El Senado convirtió en ley el proyecto que declara de interés público la producción, comercialización y distribución de papel para diarios. El Frente para la Victoria, sumado a sus aliados habituales y algunos opositores, consiguió 41 votos positivos contra 26 sufragios negativos y una abstención. El Frente Amplio Progresista, la UCR, los peronistas disidentes y la Coalición Cívica fueron los bloques que votaron en contra del proyecto –ahora ley– que busca garantizar el acceso al papel y un precio igualitario para todos los diarios del país. Además, la nueva norma obligará a la compañía Papel Prensa, cuyos accionistas mayoritarios son Clarín y La Nación, con una participación minoritaria del Estado, a concretar un plan de inversiones cada tres años para satisfacer la demanda del mercado interno. En la misma sesión de ayer, la Cámara alta convirtió en ley el proyecto que busca regular la venta de tierras a manos extranjeras. De esta manera, el Congreso logró sancionar las 12 normas enviadas por el Ejecutivo durante el período de sesiones extraordinarias.

“Esta ley tiene un año y ocho meses. En su momento, la oposición hizo uso de su mayoría y no quiso habilitar el tratamiento. La norma forma parte de una política que la Presidenta (Cristina Fernández de Kirchner) ha iniciado para democratizar los medios audiovisuales, primero, y ahora el acceso al papel para todos los diarios del país”, sostuvo Miguel Angel Pichetto, titular del bloque del Frente para la Victoria.

El oficialismo contó con los votos de sus 33 integrantes, sumado un grupo de aliados permanentes y transitorios. Los que acompañaron fueron Horacio Lores (Movimiento Popular Neuquino), Osvaldo López y María Díaz (ambos del ARI Tierra del Fuego), Roxana Latorre (Alianza Santa Fe Federal, Santa Fe) y Carlos Menem (Alianza Frente Popular Riojano). También votaron a favor de la ley Samuel Cabanchik (Probafe, Ciudad de Buenos Aires), José Roldán (Alianza Frente para Todos, Corrientes) y María Higonet (Justicialista, La Pampa). El jefe político de esta última, Carlos Verna, no estuvo en la sesión. La abstención, en tanto, correspondió a Juan Agustín Pérez Alsina (Partido Renovador, Salta).

El rechazo opositor quedó lejos de los números que supo conseguir en sus mejores épocas el extinto Grupo A pero mostró unidos a varios de sus principales integrantes. El argumento central fue que la ley vulnera la libertad de expresión. “Si no hay libertad de decir, no hay sistema democrático. El Estado nacional, en lugar de ser garante, toma parte. Esta es la amenaza. Un Estado que confunde prensa con propaganda. Lo que mal se nombra, mal se obra”, manifestó Norma Morandini, del FAP. Su compañero de bancada, Jaime Linares, senador que integra el FAP y responde a Margarita Stolbizer (GEN), agregó: “Si el Gobierno considerara que el papel para diarios es un recurso estratégico, propondría la expropiación de Papel Prensa. Lejos de eso, lo único que le interesa es avanzar en su pelea contra Clarín y Nación”.

El proyecto que regula el mercado de papel para diarios que envió el Gobierno al Congreso incluyó en sus fundamentos el informe “Papel Prensa, La Verdad”, elaborado por la Secretaría de Comercio Interior, a cargo de Guillermo Moreno. Esa investigación –que fue incluida en la demanda penal que lleva adelante la Secretaría de Derechos Humanos– concluye que hubo una apropiación coercitiva de las acciones de la compañía por parte de los diarios citados (más La Razón) y el gobierno de facto, en 1976.

El debate en el Senado repitió los argumentos que se escucharon la semana anterior en la Cámara de Diputados. La mayoría de los legisladores opositores coincidieron en aceptar que los accionistas privados de Papel Prensa ocuparon una posición dominante en detrimento de los pequeños diarios de todo el país. “Es una compañía proveedora de papel monopólica, a la que hay que aplicarle la ley antimonopolio. Pero en este momento no hay ningún problema”, enfatizó el puntano Adolfo Rodríguez Saá. Más allá de esta apreciación, sostuvo que ahora “la situación está normalizada” y, por tal motivo, no es necesario legislar. Su compañera, Liliana Negre de Alonso, argumentó además sobre la “violación del artículo 32 de la Constitución nacional”.

“No veo que este instrumento vaya a restringir la libertad de prensa, no surge esa posibilidad del texto. Esta es una situación rara. El principal accionista de la compañía es el accionista mayoritario de Papel Prensa. En vez de hablar del artículo 32, por qué no hablamos del 42, que previene sobre los usos monopólicos. Si bien es esperable que una empresa defienda sus intereses, también es esperable que esos intereses sean tutelados por toda la comunidad y el Estado. Con este proyecto no se restringe la libertad de imprenta”, replicó Cabanchik.

“El año pasado, Clarín y La Nación realizaron su mayor compra de papel en el año antes de que Papel Prensa aumentara sus precios. Además, hay que decir que la papelera le compró a Clarín 11.000 toneladas de diario reciclado, a 900 dólares la tonelada. Es imperioso que se conozca esto, que viene ocurriendo desde hace muchos años. No importa quién fue representante del Estado, si no lo vieron antes. No seamos naïf. El poder real lo tuvieron siempre ellos, no nosotros. No me interesa ir contra la empresa, pero sí defender el derecho del Estado. Garantizaremos a todos los medios, ya sean de izquierda, derecha o centro, todo el papel que se les antoje”, fustigó Aníbal Fernández.

El ex jefe de Gabinete le dedicó un párrafo aparte a Alberto Fernández, también ex ministro coordinador, al insinuar que su actuación como representante del Estado dentro de Papel Prensa estuvo más ligado a la defensa de los intereses de los accionistas privados que a defender a todos los diarios que demandan papel. “Jugaba para el equipo contrario”, ironizó Aníbal Fernández.

“Entendemos que aun cuando podamos compartir algunos diagnósticos, el oficialismo tomó un camino equivocado en la resolución del problema. Esta ley avanza por sobre una actividad privada que pasará a ser una actividad pública, sometida al derecho público. ¿Cuál es la consecuencia jurídica? Una subordinación de los particulares a la administración pública”, cuestionó Ernesto Sanz (UCR).

El proyecto establece que si los accionistas privados no efectuaran el plan de inversiones para garantizar el pleno abastecimiento del mercado interno, el Estado podría invertir para solucionar esa situación. Los derechos políticos que surgieran de esa inversión serían ejercidos por el Consejo Federal, integrado por los distintos diarios del país (que no tengan vínculos societarios con Papel Prensa). Si el Estado invirtiera más que los privados, aumentaría su participación accionaria dentro de la papelera.

“Quiero ser sincero, no quiero ser hiriente. El radicalismo expresa una vieja idea de la libertad. Una idea próxima al pensamiento PRO, al pensamiento conservador. Una libertad que solamente la pueden ejercer los poderosos”, concluyó Pichetto.