La ley que regula los concursos preventivos y quiebras empresarias fue modificada ayer por el Senado, en favor de la participación de los trabajadores en el proceso, con la posibilidad de darle continuidad a la actividad en manos de los empleados. La Cámara alta convirtió en ley los cambios introducidos en Diputados, a pesar de que la senadora puntana Liliana Negre logró respaldo para girar a la Cámara baja, paralelamente, “una ley correctiva” a la aprobada ayer.

El proyecto fue respaldado por los 47 senadores presentes, sin votos en contra y con 26 legisladores ausentes. Habilita la participación activa de los trabajadores en un proceso de eventual quiebra buscando garantizar, hasta la última instancia, la posibilidad de la continuidad laboral de la empresa fallida. Facilita el pase a explotación a manos de los trabajadores constituidos en cooperativas, tomando como moneda de pago todos los créditos laborales al momento de la quiebra, incluida la indemnización, salarios caídos y otras remuneraciones y derechos no abonados.

Hasta ahora, sólo se podía llegar a la gestión obrera en un caso de quiebra si así lo definía un juez comercial, pero sólo como cesión precaria de derechos y hasta tanto se definiera el destino definitivo del inmueble y del resto del capital de trabajo. Para convertirlo en cesión definitiva, era necesaria una ley de expropiación o el consentimiento de su anterior dueño (el empresario quebrado). Este procedimiento sólo era alcanzable en casos excepcionales. En la mayoría de las demandas laborales colectivas por quiebra, la situación quedaba indefinida en la Justicia.

Para favorecer la continuidad de la explotación de las empresas en manos de sus trabajadores organizados en cooperativas, el proyecto les otorga la prioridad de adquisición de la empresa en quiebra con sus créditos laborales, los que serán calculados conforme la indemnización completa que se establece en el Régimen de Contrato de Trabajo. Por el proyecto votado se garantiza el acceso a la información de los trabajadores en todo el proceso, aun en el concurso preventivo.

El proyecto de ley correctiva fue propuesto por la senadora Liliana Negre de Alonso, titular de la Comisión de Legislación General. Este proyecto, aprobado por 50 votos afirmativos, “evita confundir la venta de una empresa en quiebra con la venta de una empresa en salvataje”, según destacó la puntana. Además, con este proyecto se propone que las cooperativas puedan tener trabajadores en relación de dependencia y no solamente “socios”, tal cual lo establece el funcionamiento de las cooperativas de trabajo.

Desde las organizaciones de trabajadores de empresas recuperadas, en cambio, reclamaron “un debate a fondo” sobre el punto, ya que consideran que “el proyecto de la diputada Negre crea dos categorías, trabajadores de primera y de segunda en las cooperativas, en vez de proponer una nueva ley de cooperativas de trabajo, que regule estas entidades para evitar el fraude laboral”.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, el kirchnerista Eric Calcagno, dijo que “estas modificaciones están a la vanguardia de la preservación del empleo. Cuando antes se pensaba que lo único que podía hacerse con las empresas quebradas era desguazarlas, acá hay una verdadera revolución cultural”.

“Es importante recuperar las empresas en crisis a través de la continuidad por parte de sus propios trabajadores”, indicó. “Según datos del programa de Trabajo Autogestionado, dependiente del Ministerio de Trabajo, los trabajadores involucrados en esta situación son aproximadamente 15.000, en un total de 280 empresas recuperadas”, señaló Calcagno. “La iniciativa propone impulsar la continuidad de las empresas en situaciones de crisis e impedir la destrucción de industrias en condiciones de ser recuperadas, para lo cual se les brinda esa posibilidad a los trabajadores, idóneos por su experiencia, conocimiento y capacidad”, destacó el senador por la provincia de Buenos Aires.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Trabajo, el radical Alfredo Martínez, dijo que con esta legislación “podríamos comenzar a dar respuesta a un grupo de jueces que muchas veces planteaban que no tenían las herramientas para contener a los trabajadores”.