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Desde el fallo del juez Thomas Griesa a favor de los fondos buitre y su posterior suspensión por parte de la Corte de Apelación del distrito de Nueva York, la posición argentina reunió un amplio universo de respaldos, expresados en el ámbito judicial como en el terreno de la política internacional.

- El Bank of New York Mellon, agente de pago de la deuda, reclamó ser escuchado en el tribunal para expresar el apoyo a la Argentina para preservar intacto su rol como intermediario en el giro de las divisas a los acreedores en cada vencimiento de deuda.

- El grupo de grandes acreedores europeos denominados Euro Bondholders que poseen unos 1200 millones de dólares de bonos argentinos pidió lo mismo.

- Los Estados Unidos a través del Departamento de Estado y del Tesoro solicitaron la posibilidad de presentar un informe amicus curiae (“amigo del tribunal)” avalando la postura de la Argentina de requerir una nueva audiencia con todos los jueces de la Corte de Apelaciones.

- También acompañaron el Grupo de Tenedores de Bonos (Exchange Bonholder Group, en inglés), liderado por el Gramercy Funds Managements, uno de los principales actores del canje 2010;

- el fondo estadounidense Fintech, uno de los inversores más activos en la segunda ronda del canje; y

- la Compañía Depositaria Fiduciaria y las casas de clearing Clearstream Banking, Euroclear Bank y el Sistema Euroclear.

- En la Declaración de la VI Reunión de Presidentes de la Unasur, en Lima, Perú se exigió límites al accionar de los fondos buitre que apuntan a impedir que se llegue a acuerdos voluntarios entre deudores y acreedores.

- El Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (Cadtm) apoyó la decisión soberana de Argentina de no pagar el reclamo de los buitres.

- La Reserva Federal advirtió de “severas consecuencias” operacionales sobre el mecanismo de pagos de Nueva York que podría generar la aplicación de la decisión de Griesa.

- El relator especial de las Naciones Unidas sobre Deuda Externa y Derechos Humanos, Cephas Lumina, pidió no permitir a los fondos buitre comprar bonos de deuda soberana en problemas, ya que esas operaciones pueden paralizar el alivio de la deuda. Y rechazó el embargo de la Fragata Libertad.

Tan contundentes y variados apoyos a la Argentina no son, en muchos de ellos, por simpatía al rumbo económico del país de-safiante del sendero de la ortodoxia en materia comercial y financiera, sino por prevención del accionar de los fondos buitres. A la vez, esos múltiples respaldos permitieron exhibir, como pocas veces, la vocación de sumisión a los poderosos, cualesquiera sean, de grupos locales, con apoyo entusiasta de economistas de la city y analistas conservadores.

El interés del mundo financiero y de Estados Unidos en respaldar la posición argentina se encuentra en garantizar futuras reestructuraciones de deuda soberana, en especial la de Grecia y las probables de otros países periféricos europeos. Si avanzara en el terreno judicial la posición de los buitres, esas operaciones ingresarían en un terreno peligroso con elevadas probabilidades de no poder concretarse. Además, la plaza financiera de Nueva York quedaría herida en su reputación si el fallo de un juez de primera instancia se convalidará, puesto que violentaría la seguridad jurídica de acreedores para cobrar en tiempo y forma en ese mercado.

La evaluación que hicieron es sencilla en relación con la deuda en problemas de países europeos: por qué los acreedores aceptarían una quita del capital, reducción de la tasa de interés y extensión de plazos si un grupo reducido, influyente y poderoso de tenedores de esa deuda (fondos buitre) pueden llegar a recibir el ciento por ciento judicializando el trámite de cobro. La posibilidad de un derrumbe de la opción de reestructurar deuda soberana puso en alerta al sistema financiero internacional. El caso argentino está sirviendo entonces como herramienta para restringir el movimiento de los buitres, objetivo que fue esquivo para las potencias.

Francia fue uno de los primeros países que intentaron legislar contra esos fondos. En agosto de 2007, un proyecto de ley planteaba lutter contre l’action des fonds financiers dits “fonds vautours” brindando protección judicial al Estado. La ley no pudo ser debatida en el Parlamento francés por presión del sector financiero. En tanto, en Estados Unidos, en junio de 2009, también hubo una propuesta al Congreso bajo el título “Stop vulture funds bill”, que limitaba la operatoria de los buitres. El proyecto calificaba como delito el sovereign debt profiteering (especular de mala fe con deuda soberana), lo que hubiera inhibido a los fondos buitres de utilizar el sistema legal estadounidense para sus demandas. El lobby y aportes financieros de fondos buitres a las campañas demócrata y republicana clausuraron el debate del proyecto en el Congreso.

La apuesta de los buitres sobre la Argentina ha sido una de las más importantes luego de la realizada en Rusia durante las privatizaciones de los ’90. El fondo buitre de Kenneth Dart adquirió porcentajes de empresas petroleras, de telefonía y electricidad rusas especulando con elevadas ganancias en los previstos procesos de reestructuraciones y fusiones. No les fue tan sencillo a Dart en los litigios y disputas por el control de las compañías iniciados a partir de esas inversiones porque en Rusia no regían las leyes contractuales anglosajonas, sino los de la mafia rusa que envió mensajes contundentes para que el millonario estadounidense radicado en el paraíso fiscal de las islas Cayman disminuyera sus ambiciones, aunque igual pudo contabilizar suculentas utilidades.

Los buitres son hedge fund (muy especulativos), que además de posar sus garras en una gran presa (Argentina) han estado atacando países pobres de Africa. Las víctimas de sus estrategias judiciales fueron la República Democrática del Congo, el Congo Braseville, Liberia, Zambia. Compraron deuda pública de esos países a precio ganga esperando que organismos internacionales de ayuda para combatir la pobreza o potencias económicas cancelaran la deuda o concedieran financiamiento para el desarrollo para exigir el cobro de esos bonos ante la Justicia. Así, dinero destinado a países muy pobres terminaron en las cuentas de fondos buitre. Uno de esos casos data de septiembre de 2004, cuando el buitre FG Hemisphere Fund demandó a la República Democrática de Congo por 105 millones de dólares de un préstamo original de 30 millones de dólares contraído en 1980, cuando gobernaba el dictador Mobutu Sese Seko. Un tribunal de Sudáfrica sentenció en 2008 que FG Hemisphere podía cobrar de los pagos que Sudáfrica realizaba por la compra de electricidad a la República Democrática de Congo.

En esta misma columna del 2 de diciembre pasado se informó que, según la ONG Jubilee Debt Campaing, al menos 54 fondos buitres, la mayoría radicados en paraísos fiscales, han iniciado procesos legales en los últimos años contra doce de los países más pobres del mundo, por un monto total de 1500 millones de dólares. El Banco Africano de Desarrollo ofrece asistencia jurídica a esos países para defenderse del ataque de los buitres.

Aunque a grupos conservadores locales les parezca irreverente, los países atacados por los buitres tratan de defender su soberanía y sus finanzas. La prueba que el camino no es la subordinación a los bribones del poder financiero quedó demostrado con la Fragata Libertad. Por orden del Tribunal del Mar, con sede en Hamburgo, regresará a la Argentina después de estar retenida en forma ilegal en el puerto de Ghana durante tres meses. Al igual que en 28 intentos anteriores de embargos sobre activos argentinos, los buitres, de afuera y de adentro, perdieron una vez más.

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