El Gobierno autorizará la semana próxima la exportación de 400 mil toneladas adicionales de trigo, que se sumarán a los ocho millones ya liberados en esta campaña. Según Oscar Solís, secretario de Agricultura, la nueva autorización es un anticipo de lo que podría llegar a liberarse si se confirman las estimaciones de la cartera agropecuaria respecto de las existencias de granos en manos de los productores. “Nosotros calculamos que todavía quedan cuatro millones de toneladas de la última campaña más el remanente de las anteriores; si reservamos 1,2 millón de ese volumen para el mercado interno y otras cuatrocientas mil de reservas por eventualidades, todo el resto se podría exportar, lo que representaría más de 500 millones de dólares extra de ingresos al país y un aporte importante además para el fisco, sin dejar de cumplir el compromiso que nos pidió la Presidenta de la Nación, que es preservar la matriz alimentaria”, señaló Solís a Página/12.

La decisión de otorgar nuevas licencias de exportación se tomó a diez días del encuentro de la presidenta Cristina Fernández con el titular de Coninagro, Carlos Garetto. En esa oportunidad, la mandataria se comprometió a permitir la venta al exterior de todo el trigo que fuera posible sin afectar el abastecimiento del mercado interno. Esas fueron las instrucciones que recibieron el ministro de Agricultura, Julián domínguez, y el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, los que definieron el miércoles último el mecanismo para liberar el remanente de la última campaña.

En una primera etapa, que se concretará a mediados de la semana próxima, se autorizará la exportación de 400 mil toneladas. En la práctica, se trata de grano en poder de los productores (cooperativas, principalmente) pero que ya fue vendido anticipadamente a las firmas exportadoras. Estas compras anticipadas habían sido promovidas por las propias autoridades nacionales para llevar algo de oxígeno a las cooperativas más alejadas de la zona núcleo, corazón de la pampa húmeda. La medida que se anunciará la semana próxima pondrá en manos de los exportadores, simplemente, la autorización para retirar el trigo de las cooperativas y embarcarlo.

En forma paralela al dictado de esta autorización, se abrirá un registro para que los productores y cooperativas declaren el trigo que todavía tienen de la última cosecha y el remanente de las anteriores. Según sospecha Agricultura, hay por lo menos cuatro millones de toneladas aún no declaradas. Si se verificase esa existencia, podrían habilitarse exportaciones por otras dos millones de toneladas. “Se necesitan 1,2 millón de la actual temporada para el mercado interno, reservaríamos 400 mil toneladas más por cualquier eventualidad y otras 400 mil se liberarán la semana que viene; por encima de esos dos millones de toneladas, todo lo que se declare puede ser destinado a exportación: es lo que nos instruyó la Presidenta”, describió Solís a este diario.

En Agricultura aseguran que la proyección de cuatro millones más de toneladas de trigo sin declarar no es aventurada. “En conversaciones con directivos de la Asociación de Cooperativas Agropecuarias (dependiente de Coninagro) nos han contado que ellos tienen aproximadamente un millón de toneladas disponibles; en Agricultores Federados Argentinos (vinculada a Federación Agraria) cuentan con otras 250 mil. Sabemos que en el sur de la provincia de Buenos Aires, en Entre Ríos y en otras regiones trigueras hay varios cientos de miles más”, estimó Solís. A medida que se vayan conociendo las existencias a través de lo que declaren los productores, se dispondrían nuevas liberaciones de exportación.

La tradicional disputa entre exportadores, molinos harineros y productores de trigo, tanto por volúmenes como por precios, le está dejando espacio, en estas circunstancias, a una administración ordenada del producto existente por parte de las autoridades. El acercamiento del Gobierno al movimiento cooperativo facilitó esta instancia y calmó los ánimos en las diferentes veredas. De todos modos, en el Ministerio de Agricultura siguen trabajado en la implementación de un nuevo esquema de comercialización para el trigo y el maíz que, básicamente, pondría en manos de los productores dos certificados de autorización de venta del producto, uno para el mercado interno y otro de libre disponibilidad. Se espera dar así más poder de negociación a los productores y cooperativas frente a los exportadores y molineros. Para la próxima campaña, el Gobierno confía en que el nuevo sistema esté operativo y, fundamentalmente, rinda los resultados esperados.