La acción de YPF se derrumbó ayer un 15,5 por ciento en Wall Street y acumula una baja en esa plaza de 41,7 por ciento desde fin de enero, debido a la creciente presión que están ejerciendo sobre la compañía el gobierno nacional y las provincias para que incremente su producción. El factor desencadenante fue la decisión del gobierno de Chubut, que el sábado adelantó que le quitará a la petrolera el área Manantiales Behr (ver aparte), y los rumores sobre un posible anuncio presidencial decretando la intervención de la compañía, el cual una vez más no se concretó. Tal como detalló Página/12 el sábado, una de las alternativas que evalúa el Gobierno es comprar acciones de la compañía para tomar el control, pero la intención es esperar que la cotización siga bajando, mientras se redobla la presión, para tener que desembolsar lo menos posible. Esa estrategia hasta el momento viene dando resultados. La capitalización bursátil de la compañía se redujo en casi 7000 millones de dólares en poco más de dos meses. Para quedarse con el ciento por ciento de la firma, un inversor debería pagar hoy 9440 millones de dólares, menos del valor que figura en los balances.

La última vez que el precio de la acción se derrumbó fuerte fue el 29 de febrero, debido también a los rumores sobre un inminente anuncio presidencial. En esa ocasión, Cristina Fernández de Kirchner debía inaugurar las sesiones legislativas en el Congreso y muchos aseguraron que sería ese el lugar donde daría a conocer su intención de estatizar o intervenir la compañía. Finalmente, la Presidenta no tomó ninguna decisión, pero la disputa continuó abierta y cada vez que hay un discurso presidencial el tema YPF encabeza las apuestas sobre posibles anuncios.

Ayer no fue la excepción. Varios analistas aseguraron que Ushuaia era no sólo el lugar para homenajear a los caídos en Malvinas, sino también para referirse a la petrolera, pero la Presidenta ni siquiera hizo una referencia marginal al tema. Ahora los rumores indican que la fecha es el 12 de abril, cuando la mandataria se reunirá con los gobernadores de la Organización Federal de los Estados Productores (Ofephi).

Los rumores son cada vez más fuertes porque, como informó Página/12 el sábado, el Gobierno ya tomó la decisión de controlar la compañía. El problema es que todavía no decidió qué opción es la más conveniente para concretar su objetivo. Hay un abanico de posibilidades dominado por dos grandes líneas: la expropiación o la intervención con compra de una porción de las acciones. En ambos casos, previa aprobación del Congreso de una ley que declare de interés público la producción de petróleo y gas.

Ningún camino es sencillo, porque al costo económico que supondrá el desembarco hay que sumarle el dinero que hay que invertir en la firma para reactivar la alicaída producción al tiempo que se sigue destinando recursos para importar combustible. Además, la intervención de una empresa controlada por capitales españoles abre un frente de conflicto internacional.

Por ahora, lo único seguro es que el Gobierno sigue llevando adelante acciones, en coordinación con las provincias, para bajarle el precio a YPF. Los sucesivos anuncios de quitas de concesiones que vienen realizando las provincias forman parte de esa estrategia.

En la empresa siguen con atención los pasos del Gobierno y conocen las distintas alternativas que se están evaluando. YPF fue hasta hace poco una petrolera con muy buena relación con el Gobierno y con las provincias y siguen teniendo numerosos contactos que les permiten conocer lo que se discute puertas adentro del Ejecutivo. No obstante, cerca de la compañía afirman que por ahora no hay ninguna negociación abierta para tratar de encontrarle una salida al conflicto. En las últimas horas se especuló con que el titular de Repsol, Antonio Brufau, estaba por venir al país de nuevo para mantener reuniones con funcionarios argentinos, pero ayer todavía permanecía en España.