“Los gestos de hostilidad contra los intereses de las empresas españolas traen consecuencias”, advirtió ayer al mediodía el ministro de Industria, Energía y Turismo de España, José Manuel Soria López. Las declaraciones del funcionario llegaron después de que Santa Cruz confirmara la quita de tres nuevas áreas de explotación que representan el 12 por ciento de la producción total de YPF y en medio de versiones sobre la supuesta presentación de un proyecto de ley para declarar de “utilidad pública” la producción de petróleo que permitiría al Estado argentino adquirir una porción mayoritaria de la compañía. El argumento del funcionario fue el mismo que había utilizado un mes atrás: “El gobierno de España defiende los intereses de todas las empresas españolas que actúan dentro y fuera del país”. Pero esta vez Soria redobló la apuesta del gobierno de Mariano Rajoy y, aunque no se refirió directamente a la petrolera ni a la Argentina, amenazó con represalias.

El mensaje de Soria se puede ver en un video de 31 segundos difundido a los medios españoles por el gobierno de ese país, donde el ministro español mira solemne a cámara y dice casi sin gesticular: “El gobierno de España defiende los intereses de todas las empresas españolas que están actuando dentro y fuera de España. Y si en alguna parte del mundo hay gestos de hostilidad contra los intereses de empresas españolas, el gobierno los interpreta como hostilidad a España y su gobierno. Si hay esos gestos de hostilidad traen consigo consecuencias”.

Según informó la española Cadena Ser, “los servicios de comunicación de La Moncloa (casa de gobierno española) facilitaron a los medios estas declaraciones de Soria, quien se encuentra en Varsovia junto al presidente Rajoy, para participar en una cumbre hispano-polaca”.

Desde que los gobiernos provinciales comenzaron a quitarle concesiones a YPF, Soria, en nombre del gobierno de Rajoy, exhibió una posición pública más dura que la de la propia Repsol. Fue precisamente ese funcionario quien viajó a Buenos Aires para entrevistarse con los ministros de Economía y Planificación, Hernán Lorenzino y Julio De Vido, a fines de febrero, antes de la apertura de las sesiones del Congreso. En ese encuentro también participó el titular de Repsol, Antonio Brufau.

El mes pasado, después de que Chubut y Santa Cruz anunciaron la reversión de las primeras áreas de explotación, el responsable de la cartera de Industria, Energía y Turismo española aseguró que “los intereses de YPF son los de Repsol y los de España”. “Nosotros defendemos los intereses de cualquier empresa española que esté en el resto del mundo; el gobierno trata de tener las mejores relaciones bilaterales posibles con todos los gobiernos, también con el de Argentina”, señaló Soria en declaraciones a la prensa.

En ese momento, el encargado de responderle fue De Vido, quien recordó que “YPF no es del Estado español. Es una empresa argentina con accionistas españoles”. “No comparto en absoluto estos conceptos”, indicó De Vido y agregó que “los intereses de YPF no pueden estar disociados del desarrollo nacional porque es una empresa argentina con accionistas españoles”. Ayer el funcionario oriundo de las islas Canarias, donde gobierna el Partido Popular desde 1999, fue un paso más allá y, ante la inminencia de un hipotético anuncio que no fue, amenazó con consecuencias. “Los gestos de hostilidad contra los intereses de las empresas españolas traen consecuencias.”

Recientemente, el Consejo de Ministros español aprobó nueve permisos para que Repsol busque petróleo en el mar a pocos kilómetros de las costas de Lanzarote y Fuerteventura, dos islas que forman parte del archipiélago de Canarias. El presidente del gobierno de las islas, Paulino Rivero, quien hasta 2010 fue secundado por Soria y en 2011 debió hacer un acuerdo con el PSOE para preservar su cargo, aseguró que no permitirá a la petrolera avanzar en las exploraciones. Por su parte, desde el PSOE canario sostienen que el desembarco de Repsol en sus costas “es un negocio puro y duro del Partido Popular, del señor Soria”.