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Los hechos y personajes son conocidos, pero bien vale recordarlos en las actuales circunstancias. El buque escuela Fragata Libertad quedó retenido, hace ya casi dos semanas, en las costas de Ghana, por una resolución judicial que benefició las pretensiones de un fondo especulativo que se presenta ante los tribunales del mundo como acreedor de la Argentina. Dicho fondo, NML Capital, ostenta la propiedad de bonos de la deuda argentina anteriores a diciembre de 2001, fecha en la que el país declaró la cesación de pagos. Bonos que son anteriores a esa fecha, en cuanto a su emisión, pero no hay certeza de la que hayan sido adquiridos por NML Capital antes de esa fecha. Y si lo hizo antes, no fue con mucha antelación, ya que estos fondos compran bonos de países “soberanos” cuando ya es evidente la bancarrota del deudor y, por tanto, su valor es irrisorio por la elevada probabilidad de incobrabilidad. Es decir, los compra al valor de “bonos basura”, al 10 o al 5 por ciento de su valor, o menos, para después litigar en los estrados y obtener una tajada mucho mayor. En eso consiste su juego, por eso se los denomina “fondos buitre”, por alimentarse de la miseria y los despojos de un país destruido. Pero hay más. No termina allí la descripción del costado inmoral de la cosa.

El titular del fondo buitre NML Capital es Paul Singer, un activo operador financiero de Wall Street que es, además, administrador del fondo de inversión Elliot Management, con operaciones mucho más visibles (y mostrables) que las del anterior. Los activos de Elliot se estimaban, a principios de año, en torno de los 12 mil millones de dólares, distribuidos en participaciones accionarias en grandes empresas cotizantes en Bolsa y en derivados financieros (papeles representativos) sobre otras acciones o materias primas. Este manejo financiero de dos caras le ha permitido a Singer en los últimos años ganarse la confianza de los más importantes hombres de negocios de Nueva York, y a través de ellos pedir favores en beneficio del segundo fondo, el identificado con las aves carroñeras. No hay que olvidar que el negocio de este segundo fondo, el “oculto”, consiste en la compra de títulos a “precio basura”, para lograr más adelante una condena judicial contra el país deudor para que “pague” un precio que multiplique la “inversión de altísimo riesgo” hecha al ser comprados. Y estas condenas no vienen solas: hay que “ayudarlas”.

Por ese camino, Paul Singer se ha convertido en la actualidad en uno de los asesores principales del candidato republicano Mitt Romney, quien apuesta a que el bonista buitre le atraiga buenos votos de Wall Street. Pero no sólo eso, sino también buenos recursos monetarios para la campaña. De eso sabe bastante Singer, que ha reunido importantes sumas de millonarios y empresarios a los que les interesa que Romney sepa que ellos están interesados en que sea presidente de los Estados Unidos. Y, sobre todo, no se olvide de ellos si llega a serlo.

La generosidad de Singer con los políticos republicanos tampoco es nueva. Sostuvo y sostiene financieramente al senador Marco Rubio, electo por Florida. De origen cubano, ha sabido retribuir a Singer promoviendo, por ejemplo, el bloqueo de préstamos del BID y el Banco Mundial a la Argentina, el año pasado, como represalia por no “cumplir” con sus acreedores norteamericanos, ya sean bonistas o ex accionistas de empresas concesionarias de privatizaciones en los ’90, que recurrieron al Ciadi reclamando indemnizaciones. Rubio no lo logró, pero hizo todo lo que pudo y promete seguir haciéndolo. Por ejemplo, descalificando públicamente a gobiernos como los de la Argentina, Venezuela, Ecuador o Bolivia, señalando que “muestran que líderes electos democráticamente pueden usar su poder para abusar de sus pueblos y atacar sus libertades fundamentales”.

Rubio no es el único nexo de Singer en el Congreso. Para trabajar sobre el conjunto de legisladores y convencerlos de operar contra la Argentina, creó un grupo de lobby denominado American Task Force Argentina, poniendo al frente de la misma a Robert Shapiro. Detrás de ATFA se alinearon otros fondos en litigio con la Argentina, como EM Limited, de Kenneth Dark, que financian la millonaria campaña que orquesta Shapiro para socavar la imagen de la Argentina y alentar sanciones en su contra. La insignia de ATFA incluso se dejó ver en Nueva York, frente al hotel que alojaba a la Presidenta y a las puertas de la Universidad de Harvard, cuando concurrió la mandataria argentina, compartiendo espacio con manifestantes cacerola en mano y estudiantes “independientes” que pedían por el fin de la corrupción. Nadie hizo denuncia, ni siquiera se molestó, por la troupe de extorsionadores financieros que se había sumado a la comparsa.

La existencia de estos fondos buitre detrás de la deuda argentina recién se hizo visible cuando el gobierno convocó al canje de los títulos en default, en 2005. No sólo porque a partir de allí iniciaron su acción de desprestigio hacia la Argentina, sino porque fueron quedando en minoría, después del primer canje, y casi aislados con el segundo (2010). Argentina obtuvo la adhesión de los tenedores del 92 por ciento de la deuda en default. Del resto, el monto principal (3600 millones de dólares) fue llevado a las Cortes estadounidenses. De ese monto, el 85 por ciento (algo más de tres mil millones) corresponde a fondos buitre (radicados en paraísos fiscales, para eludir impuestos en su país) y particulares sin residencia en Estados Unidos. Sólo el 8,3 por ciento es de residentes norteamericanos.

El repaso sirve para poner en claro cuál es la batalla que libra la histórica Fragata Libertad hoy en el occidente africano. Estos fondos especulativos hubieran hecho, con seguridad, una buena diferencia entrando al canje y aceptando un valor que se ubicó entre el 40 y el 60 por ciento del precio original de los bonos, según cómo se los mida (capitalizando intereses, llevándolo a valor presente a partir de cierta fecha u otra, etcétera). Porque no hay ninguna duda de que pagaron por esos bonos, entre 2001 y 2003, una proporción muy inferior de su valor (si lo compraron al 5 por ciento, hubieran multiplicado por diez su capital). Pero la plata no lo es todo, dice la gente de principios.

La Argentina llega a la oferta de canje por una decisión soberana y después de haber superado la emergencia de la bancarrota, ofreciendo nuevos bonos de los que ya lleva siete años de cumplimiento estricto de pago. Además desafió a todo el sistema financiero internacional, descalificando al FMI y sus créditos condicionados, acusando a los especuladores por la crisis que después se agravaría y renunciando voluntariamente a los mercados de capitales mundiales. Esto es lo que los fondos buitre, como poleas de transmisión del pensamiento de lo más retrógrado de la clase dominante en los centros financieros, no perdonan. Ya no les alcanza con cobrar: ahora necesitan poner a la Argentina de rodillas para cumplir su “misión”.

La batalla simbólica de la Fragata Libertad tiene como adversarios al Partido Republicano y lo que él representa, al capital financiero que lucró con la convertibilidad en los ’90, succionó lo que quedaba antes de la crisis de 2001 y ahora se prepara para hacer lo mismo en Grecia. Derrotar a la Argentina es hoy, para ese sector, derribar la última trinchera de defensa de Atenas. En ese frente de batalla también se alinean quienes fueron a buscar la victoria de Henrique Capriles en Venezuela como impulso unificador de un frente conservador para derrotar al modelo transformador en marcha, desde una perspectiva conservadora.

Es indudable que, para preservarse, este modelo económico debe seguir peleando en varios frentes simultáneamente. La herencia que dejó el neoliberalismo no es sencilla de erradicar, y no sólo por quienes se quedaron con títulos de deuda en la mano y siguen reclamando. Si hay tribunales internacionales que aún encuentran resquicios para dictar fallos en contra de la Argentina y a favor de los mal llamados inversores extranjeros es porque además esos bonos se emitieron bajo una legislación amañada por un criterio de “privatización de la Justicia” y cesión de soberanía, funcional al modelo de privatización de los bienes públicos que se ejecutó en los ’90. La renuncia a la inmunidad jurisdiccional, la aplicación del derecho privado aun en contratos en los que el Estado es parte, el sometimiento del interés público al imperio de la propiedad privada, son normas originadas en una corriente de pensamiento en el derecho internacional que ha venido actuando como soporte legal del neoliberalismo. Hoy que se discute la reforma a los códigos Civil y Comercial, y su unificación, no debería dejar de echarse una mirada sobre el incidente de la Fragata Libertad y advertir sus raíces más profundas. La reforma de las normas vinculadas con el régimen económico también es parte de la pelea.