Los intendentes bonaerenses pasarán a tener una incidencia directa en la determinación de las zonas que quedarán excluidas de recibir los subsidios sobre las tarifas de servicios públicos (electricidad, gas y agua). “Estamos trabajando con cada uno de los intendentes también para que nos marquen y definan, aparte de la marcación que tenemos nosotros, cada una de las cuadras o barrios o zonas de mayor poder adquisitivo de cada municipio: vamos gradualmente y despacio”, señaló ayer el subsecretario de Coordinación de la cartera de Planificación, Roberto Baratta. Esta identificación de zonas de altos ingresos constituirá la etapa siguiente del plan de redefinición del alcance de los subsidios. La semana pasada ya quedó especificada una primera lista de actividades y barrios que dejarán de percibir el beneficio desde el 1º de enero y se dio a conocer otra, de zonas en la Ciudad Autónoma y en la zona norte del Gran Buenos Aires que serán las primeras en recibir el cuestionario por el que los usuarios deberán pedir la continuidad del subsidio.

La quita de subsidios será gradual y se evaluará de manera particular cada caso, según garantizó el funcionario del área de Planificación. “Vamos a ir gradualmente, es un sistema personalizado. Se trata de escuchar a la gente y de personalizar cada una de las consultas”, señaló Baratta, en referencia a los reclamos que pueda haber para que no quiten los subsidios. El titular de la Coordinación de la cartera que encabeza Julio De Vido reiteró, además, que al sector pasivo no se le quitará ningún beneficio y manifestó que los usuarios de servicios públicos que viven en villas y quienes perciben asignación familiar “van a mantener el subsidio”. En cuanto a las renuncias voluntarias, mencionó que hasta el momento se ha alcanzado “un número importante, de 16.200 usuarios”. Baratta afirmó que el trámite para sumarse a este listado a través de Internet es “rápido, ágil y dinámico”.

Por otra parte, el titular de Coordinación puntualizó que las autoridades nacionales tendrán un “criterio amplio” para recibir a los usuarios que estimen que sus “ingresos familiares resultan insuficientes” y reclamen seguir recibiendo el subsidio. Desde Planificación Federal, explicó, “no le damos un número” tope para estipular el nivel de ingresos requerido para renunciar al beneficio. Anticipó que el Gobierno prevé “abrir oficinas en el ministerio, distribuidoras y también en entes de control para que los usuarios puedan hacer consultas”.

“Hasta el viernes, la quita de subsidios fue realizada en una primera etapa a los usuarios que residen en Puerto Madero, Barrio Parque, Recoleta y countries o barrios privados, es decir unos 232 mil usuarios, y también con bancos, financieras, casinos, hipódromos, telefónicas y aeropuertos”, recordó el funcionario. Describió que “desde el 2001 los subsidios sirvieron para recuperar competitividad y hay que tener mucho cuidado en ver a qué industria se le pueden quitar: a las principales empresas en los rubros de agroquímicas, procesamiento de gas, biodiesel, aceite de exportación, minería y petróleo también se les quitó el subsidio desde el 1º de diciembre”.

Baratta aclaró que el gobierno nacional dispuso “directamente la quita del subsidio” a las zonas de mayor poder adquisitivo del área metropolitana y ratificó que “a partir del 1º de enero próximo, en zonas no homogéneas, se mandará la declaración jurada para que el ciudadano elija si quiere seguir siendo subsidiado o no”. Dicho formulario “les va a llegar en una primera tanda a algunos barrios de la Capital Federal, como Belgrano, Núñez y Recoleta, y también de la provincia de Buenos Aires, principalmente Barrio CASI, Horqueta II, y el corredor sobre la Avenida del Libertador, desde General Paz hasta Tigre”. Aclaró que “el resto de la gente (del área metropolitana) no va a recibir la declaración jurada: vamos a trabajar gradualmente y viendo cada zona”.

A propósito de la incidencia de la quita de subsidios sobre sectores industriales, el titular del Enargas ratificó que el Gobierno garantiza la producción y abastecimiento de gas licuado de petróleo en todo el país. Antonio Pronsato rechazó que “cualquier acomodamiento o diferencia de precios entre privados” pueda afectar el abastecimiento del mercado interno.