Ayer se produjo un nuevo encontronazo entre el Gobierno y Papel Prensa cuando los representantes del Estado no pudieron participar en una reunión de directorio porque los accionistas privados (el Grupo Clarín y La Nación) alegaron que existía una resolución judicial que les impedía asistir a esos encuentros. Sin embargo, para la Comisión Nacional de Valores, conducida por Alejandro Vanoli, esa “prohibición” habría quedado sin efecto. El organismo estatal presentará hoy la impugnación de esa asamblea.

“La CNV tendrá que impugnar esa reunión porque es totalmente irregular que les sigan prohibiendo el ingreso a los directores del Estado y continúen tomando decisiones a espaldas del Estado”, indicó uno de los representantes del Estado. Este nuevo cruce se da en un momento donde está en discusión el rol que deben tener los representantes del Ejecutivo en las empresas donde haya inversiones estatales. En este sentido, la Anses tiene el 9 por ciento de participación accionaria en la empresa Clarín.

“Nos dejaron ingresar y luego nos pidieron que nos retiráramos. Hubo un debate y un intercambio de ideas donde nosotros manifestamos nuestra posición y le dimos toda la documentación que llevábamos de la Comisión Nacional de Valores. No les interesó absolutamente nada y siguieron en su postura de no dejarnos participar del encuentro”, agregó el representante oficial. Desde el año pasado la CNV viene denunciando una serie de irregularidades dentro de Papel Prensa, todas recurridas por la compañía. Muchas de las causas ya están en manos de la Corte Suprema de Justicia. Hace casi dos semanas, la Corte le solicitó al procurador general de la Nación, Esteban Righi, su opinión sobre una serie de recursos extraordinarios presentados por la papelera y apelados por la CNV. Esto haría suponer que los supremos magistrados podrían expedirse sobre las cuestiones de fondo en una serie de temas relacionados con la facultad de la CNV para decretar irregularidades en las asambleas y ejercer su rol fiscalizador.