@El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, declaró lesivo a los intereses del Estado el contrato que le permitió al empresario sojero Alfredo Olmedo explotar 230.000 hectáreas en esa provincia. El fiscal general del Estado deberá pedir ahora su rescisión. La cesión de tierras fue otorgada por el ex gobernador y actual senador nacional, Juan Carlos Romero, por la cual el empresario pudo hacerse de esas hectáreas en el departamento de Anta, cedidas con el beneficio de no tener que pagar ningún tipo de impuesto hasta 2021. Recién el año pasado, la Legislatura de la provincia sancionó una ley para obligar al empresario a pagar un canon del 10 por ciento de su producción. A pesar de que el proyecto presentado por la familia Olmedo incluía un riguroso plan de inversiones y cuidado ambiental, nada de eso se cumplió, según determinó la Auditoría General de la Provincia.

La denuncia del gobernador salteño llegó luego de una investigación realizada por la Auditoría, que fue publicada por este diario el pasado 14 de febrero, y la puesta en funcionamiento de una comisión especial de la Cámara de Diputados provincial. A través del decreto 2478, Urtubey dispuso que se declarara “lesivo a los intereses del Estado provincial el contrato de concesión de tierras de Salta Forestal celebrado con la empresa Ecodesarrollo SA y la resolución 249/06 del ex Ministerio de la Producción y el Empleo”, durante el mandato de Juan Carlos Romero.

Según consta en el informe de la Auditoría, Ecodesarrollo SA fue la empresa con la que Agropecuaria Olmedo ganó una licitación pública en 1998 para obtener 360.000 hectáreas de monte pertenecientes a Salta Forestal. El contrato terminó de suscribirse el 16 de mayo de 2000. Tres años después, uno de los socios de la compañía se abrió del proyecto original y se quedó con 120.000 hectáreas, gestionadas a través de la empresa Agropecuaria Cervera SA, que luego fueron transferidas al emporio inmobiliario IRSA. Y Olmedo se quedó con las 230.000 hectáreas.

Si bien el pliego de condiciones de la licitación prohibía el monocultivo, la familia Olmedo sólo se dedicó al cultivo de soja. De las 230.000 hectáreas, tiene cultivadas 20.000 con la oleaginosa. A pesar de que sólo está utilizando el 10 por ciento del predio, Olmedo fue autorizado a deforestarlo por completo. La última concesión que le hizo el actual senador Romero al Rey de la Soja fue la autorización para desmontar 12.000 hectáreas, cuatro días antes de dejar la gobernación, el 6 de diciembre de 2007.

“Una vez que se pida la rescisión de los contratos, la familia Olmedo deberá entregar las tierras. Esto será inminente”, afirmó a Página/12 el titular de la Cámara de Diputados de Salta, Santiago Godoy.

Recién el año pasado, el Poder Legislativo de la provincia logró sancionar una ley para obligar a los Olmedo a pagar un canon del 10 por ciento de su producción. “El año pasado cambiaron una ley para que todas las tierras fiscales paguen impuestos. En la provincia de Salta no hay seguridad jurídica”, respondió Alfredo Olmedo hijo, diputado nacional y acusado de tener trabajadores en condiciones infrahumanas en la provincia de La Rioja. Olmedo también fue candidato a la gobernación con el apoyo de Mauricio Macri.

Según el informe de la Auditoría, que llevó a que se declarara lesivo el contrato de concesión, la familia Olmedo no realizó inversiones para el control ambiental, a pesar de haber deforestado, tampoco invirtió en nueva forestación, ni en la infraestructura necesaria para instalar puestos para los trabajadores que habitaban esas 230.000 hectáreas. Según cálculos oficiales, los Olmedo ganaron en los últimos cinco años unos 24 millones de dólares, sin efectuar ningún aporte a la provincia por el uso de esas tierras.

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