Desde Washington

La crisis financiera de los países desarrollados y su potencial impacto sobre el resto del mundo se convirtió en el tema excluyente de la reunión anual del Fondo Monetario Internacional. Nadie se muestra seguro sobre lo que puede llegar a pasar, pero paradójicamente son pocas las diferencias que se observan cuando llega la hora de formular propuestas para salir adelante. La mayoría de las voces se muestran pendientes de satisfacer las expectativas de los mercados financieros con un paquete que incluye consolidación fiscal y reformas estructurales, en distintas dosis y presentaciones. En ese contexto, Argentina volvió ayer a dar la nota y tomó distancia. La encargada de hacerlo fue la titular del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, en un encuentro paralelo de autoridades económicas del G-20, donde esbozó los planteos que hoy expondrá en la reunión de ministros y presidentes de bancos centrales, donde también participará el ministro de Economía, Amado Boudou. Lo que reclamó Del Pont es que se impulsen políticas expansivas para fortalecer el crecimiento y reducir la desocupación. Pidió medidas contracíclicas que figuran en todos los manuales de economía, pero que en la cumbre del Fondo parecen una rareza. También pidió que se regulen los flujos de capitales y que no se presione a los países periféricos para que dejen de acumular reservas y enfríen su economía.

El FMI y el Banco Central Europeo, entidades encargadas de fijarles las pautas a las economías deprimidas del sur de Europa, proponen la consolidación fiscal para reducir el déficit de las cuentas públicas y reformas estructurales para compensar la caída del producto que causa la aplicación de esas recetas en esos países. Por eso exigen flexibilización laboral y desregulación de los mercados. El Banco Central argentino cuestiona esa lectura y advierte que el supuesto efecto positivo que generarían en el corto plazo las reformas estructurales ni siquiera está avalado por la experiencia empírica. “Es necesario poner en el centro de la agenda las políticas de ingreso como estrategia para relanzar el crecimiento de la demanda doméstica, en especial en los países avanzados”, señaló una fuente de la entidad a Página/12. De hecho, Marcó del Pont, quien también se reunió ayer con presidentes de bancos centrales de países de América latina, rechazó la idea de que las economías en vías de desarrollo están “recalentadas”, como dijo el Fondo. “En la Argentina el aumento del consumo está directamente vinculado con la recuperación del salario, el crecimiento del empleo y la redistribución del ingreso”, destacó, para dar cuenta de su sustentabilidad.

La intención oficial es que se evalúen estas políticas como alternativa a las reformas estructurales, pero es casi un planteo testimonial porque en la crisis de Europa sólo tallan las potencias. Los emergentes agrupados en los Brics quieren sumarse, pero en los organismos financieros internacionales también ellos tienen un rol secundario. Por eso piden que se avance con las reformas en el sistema de cuotas y gobernanza del FMI (ver página 4).

En el Fondo y el BCE consideran una herejía, por ejemplo, darle dinero a Grecia para incentivar la demanda y que salga adelante. Si bien no lo dicen de esa forma, están convencidos de que debe tronar el escarmiento sobre los países que gastaron por encima de sus posibilidades en lugar de restringirse y tratar de ahorrar para progresar. Es una política que en algunos momentos pareciera apuntar más al disciplinamiento que a la búsqueda de una salida de la crisis. La alternativa del default tampoco la avalan, ni siquiera de manera ordenada, pues en sus estructuras internas el poder financiero pesa incluso más que los Estados soberanos. Quieren ajuste para equilibrar las cuentas y lo máximo que están dispuestos a conceder los más estrategas es tiempo. Christine Lagarde lo expresó ayer con claridad. “No vivimos más en la época napoleónica donde un líder tomaba las decisiones. Vivimos en democracia y eso lleva tiempo”, sostuvo.

Otro punto en discusión dentro del G-20 se relaciona con dos aspectos clave del sistema monetario internacional: el control de capitales y el manejo de la liquidez global. En lo que refiere a los flujos de capitales, Argentina junto con la mayoría de los países emergentes defiende la necesidad de una regulación prudencial, no sólo por razones financieras, sino también por motivos macroeconómicos. “Los crecientes flujos de capitales, en especial los de corto plazo, generan excesiva volatilidad cambiaria y real y apreciaciones reales no justificadas. Además, dado el menor tamaño relativo de los sistemas financieros de las economías emergentes, los flujos de capitales pueden afectar la estabilidad de los mismos. La solidez de los sistemas financieros fue uno de los elementos positivos que permitieron a nuestros países atravesar la crisis con costos menores”, señalaron ayer desde la entidad que conduce Marcó del Pont. En este tema, al menos, los países centrales reconocen que la responsabilidad no es sólo de los emergentes, porque el flujo de esos capitales responde también, o fundamentalmente, a las políticas monetarias y financieras practicadas en las potencias.

En la discusión sobre la liquidez global, Marcó del Pont expresó que hasta que no exista un mecanismo global que garantice el acceso a la liquidez en forma segura para los países emergentes no debe insistirse en la idea de alcanzar una medida sobre “reservas adecuadas”. “Haber acumulado reservas y el desendeudamiento externo ha sido una política seguida por varios países emergentes que se demostró efectiva y que permitió sobrellevar mejor la crisis”, señalaron cerca de la funcionaria. Eso es porque, al igual que en la discusión sobre el control de capitales, aquí también hay una responsabilidad de los países centrales. De hecho, Estados Unidos tiene moneda de reserva y dispone de la liquidez a su antojo.