El ministro de Planificación, Julio De Vido, anunció ayer en la apertura del Foro de Telecomunicaciones 2011 que en los próximos días llamarán a licitación para ofrecer Internet por banda ancha en 5148 establecimientos educativos estatales. La inversión forma parte del Plan Argentina Conectada y será financiada con recursos del Fondo del Servicio Universal (FSU) al que aportan las telefónicas.

El decreto 764 de septiembre de 2000 que desreguló el mercado de telefonía fija contemplaba la creación del FSU para garantizar el acceso a los servicios de telecomunicaciones en zonas de difícil acceso, privilegiando inicialmente la telefonía básica y en una segunda instancia, no precisada, el acceso a Internet. La norma preveía que los titulares de licencias debían aportar el uno por ciento de sus ingresos a un fondo fiduciario, netos de los impuestos y tasas. La fecha tope para la puesta en marcha del programa era el 1° de enero de 2001, pero nunca se concretó.

En abril de 2008, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner dictó un nuevo decreto modificando el reglamento general del FSU. Allí se denomina al servicio universal como “el conjunto de servicios y programas, variables en el tiempo, definidos por el Estado nacional, destinados a la población en general con una determinada calidad y a precios accesibles, a los que deberá tener acceso con independencia de su localización geográfica y sus condiciones sociales”. También se fijó en ese texto un plazo de 180 días para la conformación del FSU y se creó un Comité Técnico, integrado por el Gobierno y las telefónicas, encargado de analizar la factibilidad técnica, económica y de financiamiento de los programas y de desarrollar los procedimientos de licitación.

En noviembre del año pasado, ya con el FSU constituido, la Secretaría de Comunicaciones creó el programa “Internet para establecimientos educativos”, destinado a bonificar el servicio de banda ancha con recursos provenientes del FSU. Las licitaciones correspondientes a ese programa son las que comenzarán en los próximos días. La obra se financiará con el flujo de fondos que genera el FSU en la actualidad y servirá para brindarle Internet a 596 escuelas primarias, 2724 escuelas medias, 404 escuelas especiales y 424 institutos de formación docente.

Además, el ministro informó que ya se licitaron cuatro de los nueve tramos que comprenden la Red Federal de Fibra Optica. El Estado construirá 12.000 kilómetros y prevé firmar contratos de intercambio de infraestructura con las telefónicas, una cesión de uso de derechos sobre los pelos de fibra que estas firmas ya montaron, lo que elevaría la red disponible a 25.000 kilómetros.

Representantes de las principales empresas telefónicas participaron ayer por la tarde de un panel en el Foro de Telecomunicaciones, donde se mostraron conformes con el Plan Argentina Conectada, siempre que sirva para complementar su tarea. Además, volvieron a reclamar que se concrete la licitación de las frecuencias para servicios de celulares, 127 megahertz del espectro radioeléctrico, y celebraron los avances en la implementación de la Televisión Digital Terrestre (TDT), que permitirá liberar una porción adicional de ese espectro, conocida como dividendo digital, cuando los canales analógicos dejen de transmitir.

Edmundo Poggio, director de Marco Regulatorio de Telecom, comentó que más del 90 por ciento de sus clientes están conectados a alguna central que tiene fibra óptica, pero luego aclaró que sólo la mitad de sus centrales tiene disponible esa tecnología (unas 500). Eso significa que hay otras 500 centrales, distribuidas en localidades con muy pocos habitantes, que carecen de fibra. “En la medida en que el plan oficial apunte a esas localidades para nosotros es fantástico”, destacó. Luego se refirió a la necesidad de obtener una mayor porción del espectro porque el servicio que más está creciendo es la banda ancha móvil. Alejandro Adamowicz, ejecutivo de Telefónica, se expresó de manera similar. “Estamos alineados con Argentina Conectada”, afirmó primero y luego formuló su pedido: “Necesitamos una mayor disponibilidad del espectro. A medida que se desarrolle la TDT vamos a poder desplegar tecnologías 4G”. Otro de los que resaltó la tarea que viene realizando el Estado fue Héctor Alonso, director de Global Crossing: “El Estado está trabajando en el desarrollo de infraestructura allí donde la inversión privada no alcanza. Creo que hay que trabajar en la amalgama entre sector público y privado. No hay manera de crecer en forma eficiente si no lo hacemos de forma conjunta”, sostuvo. Del panel también participó Juan Carlos Lascurain, presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos, quien reivindicó la tarea del Estado como garante de derechos y dinamizador del mercado privado.

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