El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) realizó ayer una nueva presentación en la Cámara de Diputados para reclamar que se avance con un proyecto de ley que propone declarar la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras rurales. El texto fue elaborado por el conjunto de las organizaciones campesinas y presentado el año pasado por el diputado Edgardo Depetri, pero cobró un nuevo impulso político tras el asesinato en octubre pasado de Miguel Galván, campesino de Santiago del Estero. Ayer fueron recibidos por la diputada Diana Conti y colaboradores del diputado Remo Carlotto, y Depetri, todos del Frente para la Victoria. También hubo un encuentro con Liliana Parada, del FAP. En paralelo, otra delegación del MNCI mantuvo una reunión con el subsecretario de Agricultura Familiar, Emilio Pérsico, donde expresaron su preocupación en relación con un posible cambio en la ley de semillas.

La iniciativa de los campesinos propone suspender por cinco años los desalojos en todo el país. En ese tiempo, el Estado nacional debería realizar un relevamiento de tierras para conocer la situación jurídica de todos los campos del país, como así también la cantidad de familias afectadas. Como experiencia previa, el Gobierno ya realizó un relevamiento sobre la titularidad de las tierras en manos extranjeras. En realidad, el proyecto podría servir como una herramienta legal para que las distintas jurisdicciones puedan administrar los conflictos que tienen.

“Se propicia esta ley de emergencia como remedio a los innumerables conflictos por la tenencia de las tierras rurales, que son causa de una vulneración sistemática de los derechos humanos de estas familias campesinas en tanto son desalojadas y desapropiadas de sus pertenencias”, puede leerse en los fundamentos del proyecto. Más allá de la insistencia de la distintas organizaciones, la iniciativa quedará para el próximo año, ya que el período de sesiones ordinarias finalizó el 30 de noviembre.

En Salta existe una experiencia similar a lo que plantea este proyecto de ley. En diciembre de 2010, la Cámara de Senadores de esa provincia convirtió por unanimidad una ley que obliga al Estado provincial a frenar los desalojos de familias rurales y pequeños productores agropecuarios por 18 meses. La iniciativa pretende regularizar la situación dominial de aproximadamente ocho mil familias salteñas que enfrentan juicios por desalojo, a pesar de tener el derecho de posesión por habitar y trabajar las tierras por varias generaciones.

En relación con la ley de semillas, el MNCI, junto al Foro de Agricultura Familiar (Fonaf), el Frente Darío Santillán y la Mesa de Agricultores Familiares de la provincia de Buenos Aires le presentaron a Pérsico un documento con diez puntos. “Hacemos un llamado a rechazar cualquier proyecto que atente contra el conjunto de los habitantes de nuestro país. La agricultura tiene un carácter eminentemente social, puesto que tiene la función de sustentar y alimentar a toda la población. Poner en riesgo la seguridad y la soberanía alimentaria de Argentina a través de la concesión de nuevos privilegios para las empresas transnacionales que están en el negocio agrícola es avanzar por el camino de la pérdida de soberanía para nuestro pueblo”, sostiene el documento.

Si bien todavía no se conoció el proyecto oficial para las semillas en el que está trabajando el Ministerio de Agricultura, el FAP y la UCR, de la mano de sus legisladores vinculados con la Federación Agraria, también presentaron sus iniciativas parlamentarias.