El Gobierno presentó ayer en la Organización Mundial de Comercio un reclamo ante Estados Unidos y Japón por las trabas que introducen esos países al ingreso de limones y carne vacuna producidos en Argentina. En el caso del cítrico, la representación de la Cancillería en Ginebra cuestionó que el país norteamericano lleve siete años dilatando la negociación para permitir el ingreso. También destaca que el organismo competente en materia sanitaria ya reconoció el status argentino en carnes, de forma que no se justificaría la traba al ingreso a los mercados tanto de Estados Unidos como de Japón.

El gobierno nacional es, a su vez, objeto de críticas por su política comercial. Frente a ello, plantea que existe un “doble estándar”, que asume como natural restricciones aplicadas por los países desarrollados y critica las que aplican los periféricos.

Argentina presentó de manera formal sus quejas en la reunión del Comité Sanitario y Fitosanitario de la OMC. Según consta en la orden del día oficial, en el punto dedicado a las “cuestiones nuevas” en relación con “preocupaciones comerciales específicas”, el Gobierno se quejó ante Japón por “restricciones relacionadas con la fiebre aftosa”. “Se reclamó la apertura del mercado de carnes y el reconocimiento del status sanitario de la Patagonia como zona libre de aftosa sin vacunación, cuyas negociaciones se iniciaron en 2005”, describió la Cancillería. A la vez, ese organismo reclamó en la OMC la “reapertura del mercado de los Estados Unidos al limón fresco del nordeste de la Argentina” y reiteró la queja por la “negativa de Estados Unidos a considerar que el sur de la Patagonia está libre de fiebre aftosa y a importar carne de bovino procedente de la zona situada al norte del paralelo 42”. “No existe justificación científica para la prolongada dilación de los Estados Unidos en reconocer el status sanitario de la Argentina, que es reconocido por la Organización Mundial de Sanidad Animal”, aclaró el Gobierno en un comunicado. Según esa lectura, se estarían utilizando normas sanitarias y fitosanitarias como trabas paraarancelarias.

El reclamo, si bien tiene carácter formal, constituye un paso anterior al pedido de conformación de un tribunal arbitral para analizar la situación en un panel de solución de diferencias. Argentina desde su incorporación en 1995 a la OMC participó en quince oportunidades como reclamante. La mayor cantidad de presentaciones se dirigieron a Chile, con 6, seguido por Estados Unidos (3) y la Unión Europea (3). Brasil, Perú y Hungría fueron interpelados una vez. El primer reclamo contra Estados Unidos fue en 1997, por trabas a la compra de maní argentino, trámite que, en términos formales, todavía está en fase de consultas. En 2002, Argentina presentó una queja por problemas para la exportación de tubos para la industria petrolera, que logró una sentencia favorable en 2007. En 2006 también se reclamó por trabas a la venta de tubos. Esa vez el reclamo estuvo enfocado en la operatoria de Acindar y todavía está bajo análisis.

Por otro lado, Argentina recibió el último 25 de mayo un pedido de solución de diferencias de parte de la Unión Europea. Se trata de un reclamo muy amplio donde se citan diversas normas dictadas por la AFIP, el Banco Central, el Ministerio de Economía y el de Industria, que dan cuenta de la férrea política de administración de comercio que aplica el Gobierno. “Alguien podrá decir que estamos administrando el comercio. Si lo hacen Estados Unidos y México son rubios de ojos celestes, pero si lo hacemos nosotros somos sucios, feos y desprolijos”, señaló en una de sus últimas apariciones públicas la secretaria de Comercio Exterior, Beatriz Paglieri. En esa lógica se inscribe la queja presentada ayer por el Gobierno.

Según datos de Cancillería, el esquema comercial europeo implica que la manteca tenga aranceles del 151 por ciento, 126 por ciento en carne bovina, 117 para el ajo y del 96 por ciento para el queso, cuando los países del Mercosur tienen un máximo de 35 por ciento. “Las restricciones injustificadas de Estados Unidos y de Japón se suman a las prácticas proteccionistas tradicionales –como los subsidios agrícolas– que perpetúan un sistema de comercio multilateral desequilibrado y que constituyen una prueba más del doble estándar existente entre países desarrollados y en desarrollo en materia de comercio internacional”, indicaron desde el Palacio San Martín.