de comercio es la mencionada de las licencias no automáticas. También existe el procedimiento antidumping, que se aplica cuando se sospecha que se importan productos a un costo inferior al que existe normalmente en el mercado de origen. Para poder adoptar esa medida, el Gobierno tiene que demostrar que existe dumping, calcular su magnitud (cuánto más bajo es el precio en comparación) y demostrar que está causando daño o amenaza causarlo en el mercado local. Otra medida es la fijación de “valores criterio” para productos importados, tarea que realiza la Aduana estableciéndolo a partir de un análisis de mercado de su departamento de valoración de ese organismo. Luego se determina su posición arancelaria, para finalmente publicarlo en el Boletín Oficial para darle carácter legal.

Todas esas iniciativas, que están en línea con las normas de la OMC, apuntan a proteger a algunos sectores de la competencia importada, incentivar la producción nacional y fomentar la fabricación local de insumos que compran afuera firmas argentinas o extranjeras. La motivación para disponer esas restricciones debe exceder la situación coyuntural de la balanza comercial. Deben forman parte de una estrategia más compleja para mejorar la integración de la industria nacional y su inserción en el comercio internacional. A la vez, esos sectores beneficiarios de una medida de protección deberían asumir compromisos de producción, precios domésticos, empleo y exportación, condiciones que el Gobierno expresa pero no lo formaliza en acuerdos explícitos.

Las licencias no automáticas, el antidumping y la fijación de valores criterios intervienen en un panorama del sector externo y en algunas actividades productivas que registrarían aún mayores tensiones si el tipo de cambio no mantuviera cierto nivel de competitividad. En los últimos cuatro años se fue erosionando desde un valor exagerado por la megadevaluación, aunque ese proceso fue compensado en parte por la apreciación de otras monedas. Estos años han dejado en evidencia que un dólar caro no alcanza como única herramienta para proteger sectores con competencia de la importación de países asiáticos, en especial de China. Pero resulta necesario para preservar producción y empleo doméstico en esas actividades sensibles. Un escenario como el que se registra en Brasil, de fuerte apreciación de su moneda, provocaría aquí un desajuste productivo mayúsculo, además de una crisis del sector externo, puesto que no se contabilizaría un ingreso de capitales tan intenso para equilibrar la cuenta corriente como el que tiene el principal socio del Mercosur.

El riesgo de la apreciación del tipo de cambio aparece por el excedente de fondos especulativos que circula por el mercado internacional debido a la fabulosa emisión de dólares y euros para financiar los inmensos paquetes de rescate del sector bancario. Con tasas de interés de casi cero, ese excedente de divisas se traduce en una tendencia a la apreciación del tipo de cambio en mercados receptores de ese capital. En el caso argentino, a ese peligro latente se le agrega el alza de precios internos, que abarata la importación de bienes de consumo, y el creciente ingreso de dólares de exportación de commodities por la muy buena cosecha. Esa afluencia de dólares procura ser neutralizada por las autoridades mediante la compra de divisas y la posterior esterilización del flujo de moneda local resultante de esta intervención.

Las medidas de administración del comercio y el desafío de preservar el superávit del sector externo con un tipo de cambio competitivo se presentan en un contexto de crisis global con epicentro en las potencias económicas. La recesión o los síntomas muy débiles de recuperación de esos países provoca dos efectos por el canal comercial: las grandes firmas multinacionales buscan colocar sus excedentes de producción en otros mercados, a la vez que otras potencias del comercio internacional, como Brasil y China, también apuntan a otras plazas para derivar sus ventas que ya no puede concretar en Europa o Estados Unidos en crisis.

En el actual debate que se abrió a partir de la ampliación de las licencias no automáticas, por la protesta de las potencias involucradas, una cuestión relevante permite ordenarlo: casi todos los países cuidan sus mercados (producción y empleo), vigilan el ritmo de ingreso de los importados y diseñan políticas para equilibrar los intereses de la producción nacional y las sus principales socios en el comercio internacional. Como enseña el profesor coreano Ha-Joon Chang, uno de los más importantes economistas heterodoxos del mundo, “la mayoría de los actuales países ricos usó la protección arancelaria y los subsidios para desarrollar sus industrias en las primeras etapas de su desarrollo”.

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